¿Pueden las mineras resistir las alzas impositivas propuestas por México?

La Secretaría de Hacienda de México propuso aumentar dos derechos especiales para la minería en el proyecto de ley de presupuesto federal 2025.

El gobierno argumenta que la propuesta responde a los precios récord que han registrado  los metales, que se han traducido en mayores ganancias para las mineras, por lo que considera “de vital importancia” que paguen una tasa que represente una compensación justa para el Estado.

“Considerando que los minerales y sustancias del subsuelo son bienes de dominio público no renovables, se propone incrementar los derechos especial y extraordinario sobre minería, elevando las tasas del 7,5% al 8,5% y del 0,5 al 1%, respectivamente, tal como se establece en los artículos 268 y 270 de la ley federal de derechos”, señala el proyecto de presupuesto.

Al conocer la iniciativa, la cámara minera Camimex advirtió que, de aprobarse en el Congreso, la medida pondría en unos US$7.000 millones en inversión en nuevos proyectos en los próximos dos años.

BNamericas conversó con Mario Hernández, socio líder de práctica fiscal minera de KPMG, sobre lo que representan estas alzas impositivas para las compañías mineras y para la inversión extranjera directa (IED) en México.

BNamericas: ¿Las empresas mineras tienen margen para afrontar el alza de derechos especial y extraordinario que propone Hacienda en el presupuesto 2025?

Hernández: Fue sorpresa que en el paquete económico se incluyeran incrementos a los derechos mineros porque no se había comentado en ningún foro la intención de incrementar estos derechos. Estos derechos fueron establecidos hace muchos años, en 2014, en la ley federal de derechos. No se habían revisado todos estos años, y no esperaba la industria que hubiera incrementos en los derechos especial y extraordinario.

Lo que diría es que no podemos generalizar. Hay empresas mineras muy eficientes en su operación y, por tanto, su margen de utilidad es más alto. Pero hay otras que por la topografía donde se encuentran sus minas, el acceso ―si es una mina abierta, si es una mina subterránea―, probablemente los costos de operación sean mayores y obviamente sus márgenes de utilidad son menores. Cualquier incremento en sus impuestos o derechos va a tener impacto significativo en su operación. 

Puede haber empresas que tengan posibilidad de absorberlos sin ningún problema y puede haber empresas que se vean afectadas económicamente. Obviamente, la industria minera no es una industria donde puedes decir, como me subieron los derechos mañana cierro la mina y me voy, son proyectos de muy largo plazo. 

Obviamente, tendrán un impacto en el retorno sobre la inversión planificada por proyecto, pero no esperamos ver minas abandonando el país. Definitivamente, tendrán que buscar la manera de sortear estos nuevos incrementos y ver cómo poder seguir siendo eficientes de acá en adelante en caso de que se aprueben, porque se encuentra en el Congreso todavía en revisión. 

BNamericas: ¿Cuánto de los ingresos de las mineras hoy se van en pago de impuestos en México?

Hernández: La carga tributaria de estas empresas es muy alta. Al igual que cualquier otra empresa mexicana pagan el 30% de ISR, el 10% del PTU (participación de los trabajadores en las utilidades) a sus empleados, pagaban el 7,5% sobre la diferencia positiva entre ingresos acumulables y deducciones autorizadas, que ahora se propone incrementar a 8,5%, pagaban el 0,5% sobre la venta de plata, platino y oro, que ahora se propone incrementar al 1%. 

Si lo sumas, pues prácticamente estamos hablando del 50% de sus utilidades se destinan al pago de impuestos y derechos y obligaciones laborales con los empleados. 

El cambio que hubo en la ley federal del trabajo en 2021 donde se eliminó el tema del outsourcing laboral generó un impacto importante en la PTU. Ese fue un impacto que afectó en la operación, y ahora viene esta propuesta de derechos mineros. 

Sí se ha venido incrementando la carga tributaria a las empresas, y en México tenemos dos grandes grupos de empresas mineras: el grupo de empresas mineras mexicanas, y tenemos un gran grupo, se estima que el 60% de las empresas mineras en México son de propiedad canadiense. Son empresas públicas que cotizan en la bolsa Ontario, Toronto y Vancouver, tienen que reportar cifras a inversionistas, stakeholders y un cambio en nivel de impuestos que pagan en México es algo que tienen que notificar a sus accionistas, a sus inversionistas, porque tendrá impacto en el retorno sobre de sus inversiones en México.  

BNamericas: ¿Qué otros factores afectan las operaciones mineras en México?

Hernández: Hay otros cambios que están en camino. El año pasado se limitó la tenencia de las concesiones mineras de 50 años a 30 años, ahora es mucho más difícil obtener una concesión minera, los requisitos para obtener una concesión ahora son más estrictos en tema de uso de agua, de afectación a comunidades indígenas, afromexicanas, rurales. 

Todo esto ha venido complicando un poquito más la vida de las empresas y ahorita el gran temor que existe, que no afecta a todas las empresas, pero sí a la gran mayoría, es la posible prohibición de las minas a cielo abierto que está en el tintero. Se está proponiendo y no sabemos si se vaya a aprobar. Pero si se prohíbe la explotación a cielo abierto, tendríamos que ver si afecta a las que están operando o afecta únicamente a las nuevas minas que quieren operar en el futuro.

No debiera ser retroactivo, no debiera afectar a las concesiones que ya están otorgadas. 

BNamericas: ¿Cómo ha afectado la reforma minera de 2023 a las empresas mineras?

Hernández: No se están otorgando nuevas concesiones mineras, está parado, detenido. Hay empresas mineras con planes de invertir en México, pero desafortunadamente no se otorgan y tienes que comprar concesiones que ya están otorgadas en el mercado, o comprar minas o empresas mineras en operación; pero sí, el otorgamiento de nuevas concesiones mineras está detenido. 

Y el problema que estamos viendo es que es mucho más restrictivo en permisos para el uso de agua. En México tenemos el problema de accesibilidad del agua y obviamente estas empresas son consumidoras de grandes cantidades de agua y el agua que utilizan en sus procesos mineros no es reciclable por los químicos mortales para la vida humana y de animales. 

El gobierno está tratando de cuidar el uso del agua y está siendo más restrictivo en el otorgamiento de nuevas concesiones.

BNamericas: ¿Qué efectos puede causar las nuevas alzas en derechos mineros de aprobarse  si bajan los precios de los metales como oro y plata?

Hernández: La mayoría de los metales tienen un mercado público: el oro, la plata, el zinc, el cobre, el platino. Todos tienen un mercado donde se cotizan libremente. El precio lo determina el mercado. ¿Qué está pasando ahorita? Con la elección del próximo presidente de Estados Unidos hubo incrementos de las criptomonedas, en las bolsas de valores, pero hubo decrementos en los metales preciosos. 

¿Quién puede prever para dónde se va a mover el valor de los metales? Si a la bolsa le va mal, el valor de los metales sube, y si a la bolsa le va bien, el valor de los metales baja. No hay quien ni qué pueda decir que de acá a 5 años el valor de oro estará en US$3.000/oz. No lo puedes garantizar porque el mercado puede fluctuar y se puede venir el valor del oro tan bajo como a US$1.000 o como a US$5.000.

Las empresas venden mineral procesado a valor de mercado. Si el valor del mercado está muy alto tienen utilidades muy altas y si valor mercado cae, sus utilidades se caen, y sus costos de operación no varían, son fijos, su carga tributaria es fija. Lo mismo pasó cuando establecieron estos derechos mineros hace años, uno de los justificativos es que el valor de los metales estaban a valores récord, pero no se puede garantizar. 

Se tiene la creencia de que las empresas mineras son empresas que generan muchas utilidades, pero también las empresas mineras requieren de mucha inversión en maquinaria y equipo, en las concesiones, en exploración, en el desarrollo de infraestructura, en la construcción de la mina, en pago de salarios. Requieren cantidades millonarias para poder extraer el mineral de la tierra y poder venderlo procesado.

Hay empresas que operan con márgenes muy bajos porque los precios de los metales están bajos. Si a la construcción le va bien, el aluminio sube y el cobre sube, y viceversa. Está muy interrelacionado el valor de los metales a la situación de la economía a nivel mundial. Una guerra como la que está ocurriendo actualmente también puede subir el valor de los metales o puede hacer que se caigan. 

Si aumentan los derechos que pagan las empresas mineras y bajan los precios de los metales, puede verse afectada la rentabilidad de las empresas porque al facturar menos, generan menos utilidades, y obviamente pagan menos impuestos, pero a tasas más altas. 

BNamericas: En el contexto actual, ¿cómo pueden afectar estas nuevas alzas tributarias a las empresas mineras que ven a México como un destino atractivo para invertir?

Hernández: Creo que ahora, y lo vivimos hace 6 años cuando el presidente [Andrés Manuel López Obrador] AMLO empezó su periodo presidencial, había mucha expectativa de parte de los inversionistas de qué iba a pasar en México, si iba a tender hacia la protección del mercado mexicano, hacia la protección del medio ambiente, del agua y todo eso iba a afectar a la IED. 

Durante estos años, si bien hubo cambios, la IED siguió fluyendo a México, no con los mismos niveles de años, pero siguió fluyendo. 

Ahora estamos en un parteaguas muy interesante porque tenemos nueva presidenta y todos los inversionistas están a la expectativa de si seguirá la política del presidente anterior o si va a dar un giro y cambiará hacia otro rumbo. Todos están esperando qué pasa hacia la IED. Y el segundo parteaguas es que Estados Unidos está cambiando de presidente y la campaña del presidente fue muy agresiva en contra de México, de la inversión extranjera y el T-MEC.

No sabemos qué tanto podemos esperar de una política agresiva de Estados Unidos hacia México, que pueda afectar la inversión en México. No sabemos qué tanto pueda cambiar el rumbo de México hacia la protección de la IED. Hay una preocupación muy fuerte con la reforma judicial, que ya fue aprobada, ya está en proceso y todavía no está 100% en vigor porque hay elecciones que no se han llevado a cabo, pero todos están viendo qué va a pasar para ver si la inversión tendrá seguridad jurídica o no. Es un entorno de suspenso, no sabemos qué va a pasar.

Obviamente, el incremento de impuestos nunca son buenas noticias para nadie. Sin embargo, se veía venir por las reformas que han venido ocurriendo a la ley minera, la expropiación de minas extranjeras, lo que ocurre con la industria minera, que siempre ha sido criticada o cuestionada en cuanto al trato a los trabajadores, a la protección, a la seguridad. 

En mi opinión, es una industria muy cumplida que ha traído mucha modernidad a México. En realidad, las operaciones de las minas actuales ya no son como las que teníamos hace años, que eran mano de obra intensiva, ahora están muy automatizadas, usan robots, usan IA, mucha información para efectos de ser más eficientes. Todo eso ha ayudado a las empresas a ser eficientes. 

Lo que podemos recomendar a las empresas es empezar a hacer proyecciones del impacto en sus derechos corrientes y diferidos, cuánto van a pagar a futuro derivado de este cambio en los derechos mineros, y cómo puede impactar sus operaciones, y obviamente evaluar los nuevos retornos sobre la inversión que tenían al iniciar el proyecto y cuáles son los que van a obtener derivados de este cambio.