Ignorada por los gobiernos, la corrupción sigue pesando en la región

Latinoamérica parece haber relegado a un segundo plano las medidas para combatir la corrupción, pues los gobiernos se están enfocando en otros asuntos y los electorados están más preocupados por la seguridad o la economía. 

Brasil y México han develado grandes casos de corrupción en los últimos años, pero pareciera haber una voluntad política limitada para abordar este problema, según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023, copublicado por Control Risks y la organización internacional Americas Society/Council of the Americas.

El Índice CCC clasificó a 15 países latinoamericanos en función de su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. Brasil se mantiene por encima del promedio regional, mientras que la puntuación de México cayó por cuarto año consecutivo.  

Para ahondar en el tema, BNamericas conversó con Marina Pera, analista de Control Risks en México, y Valeria Vásquez, analista sénior para Centroamérica.

BNamericas: ¿Cómo calificarían al momento la situación de la corrupción? ¿Cuáles son los sectores más afectados? 

Pera: Lo que vemos en el Índice CCC, desde que lo publicamos en 2019, es que la lucha contra la corrupción en Latinoamérica está estancada porque perdió fuerza en los gobiernos. 

Hay otros tópicos que en los últimos años han estado en el centro del debate público: la pandemia del COVID-19; la recuperación económica; discusiones sobre reformas estructurales en muchos países, como la reforma tributaria en Brasil; y una serie de reformas en Colombia. 

Todo eso hizo que la corrupción y las medidas anticorrupción perdieran el impulso y la disposición de los gobiernos en avanzar en esta agenda, que entre 2014 y 2019 era muy debatida en casi todos los países en Latinoamérica, y era uno de los principales problemas para los electores al momento de pensar en quién votar.

Lo que ahora vemos en la performance de los países de Latinoamérica es que si bien, en términos generales, no hay retrocesos significativos, salvo en algunos países, tampoco hay logros.

De manera general, incluso en países que siempre han sido top performers, como Uruguay, Costa Rica y Chile, ya no vemos tantos desarrollos positivos en la lucha contra la corrupción.

BNamericas: ¿Es decir, no ha bajado la corrupción en la región?  

Pera: Exactamente. La corrupción persiste, es un problema real, pero los gobiernos ya no están enfocados en combatirla. 

Lo que mide el Índice CCC es la capacidad de combatir la corrupción, de avanzar con la agenda anticorrupción y aprobar medidas que puedan contribuir en esta lucha. 

No se puede decir que la corrupción se acabó. En muchos países de Latinoamérica vemos que la corrupción persiste y de diferentes maneras, sea con la interferencia del gobierno o por los pocos recursos de los que disponen las agencias anticorrupción.

BNamericas: ¿Cuáles son los países más afectados por la corrupción? 

Vásquez: Bolivia, Venezuela y Guatemala están en las últimas posiciones del ranking y se han mantenido en ellas casi desde que empezamos a publicar el Índice CCC.

Hemos visto cómo, pese a que se mantienen en la misma posición, su puntaje se ha deteriorado, y entre los factores que han influido están los casos de alto perfil que involucran tanto a funcionarios de alto nivel como a otras autoridades.

También tenemos casos como el de México, en donde hemos visto un deterioro sostenido en los últimos tres o cuatro años.

Pera: En Brasil, 2014 fue el momento en que más se hablaba de corrupción. Vimos investigaciones de alto perfil como la operación Lava Jato para luchar, descubrir y desmantelar una red de corrupción.

Jair Bolsonaro ganó la elección con una plataforma anticorrupción, una de sus principales banderas, pero luego empezó a perder fuerza cuando empezó a interferir directamente en la Policía Federal para proteger a sus hijos y a sus aliados más cercanos de investigaciones de corrupción.

Hoy lo que vemos es la corrupción en una posición de poca visibilidad e, incluso, de poca prioridad entre los electores. Hay encuestas de opinión recientes que ponen la corrupción en el quinto lugar entre las principales preocupaciones de los electores, mientras que la economía, la seguridad y la violencia ocupan posiciones de más importancia para los brasileños.

Algo que en Brasil es un problema que se debe mencionar es la relación pork barrel: negociaciones entre los legisladores con los recursos públicos, mecanismos opacos, con poca transparencia, pocas reglas, incluso para el uso y distribución de recursos públicos federales a los legisladores.

Hemos visto en los últimos años una relación de apoyo político al gobierno de parte de legisladores a cambio de recursos federales.

BNamericas: ¿Qué sectores son más susceptibles de corrupción entre los países analizados?

Pera: En casi todos los países, se ve más corrupción en el sector de construcción. 

En la etapa de licitaciones es donde hay más hay corrupción y en muchos países también en aduanas, pues para liberar mercancía hay muchas coimas.  

Vásquez: En los últimos años, hemos visto la presencia de sobornos en los proyectos de infraestructura, pero también en las contrataciones públicas se ha visto la falta de procesos que consideren a todas las empresas, sin favoritismos. 

Sobre todo en países como Guatemala y México, hemos visto casos de construcción de carreteras o proyectos de infraestructura muy grandes en los que pesa el favoritismo antes que un proceso justo. 

BNamericas: ¿Por qué la población no está fiscalizando los casos de corrupción? 

Vásquez: Creo que mucho tiene que ver con el cansancio popular que estamos viendo, en términos generales, a lo largo de Latinoamérica en los últimos cuatro o cinco años, y porque la población está enfocada en otros temas.

Por ejemplo, en el caso de Guatemala, el combate a la corrupción estuvo como prioridad número uno  en 2015, tanto para el gobierno como para instituciones anticorrupción independientes y para la población, y fue uno de los casos de éxito, pero, a lo largo del tiempo, esto se fue perdiendo en el camino.

El tema relativo a la corrupción es un proceso en que hemos visto sociedades que se cansan, pero que posteriormente piden más labor por parte del gobierno para combatir la corrupción. 

En estos temas de corrupción, las reacciones son como olas; el hartazgo puede expresarse en protestas demandando cambios, pero también puede ser una desmovilización. 

BNamericas: ¿Qué países están en esta especie de desmovilización? 

Pera: Brasil es un ejemplo. México es otro ejemplo, pues si bien el gobierno habla de muchas iniciativas con el justificativo de luchar contra la corrupción, al final no es algo que la población esté demandando. 

En Chile no se habla tanto de corrupción; en Argentina la corrupción fue un tópico importante en la campaña presidencial del año pasado, pero, ahora que Javier Milei está en el poder, no vemos que avance la agenda anticorrupción. La población tampoco está hablando tanto sobre corrupción en las redes sociales, pues está más preocupada por la economía. 

BNamericas: ¿Cuánto puede influir una crisis económica para que la población no priorice el combate a la corrupción?

Pera: Hay una relación directa, pues existe una preocupación por los costos de vida, la inflación, el endeudamiento, la seguridad, etc., que son preocupaciones del día a día, pero cuando hay un escándalo de corrupción en un momento de crisis económica también se puede generar más descontento social.

Existe el riesgo de que escándalos de alto perfil que involucren a gobiernos y que se hagan públicos demuestren el hartazgo y el descontento de la población con protestas.

BNamericas: ¿Existe el riesgo de que se repitan estallidos sociales en algún país como en el pasado?

Vásquez: Perú puede ser un caso. Hemos visto cómo en los últimos años el hartazgo hacia la clase política ha llevado a estallidos sociales.

Dependiendo de las acciones del gobierno y de la voluntad política, ya sea para combatir las principales preocupaciones (corrupción, inseguridad, economía, etc.), se podría en algún punto desatar cierto descontento mayor que podría llevar a algún tipo de estallido como hemos visto en los últimos años. 

En la región ha habido una ola de gobiernos o de presidentes que llegan al poder prometiendo mucho en cuanto a las principales preocupaciones, incluido el tema de la corrupción, pero la falta de cumplimiento de esas promesas pueden desatar estallidos sociales.

BNamericas: ¿Cómo la corrupción afecta a las inversiones, sobre todo en sectores claves?

Pera: Los inversores y las empresas, antes de empezar sus operaciones, generalmente buscan saber cuál es el tipo de corrupción más común o que puede impactarles.

Con esa información, los inversores pueden pensar en políticas y estrategias de prevención y de mitigación de riesgos y marcar bien el tono de las negociaciones para protegerse de corrupción o de futuros intentos de corrupción. 

El comportamiento de las inversiones depende mucho del fin de la empresa. Hay empresas que tienen más apetito por el riesgo y otras que tienen menos, depende de la situación que enfrente.

En México, por ejemplo, es muy fuerte el tema de seguridad; en Brasil, el tema regulatorio, de impuestos.

BNamericas: ¿Cuáles son los principales riesgos relacionados con la corrupción que enfrentan los inversionistas en la región? 

Pera: En licitaciones hay un riesgo de corrupción para empresas; en aduanas, también. Siempre hay este riesgo con las empresas que trabajan con importación, exportación o logística. 

Vásquez: En México y Centroamérica, ciertas autoridades públicas de bajo nivel administrativo suelen pedir coimas para acelerar procesos o para que estos sean favorables, sobre todo en licencias ambientales, por ejemplo, en el sector de minería y de energía.

Esto es un tema recurrente y a veces es más fácil que las coimas se soliciten a empresas locales.

BNamericas: ¿Cómo influye la legislación sobre temas de corrupción en los diferentes países? ¿Se requieren reformas?

Vásquez: Se necesita de todo un poco, una combinación de reformas que abarquen más y que tengan como objetivo combatir la corrupción. Vemos muchos casos donde existe legislación pero no se hace nada para ejecutarla, y eso viene unido a la falta de voluntad política.

Además de una legislación fuerte, que abarque todos los temas necesarios, se requieren agencias independientes —fuera del Ejecutivo, fuera del gobierno— que tengan cierto poder a la hora de aplicar la legislación para perseguir la corrupción.

BNamericas: ¿Cuáles son los países en que el índice de la corrupción es mejor?

Pera: En el Índice CCC, hemos visto desde 2019 que Chile, Uruguay y Costa Rica tienen agencias más independientes, más recursos para combatir la corrupción, al igual que una legislación y una cultura entre la población para demandar cambios y respuestas institucionales rápidas y más contundentes cuando hay un escándalo de corrupción.