CII ayuda a llenar la brecha de financiamiento en la región
Las arcas de la mayoría de los países latinoamericanos son más livianas que hace no muchos años, lo que significa que los gobiernos han intensificado su enfoque en asociaciones público-privadas para concretar la construcción de proyectos. James Scriven, titular de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), conversa de esto y más con BNamericas.
BNamericas: La CII, que hace poco abrió una oficina en São Paulo, anticipa un crecimiento de su cartera en Brasil. ¿Qué tendencias observa en cuanto a proyectos?
Scriven: Actualmente tenemos en nuestra cartera alrededor de US$1.200 millones [mn] de nuestro balance y otros US$1.900mn bajo administración, que suman 36 proyectos y US$3.100mn bajo administración en Brasil. Son iniciativas en sectores como finanzas, agua y saneamiento, agronegocios, transporte y energía.
En 2017 hemos visto mucho interés de clientes asociados por expandir nuestra presencia en Brasil, lo que significa que a raíz de la incertidumbre que enfrenta el país hay gran interés en un mayor papel de una organización de desarrollo como la nuestra. Esto implica que estemos aumentando nuestra presencia física en Brasil y aumentando una carpeta extremadamente sólida de nuevos proyectos a través de dos grandes sectores, que son infraestructura y grandes empresas.
Hoy en día tenemos unos US$1.500mn en nuevos proyectos que buscamos aprobar [en infraestructura, energía, grandes empresas, tecnología, medios y telecomunicaciones].
BNamericas: Usted señaló hace poco que las APP son más importantes que nunca en América Latina. ¿A qué se debe esto?
Scriven: América Latina tiene un largo historial de trabajo en el ámbito de las APP. Existe una brecha cada vez mayor de financiamiento en estos sectores. Dadas las restricciones fiscales que enfrentan los gobiernos hoy en día, vemos un mayor papel para el sector privado. A eso se suma el hecho de que el sector privado ha observado mayor apetito por invertir en activos de desarrollo, principalmente proyectos de energía e infraestructura. Si se suman todas estas cosas, vemos mayor apetito de los gobiernos por comprender y regular el sector y del sector privado por participar en él. Es ahí cuando empezamos a estructurarnos en torno a cómo abordar nuestros países y las necesidades de nuestros clientes a fin de atenderlos de mejor manera en este sector.
BNamericas: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las APP para concretarse?
Scriven: A los gobiernos les preocupa la capacidad del sector privado de construir y manejar un proyecto de manera sostenible. Al sector privado siempre le interesará si las reglas cambian en un período determinado y si el proyecto es rentable.
En general, con respecto a estos proyectos, hemos visto gran interés de nuestros clientes por invertir una vez que ciertos riesgos —principalmente en términos legales, regulatorios, de preparación y construcción, y cambiarios— se han mitigado.
BNamericas: Dado el crecimiento que se espera para las APP, ¿qué oportunidades existen para los bancos internacionales o regionales?
Scriven: Como organización de desarrollo, nuestra misión es reunir inversiones para el financiamiento del sector privado. Tenemos distintas formas de hacerlo.
Usamos instrumentos, empleamos nuestro balance, utilizamos nuestro nombre y nuestro conocimiento para aglomerar al sector privado en la región.
Si bien invertimos cerca de US$3.000mn al año en la región, apuntamos a reunir otros US$2.000mn además de nuestra propia capacidad.
BNamericas: ¿Cuánto financiamiento pretenden otorgar en la región este año?
Scriven: El año pasado hicimos US$2.300mn y movilizamos casi US$1.000mn. Este año vamos a hacer US$3.000mn y a movilizar otros US$2000mn. En términos generales, estamos viendo un incremento considerable de los números entre un año y el otro [en todos los sectores, no solo APP].
BNamericas: ¿Cuáles son los aspectos posiblemente negativos de las APP?
Scriven: Ha habido buenas y malas experiencias y estas últimas se originan cuando el gobierno cambia con el tiempo y modifica las normas del sector privado. En la otra cara, los gobiernos siempre tienden a observar cuántos ingresos genera el sector privado y la posibilidad de riesgos a la integridad.
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