Moody’s elogia fortaleza de contratos colombianos de concesión de infraestructura

Las alianzas público-privadas del programa de infraestructura de cuarta generación (4G) transformaron la movilidad en Colombia con la construcción de múltiples obras, principalmente de vialidad. Los proyectos de quinta generación, en general multimodales, acumulan una nutrida cartera por desarrollar para seguir modernizando la infraestructura del país.

Errores iniciales posteriormente subsanados en el presupuesto nacional de 2024 y el anuncio de un decreto que se promulgará este mes han creado un clima de incertidumbre en Colombia por el temor a que pudieran verse afectadas las concesiones actuales o futuras. El decreto permite reprogramaciones presupuestarias de proyectos de infraestructura ejecutados en múltiples períodos fiscales cuando no avancen de acuerdo con su cronograma. 

En esta entrevista, BNamericas conversa con Adrián Garza, vicepresidente y oficial de crédito sénior de la calificadora Moody's, quien insiste en que el modelo de concesiones del país es sólido.

BNamericas: ¿Cuál es el principal reto que enfrenta Colombia en materia de infraestructura?

Garza: El modelo de concesiones de carreteras colombianas lo vemos muy sólido. Los contratos de concesión tienen cláusulas que los hacen muy amigables con el sector financiero, muy bancables, incluidos pagos por terminación que cubrirían la deuda, si fueran el caso. Existe una forma definida que no necesariamente la vemos en otras jurisdicciones. 

Además, en el caso particular colombiano, muchas de las carreteras de iniciativa pública tienen vigencias futuras y diferencias de recaudo, que básicamente reducen de manera muy significativa la exposición al riesgo de baja demanda en la carretera.

El tráfico en este tipo de concesiones se compensa si no se llega a las expectativas iniciales. Los pagos no ocurren de forma anual, toman más tiempo, pero al final del día hacen que el concesionario o el proyecto no asuma un riesgo de demanda de tráfico muy alto. Esas son fortalezas fundamentales de los contratos de concesión.

BNamericas: El año pasado se emitió un decreto que congeló los peajes de las carreteras. ¿Cómo afectó esto a las concesiones?

Garza: Se creó un poco de incertidumbre, pero todos los contratos de concesión contemplan estos escenarios y la expectativa es que, si no se aumentan tarifas, se compensa. Cada concesionario tiene que hacer una solicitud cada trimestre para que le compensen este dinero.

Probablemente, una concesión dejó de recibir los recursos por el aumento por inflación durante algunos meses, pues tarda tiempo. En general, el año pasado hubo un clima de incertidumbre alrededor del aumento de las tarifas por inflación, porque en Colombia la inflación ha sido incluso más alta que en otros países.

En enero de este año, el gobierno permitió aumentar las tarifas conforme a la inflación de 2022. Ahora está pendiente el incremento tarifario relacionado con la inflación de 2023.

De acuerdo con los decretos del gobierno, ese incremento deberá suceder este año, porque el decreto inicial que congeló las tarifas desde 2023 decía que las tarifas deberían de llegar a su valor corriente a finales de 2024. Entonces, ahora el mercado espera que haya un aumento adicional para recuperar la inflación de 2023 durante este año.

Hasta ahora la [agencia estatal de infraestructura] ANI y el Gobierno de Colombia han cumplido sus obligaciones bajo los contratos. Hasta donde sabemos, en las concesiones que nosotros calificamos, las empresas han recibido las compensaciones. Las fortalezas de las concesiones y las instituciones han prevalecido.

En general, las carreteras que tienen 100% de riesgo de demanda son más sensibles a la falta de ajuste tarifario.

Yo diría que, en el tema de riesgo social, en Colombia ha habido medidas concretas que temporalmente generaron clima de incertidumbre, pero todo parece que ha llegado a buen puerto y la ANI y el gobierno han respondido.

Queda todavía un poco de incertidumbre sobre qué va a pasar con el aumento que corresponde a la inflación de 2023.

BNamericas: ¿El anuncio de que las vigencias futuras se pueden reprogramar contra el avance de las obras también puede generar incertidumbre?

Garza: Las vigencias futuras casi siempre son contra avance de obras. El concesionario construye, termina y, a cambio de eso, se empiezan a entregar peajes y vigencias futuras.

Esas declaraciones no nos causan ahora mayor ruido. Nuestras calificaciones descansan en la obligación por parte del gobierno de presupuestar y pagar estas vigencias futuras como se acordó. Si cambian las condiciones, eso tendría impacto en las calificaciones, lo cual no se ha dado. 

Este año hubo un primer presupuesto que no identificaba a quién se asignaban las vigencias futuras, pero todo parece indicar que fue un error más bien administrativo, no un cambio de la posición del gobierno respecto a la voluntad de pago y a su capacidad de pago, lo cual es importante.

El error administrativo se resolvió en un segundo decreto y la tarea que hemos hecho en estos días es confirmar con los concesionarios que estos recursos están en presupuesto.

Cualquier debilitamiento de las instituciones o cambio en la posición del gobierno respecto a su voluntad de pago de estas obligaciones sería, para nosotros, un elemento negativo para las calificaciones de estas carreteras.

Adicionalmente, no solamente sería negativo para las concesiones de carreteras futuras que se quieran financiar. Se cerrarían probablemente muchas puertas desde el punto de vista de acceso al financiamiento y eso incluso podría tener impacto que permearía a otro tipo de empresas, como Ecopetrol, en lo relativo al acceso a financiamiento.

Podría haber implicaciones más allá de las concesiones carreteras como tales. Hay muchos desincentivos en cuanto a cambiar las reglas de juego en materia de concesiones carreteras.

BNamericas: ¿Cómo ve 2024 en términos de infraestructura en Colombia?

Garza: El caso de carreteras lleva ya su ritmo y evolución, pensamos que eso va a continuar.

Tras terminar un gobierno que alentó el flujo de las concesiones, hubo mucho ruido desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, pues entró con una postura muy agresiva en cuanto a la transición energética. Es una postura positiva, pero era tan agresiva que el mercado la interpretaba como poco realista en la práctica y, obviamente, había preocupación sobre la disponibilidad de gas natural o el rol de este combustible en Colombia.

Todos pensamos que el desarrollo de la energía renovable no convencional, es decir, la solar y eólica, es muy importante, pero en el caso particular de Colombia, si bien el gobierno busca desarrollar esos proyectos, en la práctica le ha costado trabajo. Hay muchos temas sociales y de infraestructura de transmisión que han limitado ese desarrollo.

Ha quedado un poco en el aire saber cuándo y cómo se van a desarrollar esos proyectos de energía renovable no convencional y la transmisión relacionada.

Además, Petro va ya prácticamente en la mitad de su administración, entonces cada vez es más difícil que haya un cambio dramático.

Colombia actualmente tiene capacidad de generación suficiente y, además, ha mejorado su capacidad de generación térmica, lo que es muy relevante para épocas como la de El Niño. 

Creo que los retos están en la falta de velocidad para seguir impulsando la infraestructura. Particularmente en el sector de energía puede que se traduzca en algunos cuellos de botella o problemas en el futuro, lo que puede derivar en volatilidad de precios y tal vez en incentivos para que el gobierno interfiera en tarifas eléctricas, pensando en los consumidores.

BNamericas: En cuanto a infraestructura de proyectos de quinta generación, ¿qué perspectivas se ven para este año?

Garza: Hay que destacar la importancia de que el mercado y los concesionarios se sientan cómodos con las señales del gobierno, que vean que las instituciones prevalecen y que las reglas del juego no cambian, porque de otra manera va a haber menos apetito.

Las concesiones 5G son tan fuertes como las 4G. Lo importante es que las señales que envíe el gobierno sean tales que den confianza para que haya acceso a financiamiento.

Algo muy relevante desde el punto de vista de acceso a los mercados de capitales internacionales es que Colombia tiene grado de inversión ‘Baa2’ estable por parte de Moodys. Es decir, sigue teniendo una buena calidad crediticia. Conservar ese grado de inversión es importante para que siga teniendo acceso a financiamiento internacional.

BNamericas: ¿Cómo puede influir la situación económica internacional en el apetito de los inversionistas en infraestructura? 

Garza: Nuestra mayor preocupación es que las tasas altas de inflación se puedan traducir en incentivos para que los gobiernos interfieran y cambien las reglas del juego. En algunos casos pudiera darse que, si hay mucha presión por el lado de los costos y no se puede trasladar las altas tasas de inflación a precios, se puede crear un déficit y reducir la rentabilidad.

Sin embargo, eso no ha sido un tema tan relevante en Colombia.

Por el lado social, el reto es la inflación. Por el lado de tasas de interés, hay proyectos que a lo mejor son menos rentables por el costo de la deuda o proyectos que, tal vez, no son viables con las condiciones actuales y puede ser que tengan que refinanciar o tomar créditos de corto y mediano plazo, pensando en mejores condiciones.

La mayoría de los proyectos y las empresas que calificamos en Colombia tienen buen acceso al mercado de capitales, a financiamiento bancario y a buenas fuentes de liquidez.