La necesidad de dinamizar la permisología en la minería chilena

Alrededor de US$60.000 millones totaliza la cartera chilena de proyectos mineros para el quinquenio 2025-2030, según la base de datos de BNamericas, pero la concreción de estas inversiones depende de un sistema engorroso de otorgamiento de permisos.

Dos proyectos de leyes presentados por el Poder Ejecutivo buscan solucionar esta materia. El primero promete disminuir en hasta un 70% los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales. La Cámara de Diputados lo aprobó en octubre y ahora está sujeto a un segundo trámite constitucional en el Senado. 

El segundo, conocido como Evaluación Ambiental 2.0, busca reformar la Ley 19.300 y modernizar los mecanismos de evaluación ambiental del regulador SEA. 

Nicole Porcile, quien fue vicepresidenta de asuntos corporativos y sustentabilidad en compañías como Codelco, Antofagasta Minerals y Andes Iron, está entre quienes consideran insuficiente esta última propuesta legislativa para dinamizar las inversiones mineras.

En esta entrevista, la actual directora de la consultora especializada en proyectos de inversión y responsabilidad socioambiental Anagea, ahonda en las reformas, competitividad y la necesidad de atraer talento. 

BNamericas: ¿Cómo están las inversiones en la minería de Chile? 

Porcile: En la última década, las inversiones mineras han promediado alrededor de US$10.000 millones anuales y en 2023 alcanzó US$14.000 millones, la cifra más alta del período. Este año la inversión se ve al alza, impulsada por proyectos importantes y un entorno global favorable para los minerales críticos en la transición energética. 

No obstante, esto se debe analizar a través de cuánta inversión ha obtenido aprobación ambiental y los permisos para avanzar. Ahí la tendencia es decreciente. En la última década, el promedio anual fue de US$6.500 millones y en los últimos cinco años se redujo a US$3.500 millones. En 2023 fue preocupante, puesto que las inversiones aprobadas ambientalmente solo alcanzaron US$2.200 millones, y esa tendencia se ha acentuado este año hasta menos de US$200 millones en el primer semestre.

BNamericas: ¿Podrá el proyecto legislativo que modifica la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente mejorar el sistema de permisos?

Porcile: Los tiempos de tramitación de permisos ambientales han aumentado en la última década, pasando los estudios de impacto ambiental de un promedio de 650 a 1.200 días y las declaraciones de impacto ambiental, de 300 a 400 días. 

El proyecto de ley acentuaría estos problemas, ya que propone modificaciones tal como una participación ciudadana abierta a personas más allá de las directamente afectadas que se extiende a todo el proceso de tramitación. Esto aumentaría los plazos y la incertidumbre en la inversión. 

Además, establece un recurso de reclamación que puede ser presentado por cualquier persona, lo que podría aumentar la judicialización. Asimismo, amplía el plazo para el término anticipado [del proceso de evaluación por falta de información] extendiéndolo hasta después de la primera adenda [documento que prepara el titular de un proyecto para responder a las consultas del SEA o de la participación ciudadana]. 

También modifica el silencio administrativo. Actualmente, si la autoridad no resuelve un recurso de reclamación en el plazo, la solicitud se entiende aceptada. Con la nueva normativa se puede pedir una resolución al director ejecutivo [del ente regulador] y, si no se pronuncia en el plazo, [la petición] se considerará rechazada, permitiendo al solicitante recurrir al tribunal ambiental.

Acerca del debate sobre si las decisiones deben ser políticas o técnicas, se propone que el director regional del SEA apruebe las inversiones, pero esto sería excesivo para una persona. A mi juicio, sería más apropiado crear una instancia política inicial que evalúe la viabilidad territorial del proyecto y otra técnica que asegure la calidad y el cumplimiento ambiental.

BNamericas: ¿Qué pasa con la transparencia y la participación ciudadana en la evaluación de los proyectos?

Porcile: Es crucial equilibrar la transparencia y la participación con eficiencia en los plazos de tramitación y definiciones claras en el proceso de toma de decisiones para garantizar evaluaciones ambientales justas y eficientes, y dar certeza a la inversión. Esto puede aumentar la credibilidad de las compañías y reducir los riesgos de inversión.

BNamericas: ¿Qué otros mecanismos podrían reducir la incertidumbre en la inversión minera?

Porcile: Chile debiera tener un plan estratégico dirigido a mantener la competitividad de la minería en el mercado global, así como es clave controlar y reducir los costos operacionales, que se han duplicado en los últimos 15 años, a través de eficiencia operativa y adopción de tecnologías. 

En la minería del cobre observamos que otros países están incrementando su producción. Perú tiene el potencial de duplicar su producción a 5 millones de toneladas [Mt] en los próximos 10 años, basándose en proyectos existentes, y República Democrática del Congo ha incrementado su producción de 300.000t a 2,2Mt anuales en la última década.

En cambio, Chile enfrenta la disminución de las leyes del mineral y el envejecimiento de los yacimientos. Por cada tonelada de roca procesada se extraen 6kg de cobre y hace 15 años eran 10kg. Es crucial invertir en exploración y en nuevos proyectos para contrarrestar esta tendencia.

BNamericas: ¿Cómo debiera configurarse el sistema de evaluación en el plan? 

Porcile: Debe apuntar a agilizar los trámites de permisos ambientales y sectoriales con la simplificación y flexibilización. Los proyectos de inversión que ingresan al SEA suelen estar en la fase de ingeniería de factibilidad. Sin embargo, al avanzar hacia las etapas de ingeniería básica o de detalle, es común realizar optimizaciones que implican modificaciones en los proyectos. 

Por ello, es fundamental contar con instrumentos de evaluación flexibles que permitan actualizar y ajustar los proyectos conforme evolucionan. Actualmente, el SEA es estático, mientras que la ingeniería de proyectos es dinámica. En otros países se permite actualizar y modificar los proyectos. Al abordar estos aspectos [a través de un plan estratégico], Chile podría reducir la incertidumbre en la inversión minera y fomentar la llegada de nuevos capitales al sector. 

BNamericas: ¿Qué otros factores podrían obstaculizar el desarrollo de proyectos mineros?

Porcile: La necesidad de capital humano. Existe escasez de personal calificado y se proyecta que en los próximos 10 años se requerirán alrededor de 35.000 nuevos empleos, lo que evidencia la importancia de atraer y formar nuevos talentos.

A su vez, la incorporación de mujeres (18%) y jóvenes (30%) en la fuerza laboral minera es limitada, por lo que resulta fundamental fomentar la inclusión para aprovechar todo el potencial de talento disponible. Se necesita también ajustar la formación técnica a las necesidades reales de la industria, que cada vez necesita más operar tecnologías avanzadas.  

BNamericas: Desde el ámbito legislativo, ¿qué retos existen? 

Porcile: El principal desafío está en simplificar y flexibilizar los trámites ambientales y sectoriales, ya que los procesos actuales retrasan el inicio de los proyectos mineros. La tramitación de permisos sectoriales involucra 38 servicios públicos dependientes de 16 ministerios para gestionar más de 380 permisos. Esta estructura regulatoria sobrecargada obstaculiza el crecimiento económico y la productividad nacional.

BNamericas: ¿Qué oportunidades seguirán motivando a los inversores para que elijan al cobre chileno? 

Porcile: La principal oportunidad está en la falta de cobre para descarbonizar el mundo. Al 2030 la demanda de cobre aumentará más de 50% y se espera que se duplique al 2040. Chile tiene la posibilidad de ser un habilitador clave en la transición energética mundial, pero esto requiere un plan estratégico, ya que diversos actores buscan capitalizar esta oportunidad. 

Observamos nuevos clientes finales, como los recicladores y reprocesadores, lo que desafiará a los participantes tradicionales de la minería nacional, como las empresas mineras transnacionales. La producción secundaria de cobre, proveniente del reciclaje, representa hoy el 17% y se espera que alcance el 40% para 2040. 

También hay oportunidades en los relaves y botaderos, que tienen leyes más altas que algunas minas en operación, y en la extracción de metales desde el fondo marino, que recientemente ha generado debates geopolíticos. Es fundamental, además, analizar la evolución del mercado. A partir de 2025, la bolsa de metales de Londres exigirá que los metales y minerales comercializados cumplan con estándares de producción sostenible como The Copper Mark. 

BNamericas: ¿Cómo va el avance de la minería chilena hacia la descarbonización?  

Porcile: La industria minera nacional tiene el compromiso de la carbononeutralidad al 2050 y en ese contexto ha desarrollado una hoja de ruta para abordar las emisiones de alcance 1, 2 y 3.

Las energías renovables para las operaciones mineras se han incrementado, y hoy la minería representa un tercio del total nacional, con un consumo de 27.000GWh. Y se proyecta que para 2030 el 90% del suministro eléctrico para la minería provendrá de fuentes limpias. 

Respecto al consumo de agua en la minería nacional, solo un 4% es agua dulce, lo que se debe en parte a la alta eficiencia del proceso, ya que tres cuartas partes proviene de recirculación. El agua de mar hoy alcanza un 30% y se espera que en 10 años llegue al 70%. Actualmente existen 11 plantas desaladoras operativas con una capacidad de 3-4m3/s, y hay 15 proyectos adicionales en desarrollo para la minería nacional.