Las dificultades para abordar los escándalos de corrupción en A. Latina

En la última década, América Latina se vio sacudida por escándalos de corrupción, particularmente en el sector de infraestructura. Estos deterioraron la imagen de las autoridades a los ojos de la opinión pública, como ocurrió con el caso de los cuadernos en Argentina o el escándalo de Odebrecht, que tuvo repercusiones en toda la región.

En este escenario, BNamericas conversó con Hunter Carter, copresidente de Arent Fox International y especialista en temas anticorrupción en entidades multinacionales, acerca de cómo evitar nuevos escándalos de este tipo, recuperar la confianza en las autoridades y definir el papel de las firmas de abogados en este proceso.

BNamericas: En la última década, algunos de los mayores escándalos de corrupción en la región estuvieron ligados a empresas del sector de infraestructura ¿Hay espacio para que firmas como Arent Fox asesoren a gobiernos latinoamericanos y empresas regionales para evitar estas prácticas?

Carter: Obviamente sí, aunque no es el enfoque principal de nuestro trabajo.

Lo que ocurre es que hay mucha colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y América Latina, no sólo con respecto a la política anticorrupción, sino también a nivel técnico.

El escándalo de Odebrecht es un buen ejemplo de la colaboración entre el Gobierno de Brasil y los fiscales anticorrupción de Estados Unidos y Suiza. Como Odebrecht tenía operaciones en tantos países de la región, estos también empezaron a cooperar con los fiscales.

Por ejemplo, en Ecuador al principio no había tanta colaboración. Yo estuve en un momento intentando ayudar a periodistas de ese país a buscar información sobre cuáles fueron los hechos relevantes a las actividades de Odebrecht, ya que el gobierno no quiso cooperar y el Congreso tampoco.

Ahora, con Guillermo Lasso, tenemos a alguien que no está entorpeciendo o bloqueando los casos o procesos que tienen que ver con la formalización de cargos.

Eso es más complicado de lo que parece, porque Lasso fue presidente de un banco y alguien que ha invertido dinero ganado en el exterior en cuentas bancarias en el exterior y, aunque es perfectamente legal, no suena bien políticamente hablando.

Más importante es que ahora hay mucha colaboración entre empresas y sus asesores. Las multinacionales tienen un ecosistema que, a mi juicio, es poco conocido por el público.

En cada empresa hay una obligación de compliance, cumplir con la ley. Ese término se ha vuelto una especie de etiqueta entre asesores y abogados para un sistema que fortalece a la empresa al evitar que se faciliten pagos ilícitos y fortalece a las compañías en el largo plazo.

Es cada vez más difícil para las empresas ocultar pagos irregulares, especialmente porque cualquier multinacional con cualquier vínculo con Estados Unidos está sujeta a las leyes de ahí. Estas dan un gran incentivo a las empresas a divulgar toda la información sobre individuos que han participado en actos potencialmente ilícitos.

Hace dos semanas, la fiscal adjunta del Departamento de Justicia, Lisa Monaco, anunció una nueva política. Para acceder a los beneficios de colaboración eficaz con el gobierno, las empresas deberán divulgar no solamente la lista de personas consideradas relevantes a los hechos, sino que de todos los involucrados, y dejar que el Departamento de Justicia decida quién es relevante.

Si bien es costoso para las empresas hacerlo, también hay muchos incentivos para cumplir la ley. El problema en países como Chile, Colombia y Ecuador es que no existe ese incentivo para ir primero al gobierno y declarar la culpabilidad de empresas, accionistas o ejecutivos, pero diría que esto llevaría a una ruptura.

Una vez construido un sistema de compliance, es cada vez más difícil actos ilícitos como los que hizo Odebrecht, aunque es un problema duradero, pues es un tema de cultura y lo que cambiará eso será la colaboración de las empresas, además de un buen sistema de justicia y responsabilidad penal.

Por ejemplo, ahora en Colombia vemos el caso de Carlos Mattos, quien era gerente de Hyundai en ese país y pagó coimas a una jueza que intervino en un caso que involucraba a Hyundai Colombia y la sede central en Corea del Sur. En cualquier otro sistema, el caso original tendría que haber pasado a arbitraje internacional.

BNamericas: ¿Cree que ha mejorado la regulación en el último tiempo en Latinoamérica o simplemente hay mayor demanda de transparencia por parte del público?

Carter: Los votantes identifican la corrupción como el primer o segundo ámbito más relevante a la hora de votar, ya que se están sustrayendo recursos públicos. La gente demanda responsabilidad y transparencia, ya que una cosa es perder un porcentaje de la obra pública por culpa de las coimas, pero otra cuando el público percibe que hay una élite que se está enriqueciendo a costa de su bolsillo.

BNamericas: En los últimos años hemos visto por temas de corrupción un desprestigio de gobiernos y ciertas profesiones, como abogados y asesores. ¿Qué papel tendrán los estudios jurídicos para recuperar la confianza del público, evitar casos de corrupción y mejorar transparencia?

Carter: Hay titulados de derecho que me hacen la misma pregunta. Por un lado, estamos obligados como profesión a resaltar la importancia de un estado de derecho donde no dominen los intereses de un caudillo, sino del público. 

Pero, al mismo tiempo, soy abogado defensor de mis clientes. No soy el tipo de abogado que quiere impedir cualquier investigación o entrar en trampas, porque al final no resulta ser una estrategia exitosa para los clientes.

Si se me acerca un cliente que me dice que ha pagado una coima y dice que la autoridad demanda ese tipo de pagos, ese cliente merece un abogado que le pueda explicar cómo se puede acercar a las autoridades, declarar su culpabilidad y ofrecer ayuda. 

Lo que implica defender a un cliente que ha cometido coimas es que hay mucha gente haciéndolo por un tema de cultura, porque es difícil realizar un negocio sin estos pagos. Segundo, siempre que hay una coima hay alguien que recibe esos montos. Puede ser un ministro, un presidente o un cercano a este.

Las empresas también necesitan abogados para restaurar o mejorar sus sistemas de compliance, y también para obtener los beneficios de una colaboración eficaz.

Así que yo veo el rol del abogado como central, no sólo pronunciándose en favor de un sistema de justicia eficaz, sino que también acompañando a las personas para facilitar soluciones a sus problemas.

BNamericas: Chile, en particular, está posicionado para introducir muchos cambios regulatorios, tanto por las elecciones presidenciales como por su proceso constituyente. ¿Qué paso deben dar los gobiernos, especialmente en un punto de inflexión tan crucial como el de Chile? ¿Qué medidas deben tomar para prevenir futuros casos de corrupción gubernamental?

Carter: Viendo las encuestas en Chile podemos ver la posibilidad de gane Gabriel Boric. Él ha dicho que quisiera evitar el error que se cometió en el pasado de estructurar la venta de los recursos del país, como el cobre, por medio de un sistema altamente privatizado y, según él, poco transparente. 

Su idea es crear empresas estatales para la venta de recursos como el litio, que actualmente tiene alta demanda y tendrá aún más en el futuro. 

Para evitar el riesgo obvio y alto de corrupción en la creación de una nueva empresa estatal, la verdad es que no hay muy buenas opciones.

Las que existen son la Fiscalía o, en ciertos países, la Procuraduría o Defensor del Pueblo, que pueden investigar o intentar determinar si hay condiciones de ese tipo. Pero los contralores, que en Chile tienen la función de auditores para contratos estatales, yo creo que carecen de recursos necesarios para investigar ese tipo de negocios.

Por ejemplo, si estamos preocupados por un problema de delincuencia en particular, como narcotráfico, sabemos cómo vigilar y realizar investigaciones, porque podemos, en teoría, enviar policías a observar cómo se realizan estas actividades en público.

El problema con el delito corporativo es que no es público y no hay policías en el piso 18. Lo que necesitamos son órganos como la policía, cuya responsabilidad y cuyos recursos sean suficientes para determinar si ha habido alguna actividad ilícita, y que reciba información a través de canales seguros. 

Sin embargo, algunos de estos canales, como las hotlines, tienden a ser ineficientes. En algunos casos el 8% de las llamadas que se reciben ahí tienen que ver con asuntos laborales.

Así que, en cuanto a una mayor presencia del gobierno y el aparato estatal en la economía, esto también conlleva un aumento del riesgo de corrupción, porque una empresa completamente privada con vínculos con Estados Unidos está sujeta a las restricciones de ese país, pero una empresa estatal que no tiene ningún vínculo no está sujeta a esas normas.

Esa herramienta del ecosistema de compliance no existe para empresas estatales, pero no debemos ser muy pesimistas frente a este problema. 

BNamericas: Están canales de participación ciudadana, como las hotlines que menciona y sus problemas asociados. ¿Qué otras opciones existen para que la gente participe junto con el sector público y acompañado de abogados como usted para enfrentar los problemas de corrupción?

Carter: Es problemático, porque una persona que tiene dos hijos, que maneja su auto y es detenida por la Policía que le dice que tiene problemas con su placa, es difícil imaginársela involucrándose en la lucha contra la corrupción de forma directa, incluso con un canal de denuncias. 

No me imagino que la solución universal a la corrupción esté en manos de individuos que no tienen ni los recursos económicos ni la seguridad social para arriesgarse a divulgar ese tipo de información, aunque obviamente esos canales de información deben estar disponibles.

Sin embargo, lo más importante es articular un sistema de justicia para denunciar la corrupción. El problema es que nadie quiere ser el primero en hacerlo. 

Otra forma es a través de los medios de comunicación. El periodismo es bastante importante en las denuncias, ya que tienen más recursos y son más aptos para divulgar esta información. Hay que fortalecer al periodismo para que pueda asumir las dificultades que los votantes no puedan enfrentar, aunque esto es en términos súper generales.

Nosotros, como firmas de abogados, por nuestra parte, tenemos que fortalecer un sistema de justicia y un estado de derecho donde los periodistas puedan facilitar sus investigaciones.

BNamericas: Respecto a la fusión de Arent Fox y Schiff Hardin, ¿esperan que expanda el alcance de su labor en temas anticorrupción?

Carter: Nosotros, como Arent Fox, estamos entrando en un nuevo mercado, que es Chicago, mientras que ya teníamos operaciones en Washington y Nueva York. El mayor cambio es el número de abogados. Con esto, tendremos más personas que participen en investigaciones internas corporativas, que son obligatorias una vez que se conocen actos potencialmente ilícitos.