Las fórmulas para agilizar la tramitación de proyectos mineros en Chile

Si bien Chile está apuntando a reducir los plazos de licenciamiento, el sistema de evaluación ambiental de la autoridad SEA y la obtención de permisos sectoriales específicos continúan planteando desafíos.

Mientras tanto, la comisión independiente de evaluación y productividad CNEP, cuyos miembros son designados por el presidente por un plazo de hasta cinco años, presentaron al Ministerio de Hacienda un informe con propuestas para mejorar la revisión de proyectos mineros y fortalecer su atractivo para la inversión.

Para conocer más sobre las propuestas y sobre el sistema actual, BNamericas conversa con el director jurídico de CNEP, Cristián Romero.

BNamericas: ¿Cuánto tarda en promedio la tramitación de un proyecto minero?

Romero: La minería es una industria heterogénea y existen diferencias, dependiendo de variables, como la ubicación o el acceso a recursos como el agua. En un trabajo que entregamos en marzo al Ministerio de Hacienda, identificamos once categorías de proyectos. Los que menos demoran son de la pequeña minería, que tardan entre tres a cuatro años como máximo. Esto, porque no ingresan al SEA y tienen una tramitación más simplificada.

Otros proyectos son más complejos y deben ingresar al SEA y, ahí, el promedio es de 5 años, aunque pueden tardar hasta 10 o 12 años si requieren permisos para obras hidráulicas mayores o acceder al borde costero, que es esencial para que la minería acceda a agua de mar, desalada o no, lo que también aumenta los plazos.

En resumen, un proyecto minero en general demora entre 7 a 12 años. No necesariamente los proyectos más grandes son los que demoran más. Hay medianos que demoran lo mismo o más.

BNamericas: ¿Cuál es el porcentaje de rechazo de proyectos de minería?

Romero: En minería se requieren 300 tipos de permisos, que se van desarrollando a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, desde la idea inicial hasta comenzar la operación. Estoy asumiendo que ya tiene una concesión minera de explotación y que está iniciando el proceso de evaluación ambiental o de los permisos sectoriales, que son los predios para la construcción. 

En general, los permisos de la minería tienen un porcentaje alto de aprobación, sobre 90%. El problema es la demora, porque para ser aprobado se inician varias interacciones, como los permisos del sector minero que otorga el [servicio de geología y minería] Sernageomin, o los de la Dirección General de Aguas [DGA] para obras hidráulicas, etc.

Los que tienen mayores porcentajes de rechazo tienen que ver con la localización y la [agencia de protección forestal] Conaf.

BNamericas: ¿Qué opina de los dos proyectos de ley presentados por el gobierno para reducir los plazos de trámite en un 30% y acelerar los permisos sectoriales?

Romero: El proyecto de permisos inteligentes del Ministerio de Economía abre la posibilidad de que, cuando exista un proyecto de bajo riesgo, no sea necesario requerir permiso, sino una declaración jurada o un aviso al servicio público que debe cumplir con la regulación correspondiente. Es decir, no requiere el pronunciamiento de un órgano del Estado. Eso es bueno, aunque probablemente no impacte mucho al mundo minero, ya que sus proyectos se demoran generalmente porque sus permisos son de riesgo alto.

Las más beneficiadas serán las pymes o los proyectos medianos y pequeños, no los grandes.

Lo otro importante es que busca integrar tecnología y digitalización para potenciar un sistema unificado de tramitación de permisos, y soluciona algunos temas de la DGA. 

Los 300 permisos no son el gran problema de las demoras, sino los 12 años que tardan 20 permisos. Los permisos más críticos son los de la DGA, el Sernageomin, la Conaf, el Consejo de Monumentos Nacionales, las concesiones marítimas y la RCA [resolución de calificación ambiental]. Sin esto, veo difícil que disminuyan en 30% los plazos.

También tiene cosas buenas, como eliminar el Comité de Ministros, aunque los criterios políticos no son el principal problema, sino las contradicciones entre la parte técnica, jurídica y política. Esto genera poca previsibilidad y señales confusas al inversor.

Por otra parte, se están ampliando las consultas públicas en las declaraciones de impacto ambiental, lo que podría afectar a la mediana minería, cuyos proyectos operacionales son de entre 5 a 7 años, con mayores costos y tiempos de tramitación. 

En la mediana minería, las declaraciones tardan entre 12 a 24 meses y se han ido complicando por las variables de flora, fauna y otros temas medioambientales que agregan entre 6 y 18 meses más a la tramitación. Esos son tiempos muertos para la minería.

BNamericas: ¿Cómo se puede lograr uniformidad de criterios de evaluación para evitar resoluciones distintas entre los organismos públicos?

Romero: Los 300 tipos de permisos de minería surgen de una gran cantidad de criterios, regulaciones, leyes o reglamentos. Además, la regulación es dinámica y va agregando criterios con el paso del tiempo. Lo primero es realizar revisiones permanentes de las regulaciones y de las condiciones con las cuales se otorgan los permisos, evaluar qué se pide y por qué. Ese ejercicio es esencial para mantener al conjunto de regulaciones en forma. En inglés se habla de housekeeping para mantener las buenas prácticas regulatorias.

La permanente racionalización o clarificación de los criterios es clave, aunque a veces el remedio es peor que la enfermedad. Por ejemplo, el SEA genera muchas guías en forma constante, pero al final son tantos documentos que dificulta la comprensión de los criterios vigentes.

BNamericas: ¿Se hará más complejo el sistema con la implementación del Acuerdo de Escazú? El acuerdo se refiere al derecho a una información ambiental clara y la participación ciudadana en los procesos de revisión de proyectos.

Romero: Este tratado a nivel latinoamericano busca disminuir los espacios de desconfianza y evitar las controversias innecesarias con claridad en la información y precisión. Creo que fortalecerá la certeza jurídica y eliminará la presión que existe entre la minería, las comunidades indígenas y terceros interesados en los proyectos mineros, aunque no creo que solucione todos los conflictos ambientales de la minería.

BNamericas: ¿Las mejoras del sistema requieren un nuevo marco jurídico o solo cambios administrativos?

Romero: Los 300 permisos de la minería se han ido generando a lo largo de los últimos 100 años en Chile y cada etapa del proyecto tiene distintos permisos. No es un sistema fácil, porque no existe una sola autorización integrada que permita acceder al territorio, realizar obras preliminares, construir los depósitos de relaves e iniciar las operaciones.

Se avanza en medio de varias interrelaciones entre los permisos. Por ejemplo, está la Ley Lafkenche, que es la autorización que otorga un pueblo originario que tiene acceso al borde costero en el norte de Chile, que antes no existía. Eso incide en la tramitación de las concesiones marítimas y en los tiempos de ingreso de la RCA. Por eso se deben intervenir algunos permisos.

Quizás no necesitamos una ley marco, sino algunas intervenciones regulatorias puntuales en la DGA o en Sernageomin, y tal vez contratar más gente.

BNamericas: ¿Existe algún modelo extranjero que sirva de referente para Chile?

Romero: Singapur desarrolló un modelo basado en una tecnología de gemelos digitales que entrega información satelital de la tierra, el agua, la biodiversidad, la construcción, etc. Ese país tiene un territorio muy restringido; entonces, antes de tomar una decisión de inversión, se modela y se identifican cuáles son las condiciones para aprobar el proyecto. Si queremos cambiar el paradigma, tenemos que mirar más allá de las leyes.

BNamericas: ¿Cuánto ha impactado el proceso de evaluación en las inversiones mineras?

Romero: El último año, la inversión aumentó, pero debido principalmente a Quebrada Blanca. El costo de la industria ha aumentado y el SEA ha afectado mayormente a la mediana minería, ya que la carga regulatoria se aplica de igual manera que para la gran minería. En Canadá también demoran en aprobar proyectos, porque tienen un relacionamiento muy importante con las comunidades. Para avanzar y atraer más inversiones mineras a Chile, se requiere acuerdo político y más participación de las comisiones como la CNEP para colaborar en la implementación de un sistema reformado.