Compra de activos de Iberdrola en México envía "poderoso" mensaje político

La compra por parte de México de 13 centrales eléctricas de Iberdrola en una transacción valorada en US$6.000 millones sacudió a la industria energética la semana pasada.

Si bien el gobierno anunció la compra como una nueva nacionalización y algunos en la oposición la denunciaron como una forma de expropiación, el acuerdo ha sido malinterpretado, argumenta Óscar Ocampo, experto en energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en conversación con BNamericas.

Según el analista, el acuerdo encaja con los planes ya anunciados por Iberdrola de dejar atrás la generación termoeléctrica y concentrarse en las energías renovables, pero también hubo una gran presión política sobre la empresa para llegar a un acuerdo con el Gobierno Federal.

CONTENIDO RELACIONADO Lo que hay que saber de la compra de los activos mexicanos de Iberdrola

BNamericas: El anuncio de la semana pasada pareció sorprender a la industria. ¿Cuál es Su lectura de este acuerdo de compra y cómo afectará financieramente a la estatal CFE y al Estado de México?

Ocampo: De entrada, esto al final del día no va a afectar a CFE financieramente, porque la operación se está haciendo vía el fondo de infraestructura Fonadin y al final, en esencia de lo que estamos hablando es de un intercambio, de una transferencia, de una venta de activos de un privado a otro privado. 

Esto, por más que el presidente diga que estamos ante una nueva nacionalización de la industria: esto no es así. Por más que México Infrastructure Partners, [que va a administrar el nuevo fideicomiso que será dueño de las centrales] tenga fondeo público de Fonadin y otras entidades públicas, la gestión del fondo sigue siendo privada y hay inversionistas privados. En concreto, no se está nacionalizando nada y el Estado mexicano en sí mismo no está adquiriendo nada.

Por otro lado, CFE en estricto rigor tampoco está incrementando su capacidad de generación, pues de este universo de trece centrales, 10 son productores independientes de energía (PIE). Y los PIE son legal, contable, económicamente parte de la Comisión Federal de Electricidad. Una subsidiaria, que es CFE Generación V, es quien los representa ante el mercado eléctrico mayorista, y ellos operan bajo las condiciones de Comisión Federal de Electricidad, venden toda su producción en contratos de largo plazo a CFE, sus resultados forman parte del activo y del pasivo de la empresa. Por donde se le vea, son maquiladores [plantas ensambladoras] de CFE. 

Examinando el anuncio que dice que pasamos del 39% de participación de mercado al 55%, la realidad es que ya tenían esa participación. Estas centrales PIE no están incrementando la capacidad de generación de CFE.

Es importante destacar que aún hay varias incógnitas respecto de este acuerdo. La primera es a cuánto asciende la inyección de recursos que va a hacer Fonadin y el resto de las entidades públicas. Otra cosa que no queda clara es, en la parte operativa, y dado que el presidente anunció que CFE será quien opere estas plantas, si acaso van a extender a estas plantas las condiciones del contrato colectivo de trabajo que tienen los trabajadores de CFE. Estas son condiciones muy generosas, por decirlo de algún modo, para los trabajadores, pero perniciosas para la rentabilidad de las centrales. 

Si leemos entre líneas lo que dijo el presidente, tendría que ser el caso, y ahí podríamos estar poniendo en jaque la rentabilidad de las centrales en el mediano y largo plazo, porque recordemos que hace algunos años se renegoció el contrato colectivo de trabajo y se regresó a las condiciones previas a la apertura del sector energético, las cuales son insostenibles para cualquier empresa. 

Y, finalmente, lo que tampoco sabemos es cómo se va a materializar esta transacción: aunque CFE no está adquiriendo nada, la empresa estatal va a operar las centrales, y, por lo tanto, nos faltan detalles de cómo queda la relación de México Infraestructure Partners, una empresa privada, con CFE y con el Gobierno mexicano. 

En principio, la operación diaria de estas centrales no tendría que cambiar, pues únicamente cambió la propiedad de esta canasta de trece centrales, pero nos falta ver que eso realmente se materialice. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo ayer que esperan que en un plazo de cinco meses más o menos se complete la transacción, y para entonces esperamos tener mayor claridad.

En el anuncio que se hizo en el Palacio Nacional, se insistió en que no se están usando recursos públicos, no se está endeudando al país, no se está afectando el perfil deuda de CFE. Pero se están sacando recursos del Fonadin, los cuales son recursos del gobierno. Por definición, son recursos públicos, sin lugar a dudas. 

Y entonces, lo que cabría preguntarse es si esta es la asignación más eficiente de recursos escasos. Si bien probablemente no lo sea, es de esperar que tampoco sea una mala inversión, porque estamos hablando de centrales que son rentables. Si examinas la hoja de resultados de CFE cada año, la única subsidiaria que opera con utilidades es Generación V, justamente porque administra los contratos con los productores independientes de energía.

BNamericas: Me gustaría indagar un poco más en la relación entre el Fonadin, México Infrastructure Partners y CFE. ¿Quién se va a llevar las ganancias de estas centrales?

Ocampo: Por ahora tenemos poca información concreta. Sí sabemos, gracias a lo que dijo el secretario Ramírez de la O, que lo más probable es que la participación de Fonadin en este fideicomiso que va a gestionar México Infrastructure Partners, sea mayoritaria. Esto nos dice que al menos el 50% más uno estaría en manos de entidades públicas. El resto va a quedar en manos de inversionistas privados, y en este momento desconocemos quiénes serían. 

Esto no significa que la gestión sea pública, al final estamos hablando que es un fondo privado que tiene una participación en su composición, en su estructura de capital, pública, pero la gestión del fondo es y se va a mantener de forma privada. Esto opera bajo derecho privado, no opera ni bajo el régimen especial que tiene CFE, ni bajo el derecho público. Se utilizará la ley de sociedades mercantiles mexicana, o sea, legalmente, estamos hablando de una transacción entre privados, independientemente de qué parte del financiamiento para esta transacción venga del Fonadin.

BNamericas: Iberdrola señaló en su informativo que tres de sus centrales están paralizadas y no pueden operar. ¿Cree que este tipo de problemas influyeron en su decisión de vender?

Ocampo: Esto lo podemos entender en tres dimensiones. La primera es parte de la estrategia de Iberdrola, en noviembre anunciaron que iban a invertir US$52.000 millones en la transición energética, en renovables, en refuerzos a la red, en los siguientes tres años. Luego, en enero, anuncian una venta por US$700 millones de activos en España, principalmente de gas, o sea, esto al final va en línea con su estrategia de apostarle mucho más a las renovables.

En segundo lugar, pues también después de cuatro años de una relación muy deteriorada con el gobierno federal, es una forma de despresurizar políticamente la presencia de Iberdrola en México.

Y en tercer lugar, está el precio. Si tu estrategia es desinvertir en activos de gas y te ofrecen 6 mil millones de dólares por activos de gas, que luego puedes usar para invertir en renovables, hace mucho sentido, al final del día. Y ahí me refiero a invertir en activos renovables en México o en cualquier lugar. Eso dependerá ya de dónde haya condiciones propicias para la inversión.

Pero al final para Iberdrola, acaba siendo una buena forma de desprenderse de activos que le causaban muchos problemas, que no podía operar o que estaban en una incertidumbre jurídica. A eso hay que sumar las presiones que tiene la empresa de sus accionistas, del consejo de administración, de apostarle más a las renovables y reducir su huella de carbono en la matriz de generación.

BNamericas: Entre las muchas cosas que Iberdrola dijo sobre la transacción, dicen que esperan un fortalecimiento de las relaciones con el gobierno y el regulador CRE, y que esperan que esto los ayude a avanzar con su cartera de renovables en México. ¿Considera viable una flexibilización en esta línea?

Ocampo: A esta administración le queda muy poco tiempo. Cualquier proyecto que tenga Iberdrola en trabajos tempranos, estudios de factibilidad, terrenos, permisos locales o estatales, no van a construirse en este sexenio [que finaliza en 2024]. Seguramente no están pensando únicamente en esta administración, sino en lo que venga después. Es muy probable que quienquiera que sea electo tenga que reabrir este mercado de algún modo, por una razón de oferta y demanda. Al final, si no expandes de forma mucho más ambiciosa la matriz de generación de este país, en algún punto no muy lejano vas a tener un problema para satisfacer la demanda.

Aquí, Iberdrola se está posicionando bien este con el actual gobierno y preparando su posición futura. Si gana la oposición, seguramente no tendrán problemas. Si gana Morena [el partido oficialista], pues sentaste un precedente para tener buenas relaciones con ellos. 

De alguna manera, pasamos de un momento en el cual Iberdrola era objeto de críticas en muchas mañaneras [conferencias] del presidente, a un anuncio en el palacio nacional con el presidente ejecutivo global de la empresa. Es un cambio importante que te posiciona bien para la apertura, como sea que se vaya a dar. No sabemos cómo se va a abrir esto, pero sabemos que eventualmente se van a necesitar cambios por un tema de oferta y demanda más allá de las ideologías y de los partidos.

BNamericas: Entonces, vemos que esta operación no es una nacionalización como señalan sus partidarios, y tampoco es una expropiación como señalan sus críticos. Entonces, ¿cuál es el sentido de realizar esta compra?

Ocampo: A mi juicio, esto al final del día tiene más que ver con la política. Si vemos el discurso que ha habido alrededor de esta compra, es muy claro que la motivación es un mensaje político: el mensaje de la nueva nacionalización de la industria eléctrica. 

Después de que falló la reforma [constitucional energética] del año pasado, después de que la reforma a la ley de la industria eléctrica de 2021 quedó detenida en tribunales, en la Suprema Corte de Justicia, es una forma de decir que aquí se puso en orden la rectoría del Estado y se fortaleció a CFE. 

Como dijo el presidente, es una nueva nacionalización de la industria, ¿no? Al final es un mensaje político y es un mensaje político muy poderoso. Aunque esto no corresponda estrictamente con la realidad.