Las ambiciosas propuestas en agua y saneamiento de Morena para México

La Cámara de Diputados de México aprobó este mes el presupuesto 2023, que incluye casi el doble de recursos que el año pasado para proyectos de infraestructura hídrica.

Aun así, organizaciones como el Consejo Consultivo del Agua (CCA) advierten que, pese al aumento, los recursos serán insuficientes para cubrir las necesidades del país.

El presidente de la comisión de recursos hidráulicos, agua potable y saneamiento de la Cámara de Diputados, Rubén Muñoz Álvarez, militante del partido oficialista Morena, reconoce que México debe invertir todavía más en este ámbito.

BNamericas conversa con Muñoz sobre las propuestas que busca impulsar su bancada, como un sistema tarifario nacional y una nueva política pública en materia hídrica para 2050, entre otros temas.

BNamericas: ¿Qué representa el presupuesto aprobado para la infraestructura hídrica?

Muñoz: Estamos ante un incremento histórico al pasar de 34.200 millones a 68.450 millones de pesos, el presupuesto más alto en la historia del agua en México. Incluye 55.000 millones de pesos para obras de infraestructura, donde está la terminación de la presa Picachos en Sinaloa y el proyecto de Agua Saludable para la Laguna, ambos con más de 8.000 millones de pesos para atender el tema del acueducto de la presa del Cuchillo; la terminación del distrito de riego del pueblo Yaqui, con más de 8.000 millones de pesos que, junto con la terminación de las obras de El Zapotillo, en Jalisco, y del Canal Centenario en Nayarit, son los proyectos más importantes de inversión hidráulica que tendrá ese año el presupuesto.

BNamericas: ¿Este incremento se debe a una situación coyuntural?

Muñoz: Nosotros, como comisión, habíamos trabajado con la [autoridad del agua] Conagua un presupuesto del orden de los 48.000 millones de pesos, pero con una gran voluntad y decisión de esta administración se logró este histórico incremento presupuestal. También obedece a un problema coyuntural: los problemas de agua en Monterrey, en la Comarca Lagunera [área del norte de México en los límites de los estados de Coahuila y Durango], y en León y Guadalajara mandaron las señales de alerta de que este tema no puede esperar más.

BNamericas: Algunos mencionan que, incluso con este incremento, el presupuesto 2023 es insuficiente.

Muñoz: Por supuesto. Aún con el reconocimiento al incremento presupuestal, México tiene que estar invirtiendo del orden de los US$120.000 millones. Todavía nos faltan recursos para tecnificar los 86 distritos de riego del país. Por ello, creo que tenemos que empezar a hablar de un nuevo concepto, que es seguridad hidroalimentaria para México.

BNamericas: ¿Cuáles son las regiones que se deberían priorizar? 

Muñoz: Principalmente el norte de México, donde se genera más del 78% del PIB y, paradójicamente, es la que menos agua tiene, pero el reto del país está del centro de la República hacia el norte.

BNamericas: ¿Qué incluye la tecnificación de los distritos de riego?  

Muñoz: Con tecnificación me refiero al entubamiento del agua rodada, a grandes canales de riego agrícola, a sistemas de riego por goteo, a la incorporación de la robótica y la inteligencia artificial para asistir en aspersión, donde al mismo tiempo que se reduzcan los consumos de agua, se pueda poner la cantidad de fertilizante y enraizador que requiere cada planta que se siembra en el campo mexicano. También a la necesidad de que un productor agrícola mexicano con 1ha o 2ha pueda sacar adelante a su familia teniendo sistemas de tecnificación adecuados. Estoy hablando de una nueva visión en lo que es producción hidroagrícola en México. 

BNamericas: ¿Cuál sería el siguiente paso para llegar al concepto de seguridad hidroalimentaria? 

Muñoz: Primero, México necesita producir 40 millones de toneladas de granos, sobre todo de la canasta básica —maíz, trigo, arroz, frijol—, y resolver el déficit que traemos de poco más de 2,6 millones de litros al año de aceite comestible. La alimentación tiene que ser el primer objetivo prioritario para México en este proyecto de seguridad hidroalimentaria.

El segundo es que resolvamos el rezago que traemos en materia de hacer cumplir el derecho humano al agua. Hoy en día 21,3 millones de mexicanos no cuentan con una red de agua potable por la dispersión geográfica que hay en el país, y por el gran número de comunidades rurales que tenemos. También necesitamos resolver el problema de saneamiento: 28,9 millones de mexicanos no cuentan con una red de drenaje. Tenemos además que voltear a ver el estado en el que están las poco más de 3.960 plantas de tratamiento de aguas residuales del país. Dos terceras partes no cumplen con la norma básica de tratamiento 003 que establecía la antigua legislación […] y mucho menos podrán cumplir la norma 001 que ha expedido la [Secretaría de Medio Ambiente] Semarnat.

Por eso tenemos que revisar cuál va a ser la nueva política que implementaremos en materia de aguas residuales, para que podamos establecer los incentivos y darle esa agua a la industria minera, a la industria de la construcción, pero principalmente a la industria hidroagrícola para la producción de alimentos, siempre y cuando sea agua bien tratada. Lo que estamos planeando aquí es la creación del mercado secundario de las aguas residuales. 

Un siguiente objetivo es fortalecer a los organismos operadores de agua. De los 2.471 municipios que hay en México, solamente 20 organismos operadores funcionan con números negros. Esto se debe a que en la reforma constitucional que hicimos al artículo 115 le dimos a los municipios facultades para hacerlos responsables de la gestión del agua, pero no les dimos obligaciones.

En la comisión, determinamos que se dejan de cobrar poco más de 155.000 millones de pesos al año [por concepto de servicios de agua y saneamiento]. Necesitamos que todo adeudo de agua se convierta en un crédito fiscal para fortalecer las finanzas de los organismos operadores, y contar con el recurso necesario para poder darle agua a la población, que es el objetivo fundamental.

Por último, me parece que tenemos que generar una política nacional tarifaria para que entendamos que el fin primordial no es cobrar el agua, sino mejorar la infraestructura para dotar de agua a todo mexicano por el solo hecho de serlo. 

BNamericas: ¿Hay una estimación de cuánto deberían incrementarse las tarifas? 

Muñoz: El metro cúbico de agua cuesta más o menos 20-24 pesos extraerlo de las fuentes de abastecimiento, ya sea de pozos profundos o de agua superficial, en términos aproximados. Más de un 60% de los organismos operadores de agua cobra una tarifa por debajo del costo de lo que cuesta extraerla y llevarla a la población.

El objetivo de esta propuesta es tener un sistema tarifario que no afecte a la población de bajos recursos, pero que el que más gaste agua, que más pague, como el sector comercial, de servicios, industrial. Creo que tenemos que hacer un sistema de tarifas nacional diferenciado, donde podamos darle el agua sin costo a la población de bajos recursos que gane un salario mínimo o menos, poder cobrarla de cierto nivel social en adelante, y por supuesto a los grandes usuarios. Esto incluye a los grandes industriales que necesitan agua para convertirla en un valor agregado, como son productos de exportación.

Se trata de un sistema tarifario justo que nos permita, con esos recursos que se capten de la nueva estrategia, constituir un fondo nacional de infraestructura hidráulica.

BNamericas: ¿Cómo podrían acercarse al sector privado con este tema? Sin duda, un cambio los afectaría. 

Muñoz: Este debe ser un tema justo. No queremos que le falte agua al sector privado, no queremos dejar a ningún sector sin el recurso hídrico, pero queremos que los que más gasten, más paguen. También se requiere implementar urgentemente un sistema nacional de micromedición, para que todas las concesiones de agua del país puedan ser micromedidas.

Entendamos que sin agua no hay producción agrícola, no hay industria, no hay minería. Por eso necesitamos una nueva política pública hídrica 2023-2050. 

Tenemos que revisar qué nos falta en infraestructura hidráulica en el país, cuántas presas tenemos que construir para México, cuántas unidades y módulos de riego agrícola tenemos que tecnificar, qué ejemplos de distritos agrícolas tecnificados tenemos que utilizar en otras regiones, cuántos estudios más tenemos que hacer sobre disponibilidad de agua subterránea.

Tenemos 653 acuíferos en México y, según la Conagua, hoy tenemos 157 en condición de estrés hídrico agudo, pero no hemos hechos estudios de disponibilidad hídrica. 

Ha llegado el momento de revisar cuál es el estado de las aguas cuaternarias, ya que en estudios geológicos se han descubierto grandes yacimientos de fuentes subterráneas. Debemos revisar cuál es el mecanismo para instalar una nueva industria de plantas desalinizadoras que sea sustentable, que funcione con energía alternativa y cuyos excedentes no contaminen nuestros mares. Tenemos una larga agenda pendiente en el país. 

BNamericas: La desalinización es un procedimiento costoso. ¿Cuál sería una buena solución para implementarla? 

Muñoz: Primero, incorporar tecnología de punta. Segundo, revisar la propuesta técnica para no hacer una desalinización directamente de aguas salinas o marítimas, sino que se construyan pozos playeros que permiten que el agua sea salobre, es decir, tenga menos contenido de partículas de sal por cada millón de litros cúbicos. Pienso que tenemos hoy grandes avances tecnológicos que nos permiten desalinizar a un valor más bajo.

Tenemos que explorar nuevos mecanismos de participación con el sector privado y revisar nuevas fuentes de endeudamiento para infraestructura hidroagrícola en el país. México tiene que garantizar, primero, su seguridad alimentaria; segundo, el agua necesaria para la población; y tercero, al concepto de seguridad hidroalimentaria que propongo debemos adjuntarle el concepto de seguridad hidroeléctrica, porque hay que dar al agua la capacidad energética necesaria para que el país continúe consolidando su desarrollo. 

BNamericas: ¿Aparte del costo, hay alguna razón por la que los proyectos de desalinización no han avanzado en el país? 

Muñoz: Me parece que hay muchos adelantos, incluso de científicos mexicanos, que no hemos volteado a ver. Hoy tenemos, por ejemplo, sistemas de electrocoagulación de agua que son desarrollos patentados por investigadores nacionales. Hoy tenemos plantas de tratamiento que funcionan con sistemas aeróbicos, que pueden tratar las aguas residuales de una pequeña comunidad con un sistema de plantación o con un tapete microbacteriano, cuyos costos y utilidad tenemos que revisar.

También hay sistemas de desalinización que funcionan con energía fotovoltaica, lo cual abarata notablemente el costo del metro cúbico del agua desalinizada o el costo del agua de una planta residual tratada. Tenemos que ver la agenda a largo plazo, pensando en grande. 

BNamericas: ¿Considera que las asociaciones público-privadas serían un buen instrumento para llevar a cabo esta agenda? 

Muñoz: Por supuesto, las asociaciones público-privadas son un instrumento financiero. Lo que tenemos que hacer es cuidar su uso. El problema es que, en el pasado, hubo un abuso de esta herramienta, que a mí me sigue pareciendo necesaria, porque involucra capital privado para atender el enorme rezago que México tiene en materia hídrica. 

BNamericas: ¿Ya se han presentado todas estas iniciativas en el Congreso? 

Muñoz: Están listas para ser presentadas en el próximo periodo ordinario de sesiones del año 2023. 

Nosotros, en la comisión de recursos hidráulicos, establecimos tres misiones.

La primera fue realizar un diagnóstico integral más completo para entender la problemática y homologar la numeralia del agua. Ya lo hemos terminado.

La segunda misión fue impulsar la política del Ejecutivo Federal de dotarle más presupuesto al agua. Lo logramos en esta legislatura, porque del año 2021 al año 2022 tuvimos un incremento de más de 9. 700 millones de pesos, y del 2022 al 2023 hemos logrado darle un incremento al agua de más del 100%.

La tercera misión es justamente proponer una política pública de largo aliento, 2023-2050, y al mismo tiempo proponerle al Congreso una nueva ley reglamentaria para establecer cuáles son las reglas del juego y reglamentar de una vez por todas el artículo cuarto constitucional, que en su párrafo sexto estableció que el agua en México es hoy un derecho humano. En esta nueva propuesta de ley queremos establecer qué es el derecho humano al agua, de cuántos litros estamos hablando para la población y quién tendrá la responsabilidad. 

BNamericas: ¿Cuáles instituciones proponen que sean las responsables de toda esta visión? 

Muñoz: Tendrían que ser la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Agricultura los dos entes que deberán liderar este gran proyecto. 

BNamericas: ¿La Conagua actualmente no tiene entonces las facultades o herramientas necesarias? 

Muñoz: No tenía los recursos. Este año tendrá recursos suficientes, pero no los necesarios para poder llevar a cabo esta propuesta.