¿Podrá Mendoza sortear los obstáculos legales y aprovechar su potencial minero?

La provincia occidental argentina de Mendoza intenta destrabar su potencial minero tras años de un persistente sentimiento adverso.

La jurisdicción podría llegar a producir 500.000t/a de cobre en solo cuatro proyectos e incluso superar el millón de toneladas anuales con ocho, según la hoja de ruta planteada por la empresa estatal autónoma Impulsa Mendoza, entidades privadas e instituciones académicas.

El plan Pilares de Impulsa Mendoza estima que entre 2024 y 2050 se requerirían inversiones anuales de US$100 millones para exploraciones y estudios, y otros US$ 13.000 millones para arrancar la producción. Con esto, la provincia podría generar US$2.900 millones anuales en ingresos por exportaciones, además de miles de empleos.

Sin embargo, la Ley Nº7.722 limita la posibilidad de desarrollar proyectos mineros y podría ser un obstáculo en el avance de la iniciativa Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), con el cual las autoridades locales quieren impulsar un centenar de proyectos de exploración.

Edwards Gajardo, fundador del medio Mendoza Minera, comparte detalles de MDMO y del entrampamiento que enfrenta la industria minera en esta jurisdicción argentina de gran potencial.

BNamericas: ¿Por qué la minería no ha podido florecer en Mendoza?

Gajardo: Principalmente por la Ley Nº7.722, que desde 2007 prohíbe el uso de sustancias como el ácido sulfúrico, cianuro y mercurio, y el proceso de lixiviación. Además, exige que las declaraciones de impacto ambiental [DIA] de los proyectos pasen primero por la autoridad minera y la dirección de protección ambiental de Mendoza para luego obtener un aval político en la legislatura. Finalmente, son dos cámaras, 38 senadores y 48 diputados, quienes aprueban los proyectos, cuya votación se realiza de acuerdo al ánimo o la ideología y no por razones técnicas.

BNamericas: ¿En qué consiste el proyecto MDMO?

Gajardo: Técnicamente, es un invento para saltarse las limitaciones de la Ley Nº7.722, ya que hoy existe interés por destrabar el potencial de cobre que existe en el valle de Uco, en el departamento de Malargüe, frente a los proyectos chilenos Los Bronces, El Teniente y Andina, y también al norte, cerca de San Juan. Además, Malargüe tiene licencia social y, por lo tanto, hay menos posibilidad de oposición.

BNamericas: ¿Por qué presentaron una DIA colectiva para los proyectos de MDMO?

Gajardo: Esa DIA abarca un polígono de una superficie de casi 20.000km2, cerca de 1,9 millones de hectáreas, con 350 propiedades y más de 100 proyectos, donde se crearía el distrito minero. Los informes de impacto ambiental se enviaron por grupos con la finalidad de conseguir una aprobación conjunta y obtener el filtro político de una sola vez.

En una primera etapa se eligieron 34 proyectos de prospección que ya están aprobados por la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental local, quienes participaron en la realización del informe colectivo. Ahora ese expediente está en revisión en las comisiones de la Cámara de Diputados y, si es aprobado, pasará a votación en el Senado hasta conseguir el aval político. Este procedimiento fue visto como una solución para sortear la limitación de la ley antiminera, al menos para la etapa de exploración.

BNamericas: ¿Qué rol ha tenido la empresa Impulsa Mendoza en este proceso?

Gajardo: Es el impulsor de MDMO, contrató al personal técnico para la elaboración de los estudios de impacto ambiental, reunió a los propietarios de la zona y está defendiendo las 34 DIA de los proyectos.

BNamericas: ¿Los dueños de las propiedades en el polígono tienen las condiciones para desarrollar los trabajos exploratorios?

Gajardo: Varios propietarios no tienen recursos, por lo tanto, dependen de socios. Esa búsqueda será más fácil con la DIA y el filtro político aprobado. La idea es dejar un estándar para una segunda etapa de MDMO donde se presentaría otro conjunto de proyectos.

BNamericas: Para la fase de explotación posterior, en el marco de MDMO, ¿habrá una mejor disposición de la legislatura a aprobar los proyectos? 

Gajardo: Si los resultados de las exploraciones son buenos y encuentran mineralización para explotar, se tendrá que realizar todo el procedimiento técnico de nuevo para obtener la aprobación de explotación. Un tema clave será que aprueben la explotación en el proyecto San Jorge, ya que si este gobierno lo frena, dará una señal negativa para los inversores que quieren venir a explorar en el marco del MDMO.

BNamericas: ¿Qué dificultades ha tenido el proyecto de cobre San Jorge, hoy de la rusa Aterra Capital, en Mendoza? 

Gajardo: San Jorge era de Coro Mining cuando se creó la Ley Nº7.722 y no pudo avanzar porque consideraba lixiviación. Los cálculos indicaban una producción de 40.000t/a de cobre concentrado, además de otros minerales para una vida útil de 16 años. Entonces, diseñaron un plan B con la idea de llevar el mineral oxidado hasta San Juan y hacer allá la flotación.

Esa DIA se aprobó en 2011, pero en medio de las elecciones de gobernador, ese año el candidato peronista Francisco Pérez pidió a los legisladores rechazar el proyecto, porque creía que si lo apoyaba podría afectar su carrera. Finalmente, San Jorge se archivó y la minería se terminó de sepultar en Mendoza, aunque ahora hay algunos movimientos que buscan retomar el impulso.

BNamericas: ¿Aparte del sector político, quién más ha entorpecido el avance de la minería en Mendoza? 

Gajardo: El sector vitivinícola de la provincia ha sido un opositor fuerte. Los empresarios y bodegueros han señalado que la minería les puede contaminar el agua. También ha influido la actividad petrolera, que es nuestra principal actividad, y varias organizaciones ideologizadas de distintas partes de Argentina apoyan ese movimiento.

BNamericas: ¿Qué tipos de bloqueos han generado los grupos opositores a la minería en Mendoza?

Gajardo: Bajo la administración del gobernador Julio Cobos en 2005, y estando Carlos Monjo como director de Minería, presentaron en la [convención minera] PDAC de Canadá varios proyectos de exploración con base en el Plan Cordillerano, que había realizado [el servicio geológico minero de Argentina] Segemar, donde se identificaron zonas con potencial.

Se logró atraer empresas júnior, e incluso Anglo American adquirió propiedades en Mendoza a la altura de Los Bronces en Chile. Pero aparecieron los grupos antimineros en la zona del valle de Uco, que comprende los departamentos de Tupungato y San Carlos, a la altura de El Teniente [operación minera de Codelco], donde hay potencial.

En ese período aumentaron las áreas protegidas, incluida una zona alrededor de Laguna del Diamante, que estaba incluida en el Plan Cordillerano, y no se pudo hacer nada.

BNamericas: ¿Cómo el proyecto Potasio Río Colorado (PRC) en Malargüe ha logrado mantenerse en el tiempo?

Gajardo: Porque es un yacimiento de potasio y, al involucrar sales, no cae en la categoría metalífera. El yacimiento de PRC ha pasado por distintos dueños. Fue comprado por Rio Tinto en el 2000 y luego en 2009 lo vendió a la empresa brasileña Vale, que finalmente lo abandonó en 2013, cuando el precio del potasio bajó de US$900/t a US$400/t. 

Fue una desgracia para la provincia, ya que era un proyecto grande. Se habían invertido US$1.500 millones y se planeaba producir 7 millones de toneladas anuales. Era positivo para el empleo y las regalías. Luego se creó la empresa Potasio Río Colorado, que recibió los activos de Vale, para después entregar el proyecto al empresario José Luis Manzano, que a la fecha solo tiene en carpeta la construcción de una planta piloto y varios problemas logísticos.

BNamericas: Los proyectos metalíferos Cerro Amarillo y Hierro Indio han estado en exploración, luego de que las cámaras legislativas de Mendoza aprobaran sus informes.

Gajardo: Cerro Amarillo comprende cinco pórfidos de cobre y Hierro Indio, un pequeño yacimiento de hierro cerca de Malargüe. Ambos tuvieron la oportunidad de progresar bajo la gobernación de Rodolfo Suárez [2019-2023], cuando la Nación entró en crisis por la inflación, desempleo y pobreza, ya que la minería volvió a aparecer como algo necesario para la provincia.

En 2019 se logró la aprobación en la legislatura para la exploración de Hierro Indio, lo cual fue celebrado como si hubiésemos descubierto Escondida [la mayor mina de cobre a nivel mundial, de propiedad de BHP en Chile]. Mientras tanto, la DIA de Cerro Amarillo fue aprobada el año pasado y pasó el filtro político en medio de un debate donde surgió la idea de crear un distrito minero en Mendoza. Su explicación era permitir el desarrollo de la minería en la provincia sin limitaciones, y así surgió el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental.

BNamericas: ¿Qué otras iniciativas está realizando Mendoza para impulsar el sector minero?

Gajardo: Mendoza tiene potencial también en otras zonas que no cuentan con licencia social. Mientras tanto, el gobierno se ha sumado a la Mesa del Cobre, donde participan otras provincias como San Juan. Lamentablemente, Mendoza y Chubut son las dos regiones más antimineras de la nación. Dicen que la Ley Nº7.722 fue creada para proteger el agua, pero al único sector económico que se ataca es a la minería y no a otros.