¿Las comunidades o la industria?: el dilema del potencial del litio de Bolivia

Si bien Bolivia no tiene reservas de litio certificadas, sí posee sustanciales recursos minerales y ha demostrado interés en explotarlos, aunque al mismo tiempo se ha venido gestando oposición entre las comunidades.

En 2023, la estatal YLB firmó convenios con el consorcio chino CBC, su connacional Citic Guoan y la rusa Uranium One Group para desarrollar plantas piloto que debieran escalarse después a producción industrial con tecnología de extracción directa de litio (EDL).

En enero, YLB abrió una convocatoria internacional para el desarrollo de proyectos piloto de litio y otros minerales en 7 de los 28 salares del país. El proceso está en curso y los convenios respectivos debieran firmarse en agosto.

Las convocatorias se enmarcan en iniciativas de la administración del presidente Luis Arce para convertir al país andino en proveedor global, objetivo que se ve complicado por los problemas técnicos y políticos, los conflictos sociales e, incluso, la corrupción.

BNamericas conversa con Gonzalo Mondaca, investigador adjunto de la ONG de interés público Cedib sobre los planes de litio, el origen de la oposición de las comunidades y las perspectivas de la industria.

BNamericas: ¿Cómo es actualmente la situación del sector del litio en Bolivia?

Mondaca: Está en un momento difícil. Bolivia hizo dos convocatorias para invitar a empresas con capacidades para desarrollar explotación de litio mediante tecnologías de extracción directa.

La primera convocatoria demoró casi dos años en consolidar alguna forma de acuerdo. El año pasado se firmaron convenios con CBC, Citic Guoan y Uranium. Este año, en enero, se hizo otra convocatoria.

Los convenios para la primera convocatoria se firmaron entre enero y junio del año pasado. Había expectativas bastante altas, porque la extracción directa de litio tiene altos rendimientos, pues recupera porcentajes superiores al 80% del mineral

Adicionalmente, la extracción directa prometía ser una tecnología que se podría instalar rápidamente. Firmando convenios en junio, el gobierno incluso llegó a hablar de instalar las plantas en julio, lo cual nos sorprendió a muchos, pues sabemos que la tecnología de extracción directa no es fácil de instalar.

En realidad, la única experiencia que tenemos en Sudamérica del uso de la tecnología EDL está en Catamarca, Argentina, con Arcadium Lithium. El proyecto empezó con Livent, que logró instalar una planta piloto, lo cual le tomó ocho años y, desde 1998, cuando se inició producción, se fue escalando hasta llegar a 20.000t/a en 2022.

Entonces a Catamarca le tomó más de 20 años consolidar la escala industrial de producción de litio con tecnología EDL.

BNamericas: ¿El hermetismo con el que se ha manejado la información de los convenios con las empresas chinas y la rusa para la construcción ha generado problemas con las comunidades?

Mondaca: Ese hermetismo, esa falta de información sobre los convenios, levantó una ola de preguntas.

Las comunidades nos informaron que YLB, junto con Uranium Group, comenzó a entrar al salar de Pastos Grandes y cometieron varios errores que solamente se explican por la prisa.

Contrataron una empresa para hacer prospección hidrogeológica y esta empresa, con el objetivo de hacer un trabajo más integral y más rápido, intentó instalar un campamento para 80 personas en una zona de pastoreo.

La región del altiplano sur boliviano es muy parecida a la puna argentina y a la puna chilena. Es árida, por lo que los lugares donde hay humedad y forraje para el ganado son realmente valiosos para las comunidades, quienes se opusieron a la instalación del campamento sobre el área de pastoreo.

La respuesta de los funcionarios fue que esa tierra es área reservada para el Estado, lo que causó un aún mayor rechazo de las comunidades.

Posteriormente, la Universidad de Potosí organizó una comitiva de investigación con cinco equipos de investigadores en diferentes áreas para elaborar una línea base ambiental para la empresa Uranium Group, con la cual tiene convenio. Este equipo también entró sin avisar a la comunidad, que le impidió realizar ningún trabajo.

En Bolivia, las comunidades son muy celosas de sus jurisdicciones y de sus territorios, más aún si alguien va a trabajar donde hay fuentes de agua en una región donde escasea.

Entre otras cosas, las comunidades dijeron que no pueden entrar sin consultarles, sin permiso, sin presentar un plan de trabajo, por lo cual se pararon los trabajos previstos para el salar de Pastos Grandes.

BNamericas: ¿Qué problemas ha generado el decreto sobre áreas reservadas para el Estado?

Mondaca: Es un problema que está latente y sobre el cual las comunidades han reaccionado. Ese decreto fue firmado por el presidente Evo Morales en 2015 y las comunidades, que se enteraron en 2023, cuando una contratista de Uranium One intentó instalar un campamento grande para acelerar procesos de exploración, reaccionaron.

En la oportunidad, los contratistas hablaron de una área de influencia en la que la población no tenía ningún derecho

Esas comunidades, entre 2007 y 2009, titularon sus predios como tierra comunitaria de origen, que es la figura de territorio indígena en Bolivia. Cuando hicieron esas delimitaciones se excluyeron los salares y las lagunas saladas.

Ellos aceptaron, porque entienden que dentro del salar o la laguna salada hay solamente agua salada. Para ellos lo importante son los bofedales [humedales de los Andes] que hay alrededor, donde llevan su ganado a pastar y donde están también sus fuentes de agua dulce.

Sin embargo, luego del decreto, se amplió el área de reserva, en algunos casos hasta 10km más allá del borde de la costa salina, lo que implica que se abarca toda la cuenca que alimenta al salar.

Esa delimitación es arbitraria y en todos los casos amplía bastante la superficie donde el Estado tendría exclusividad para la explotación e incluye lugares donde hay bofedales, fuentes de agua dulce y también lugares sagrados, de importancia cultural.

Las delimitaciones, lamentablemente, no están acompañadas de una reglamentación, por lo que en las áreas reservadas para el Estado no está claro qué se puede hacer y qué no, ni en qué medida las comunidades deben ser consultadas. Lo contrario sucede con los operadores mineros, que tienen que cumplir varias reglas, hacer algunas consultas, por ejemplo, para abrir caminos, para utilizar fuentes de agua o para hacer alguna modificación del territorio más allá del lugar específico donde están explotando.

Las comunidades ya hicieron un pronunciamiento para pedir que se anule el decreto. No han hecho ninguna movilización todavía, pero han enviado notas a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

BNamericas: ¿El panorama se podría agravar con el conflicto generado por el decreto?

Mondaca: En abril hubo movilizaciones de la comunidad de Río Grande, que está muy cerca de las instalaciones que tiene el Estado para la tecnología evaporítica, donde hay piscinas grandes y también dos plantas de capacidad industrial para producir cloruro de potasio y carbonato de litio.

Río Grande está ubicada justo donde empieza el delta del afluente más importante que descarga agua en el salar de Uyuni. Esta comunidad está muy cerca del lugar donde está emplazado el campamento de YLB y por donde se ingresa hacia el salar, donde están las piscinas y las plantas industriales.

La comunidad de Río Grande desde el inicio apoyó y fue aliada importante para la ejecución de los proyectos de explotación e industrialización de litio; sin embargo, últimamente denunciaron que tenían un convenio que no se cumplió del todo, recogieron nuevas demandas y empezaron a discutir el tema del agua. Efectivamente hay riesgo de que sus fuentes de agua dulce disminuyan, porque YLB ha perforado pozos para explotar agua dulce que necesita para uso industrial.

El segundo punto que puso la comunidad en el debate es la ausencia de consulta previa, libre e informada, tema que no habían reclamado en 2008, cuando empezó el proyecto ni en 2010, cuando empezaron las inversiones estatales.

BNamericas: ¿Si no reclamaron en 2008 ni en 2010, por qué lo hacen ahora?

Mondaca: Al hacer un seguimiento a la movilización, descubrimos que el verdadero motivo no era proteger las fuentes de agua ni la consulta previa. El verdadero objetivo era conseguir contratos de transporte de carga pesada a favor de miembros de la comunidad.

YLB firmó un contrato con una cooperativa de transporte, con volqueteros y varios miembros de la comunidad de Río Grande, que se habían presentado a una licitación y perdieron, por lo que decidieron movilizarse para obtener algo a través de la movilización.

BNamericas: ¿Con esa comunidad se terminaron los problemas entonces?

Mondaca: Sí, pero la figura no es la misma en los otros salares.

En los otros salares hay comunidades en su mayoría organizadas como comunidad indígena originaria, no como sindicato campesino, y eso genera una obligación mayor para hacer la consulta, incluso de acuerdo con sus costumbres.

Adicionalmente, varias de estas comunidades están mucho más abandonadas, no han tenido apoyo del Estado por décadas y sus sistemas productivos dependen mucho de las pocas fuentes de agua dulce que tienen a su disposición.

Es poco probable que estén dispuestas a que se trabaje la minería de litio, porque este mineral explota la salmuera y el agua dulce, que es bastante escasa.