República Dominicana: asuntos que obstaculizan el desarrollo de su sector hídrico

Las restricciones presupuestarias en República Dominicana han paralizado una serie de proyectos del sector hídrico, incluida la presa de Guaigüi y la iniciativa de riego Azua II.

También no se han podido materializar los planes para aprobar la primera ley general de aguas del país, por lo que está en el limbo una estrategia nacional de saneamiento.

BNamericas conversó con Mercedes García, responsable de proyectos de agua potable y saneamiento en República Dominicana de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), sobre la lentitud de los avances y los obstáculos que enfrenta la administración del sector.

BNamericas: El año pasado se introdujo al Congreso un proyecto de ley general de aguas y otro de agua potable y saneamiento para su correspondiente debate. ¿Cuáles han sido los avances?

García: No se ha avanzado prácticamente nada. En el legislativo anterior hubo dos propuestas, pero ni se discutieron ni se debatieron, y ya no hay marco legal depositado en el Congreso.

BNamericas: La estrategia nacional de saneamiento se iba a aprobar en mayo de este año. ¿Esto también se retrasó?

García: La estrategia nacional de saneamiento todavía no ha podido empezar tampoco. Se acaban de contratar dos consultores, y la licitación se hizo ya el año pasado, pero está muy complicado el actual proceso administrativo y contable en el país. Entonces hubo que modificar el acuerdo porque el dinero para este proyecto llegó en el 2010 y el proyecto era para hacerlo en un año y medio, y ya se acabó el período de ejecución antes de que lo pudiera aprobar el [regulador nacional del sector] Inapa. Ahora esperamos realmente empezar el trabajo.

BNamericas: ¿Qué ha provocado los retrasos en ambos proyectos?

García: Los retrasos principalmente para la ejecución de un proyecto una vez que ya está en marcha o que ha sido aprobado son un elemento administrativo. El país tiene un nuevo sistema nacional de inversión pública como una nueva norma técnica que cambia todos los años. Es un sistema creado para garantizar más transparencia en el asunto, pero el problema es que es difícil de manejar y tarda para que las inversiones sean aprobadas por la Contraloría. Es difícil para todas las administraciones hasta que aprendamos un poco cómo hacer este procedimiento, pero es especialmente difícil en el Inapa porque depende de Salud Pública y todas las decisiones tienen que pasar por tal ministerio.

BNamericas: Parece como si hubiera una falta de coordinación y de autonomía en las instituciones del sector hídrico del país.

García: Falta alguien [una institución centralizada] que tome las decisiones. Crearon hace un año el consejo directivo del agua, que está conformado por varios ministerios. Cuando se creó este consejo, el decreto reconocía que la mesa de agua seguía como el órgano consultivo técnico del sector que estaría a cargo de analizar las propuestas. La mesa de agua había participado en la elaboración de los proyectos de ley presentados al Congreso el año pasado. El consejo sería una instancia superior a la mesa de agua en la que esta se apoya, pero al final el consejo decidió que no quería este organismo, porque no quieren seguir siempre las opiniones técnicas de la mesa; entonces, ya no hay mesa de agua.

BNamericas: ¿Qué camino se seguirá de ahora en adelante?

García: La mesa de saneamiento se reúne por primera vez el 22 de agosto y vamos a ver que resulta de ahí. Van a estar las mismas instituciones que formaron la mesa del agua. Inapa está convocando la mesa. En la primera reunión vamos a fijar las metas y el programa incluida la estrategia nacional de saneamiento. Para el 20 de septiembre tienen que presentar el proyecto de desarrollo de una estrategia de saneamiento. A partir de ahí, los consultores contratados tienen 12 meses para prepararla.

BNamericas: ¿Cree que es posible una ley nacional de aguas en el costo plazo?

García: Yo creo que no, aunque ha sido una prioridad desde hace muchos años. Hay muchos donantes, hay muchas empresas interesadas en desarrollar el sector, pero, claro, nadie quiere invertir en un proyecto presupuestario con la debilidad institucional que hay si no existe un marco regulador ni un marco legal.