Los factores que favorecen y obstaculizan el despliegue de 5G

La licitación de 5G programada para el 4 de noviembre en Brasil captará alrededor de US$9.000 millones en inversiones, pero tiene el potencial de movilizar hasta US$1,2 billones en nuevos negocios en la mayor economía latinoamericana durante los próximos 15 años.

Uno de los sectores que debería beneficiarse es el de infraestructura de telecomunicaciones, ya que la tecnología requerirá la instalación de miles de antenas nuevas y kilómetros de fibra para transporte de datos en el país más grande de la región.

Vivien Suruagy, presidenta de Feninfra, asociación que agrupa a 97.000 empresas locales de instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones y TI, conversa con BNamericas sobre las oportunidades de negocios que traerá la 5G.

BNamericas: ¿Cuál es la opinión de Feninfra sobre los términos de la subasta de 5G y las perspectivas del mercado con la nueva tecnología?

Suruagy: La 5G abre un universo de negocios muy grande para nosotros y para Brasil. Esperamos inversiones por US$1,2bn durante los próximos 15 años, sin mencionar la inversión directa vinculada a la subasta.

Los negocios que prevemos, en todos los sectores, serán enormes e irán mucho más allá del aumento de velocidad para el usuario final.

Con la nueva normalidad, el estilo de vida híbrido, surgió un nuevo tipo de relación interpersonal, que perdurará. Esto no es ni será posible sin conectividad, sin telecomunicaciones.

Tendremos mucho trabajo para mantener toda esta conectividad. Vale la pena señalar que esta licitación no solo será de 5G sino también de 4G y backhaul.

Veremos un aumento en el número de antenas de unas siete veces en promedio, si resolvemos una serie de leyes municipales para la instalación de estas infraestructuras que están totalmente obsoletas.

Estamos hablando de instalar torres, pasar fibra óptica —porque desplegar antenas significa desplegar fibra— además de desplegar redes de retorno en todos los municipios sin 4G. Como parte de las obligaciones de la licitación, habrá que desplegar 4G en carreteras, tendremos la red privada del gobierno, la red subfluvial en la Amazonía.

Proyectamos que durante los próximos tres años será necesario aumentar la fuerza laboral en 1,5 millones de personas para instalar redes y otra infraestructura de telecomunicaciones, realizar mantenimiento y atender centros de llamadas.

En este momento estamos esperando la presentación de ofertas el 27 de octubre y la apertura el 4 de noviembre para ver qué empresas ganarán y que capacidad de inversión tendrán. Hay casi 50.000 millones de reales en inversiones asociadas a la subasta, y gran parte de esa cifra se destinará a servicios.

BNamericas: ¿Será posible atender toda esta demanda de despliegue?

Suruagy: Será un desafío. Tenemos 2,5 millones de trabajadores en nuestra confederación de empresas y tenemos que capacitar y recapacitar a más o menos 1,2 millones.

Además, estamos lidiando con un éxodo de mano de obra al exterior. Tenemos una brecha de alrededor de 55.000 personas solo en el sector de TI.

La exigencia es muy alta y la 5G se implementará rápido. Nos tomó nueve años implementar 3G, más o menos; seis años para 4G y esperamos que 5G se despliegue en unos tres años.

BNamericas: Considerando el déficit de fuerza laboral y las numerosas leyes municipales que aún restringen la instalación de antenas, que se requieren en cantidades mucho mayores que para 4G, ¿es posible desplegar 5G completamente en tres años?

Suruagy: Creo que sí. Vemos que, con la aprobación de la licitación, los municipios han comenzado a moverse. Se dieron cuenta de que, si no tienen normas alineadas con el despliegue de redes, simplemente no las vamos a instalar. Si no se puede, simplemente no se puede y se quedarán atrás. Y quedarse atrás significa perder dinero.

BNamericas: La Ley Federal de Antenas fue aprobada en 2016, pero tiene pendiente su reglamentación. Siete años después, todavía persiste el mismo problema.

Suruagy: Es cierto. Pero tenemos que aceptar que los municipios tienen independencia. Eso está consagrado en la Constitución. Por mucho que exista una Ley Federal, los municipios se apegan a los detalles de la reglamentación pendiente. Y lo bueno y lo malo están en estos detalles. No hay otra forma, tendremos que dialogar y relacionarnos con los municipios para que adapten su legislación a la ley federal.

Antes, este compromiso era mucho más difícil. Ahora veo que los municipios están tomando conciencia de la necesidad de mejorar sus leyes de antenas y muchos ya lo están haciendo. No tiene sentido tener un promedio de 2.100 habitantes por antena en Brasil cuando en California, Nueva York, Canadá y Reino Unido el promedio es de 300 habitantes por antena.

Tenemos que concientizar a los municipios y a la población acerca de este tema. Con el lanzamiento de la licitación de 5G, este tema avanzará. Y quien no se alinee, se quedará atrás.

BNamericas: La seguridad de las redes y su instalación también es un tema urgente para Feninfra.

Suruagy: Brasil experimentó un auge de las telecomunicaciones. Muchas empresas, nuevos actores, terminaron entrando a este sector, en la mayoría de los casos alentadas por Anatel. Esto también trajo efectos secundarios. Llegamos a un punto en el que tenemos personal no preparado instalando redes y equipos de telecomunicaciones críticos.

Necesitamos asegurarnos de que existan empresas serias, con calificaciones técnicas, que cumplan con la normativa fiscal y tributaria, que tengan trabajadores capacitados en igualdad de condiciones. Debemos asegurarnos de tener seguridad de redes, ciberseguridad y cumplimiento a la ley general de protección de datos de Brasil. No podemos tener "extraños" en esta red.

Los equipos no se pueden alterar y deben estar aprobados por Anatel. Los organismos públicos deberían auditar a estas empresas, porque toda nuestra información está ahí, en esas redes.

Además, estamos viendo un aumento del robo de cables, que en muchos casos terminan en manos de otras “empresas” en una especie de mala jugada de Robin Hood. Lo instala una empresa seria y a la semana siguiente viene otra empresa clandestina y saca los cables. No podemos aceptar esto.

BNamericas: ¿Quiénes son estos “extraños” que menciona? ¿Pequeños proveedores de servicios de Internet?

Suruagy: Un estudio reciente muestra que el 70% de los cables robados iban a parar a proveedores de servicios de internet. No es un estudio nuestro.

Pero no son solo ellos. Están entrando nuevos actores grandes, importantes empresas de inversión. ¿Cuánto control tenemos sobre ellos? Existe un sistema extremadamente regulado para los operadores, como debe ser, y uno más libre para el resto.

Una cosa es facilitar a las empresas la entrada al mercado, pero todos deben seguir las reglas. Tenemos que evitar la precariedad de las redes.

BNamericas: ¿Esto podría ser a través de la incorporación a Feninfra?

Suruagy: No necesariamente. Es una cuestión de cumplir la ley. Tenemos muchos miembros, unos 97.000, no necesitamos nuevos.

BNamericas: Otro tema relevante para Feninfra es la renovación de la exención al impuesto sobre nómina que actualmente se debate en el Congreso.

[Nota del Editor: la medida, que beneficia principalmente a empresas con uso intensivo de mano de obra, les permite cambiar el 20% de su obligación de nómina por una tasa sobre sus ingresos].

Suruagy: Si esta exención termina, se perderán muchos puestos de trabajo.

¿Cómo podrían empresas que acaban de salir de la pandemia resistir un aumento de costos de 7,5%? Eso significa quiebra. Estimamos que se podrían perder alrededor de 430.000 puestos de trabajo.

El proyecto de ley [para renovar la exención] fue aprobado por la comisión de hacienda de la Cámara Baja y debería votarse en la comisión de constitución y justicia esta semana. Pero el relator retiró la propuesta de la agenda. Estamos presionando para que se vote de inmediato.

En su mayoría, los legisladores están convencidos de la necesidad de continuar con este programa.

Hay planteamientos de que el gobierno perdería alrededor de 10.000 millones de reales si continúa la exención. Es lo contrario. Si se pone fin a la exención, el gobierno perderá mucho más. No habrá recaudación proveniente de los ingresos de estos trabajadores, Brasil tendrá que pagar ayuda de emergencia, perderá ingresos empresariales, inversiones. Tendrá un impacto violento en la economía.