¿Quién pagará la transición ecológica de los países en desarrollo?

Chile se convirtió en el primer país de Latinoamérica con sobregiro ecológico en 2022, lo que quiere decir que ya gastó todos los recursos naturales que puede regenerar en el año. 

Esto se da en medio de las discusiones internacionales en torno a los acuerdos del clima y las necesidades de financiamiento de los países en vías de desarrollo para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.

A nivel local, Chile está entrando en las fases finales de su proceso constitucional previo al referéndum del 4 de septiembre, donde se votará una propuesta que, entre otros aspectos, busca acelerar la transición ecológica.

En este contexto, BNamericas conversó con Alberto Contardo-Sfeir, fundador de la firma local de productos biodegradables Empaque Sustentable, acerca de la responsabilidad de los países frente a esta deuda ecológica y las causas del sobregiro de Chile.

BNamericas: En las conversaciones mundiales sobre el clima, uno de los temas más controversiales es el de “pérdidas y daños”. Los países en vías de desarrollo han pedido más acción al respecto, pero enfrentan oposición de las naciones industrializadas, que también se han opuesto a la idea de discutir compensaciones. ¿Cree que eventualmente la discusión tienda hacia las compensaciones?

Contardo-Sfeir: Hay antecedentes en el mundo corporativo sobre esto. Cuando hay algún tipo de entidad, institución o persona que ha incurrido en daños sistemáticos por un período prolongado, y luego es posible validar que ha generado daños en el tiempo, es lógico desde el punto de vista punitivo compensar a quienes han sido dañados.

Esto ha sucedido en casos muy mediatizados en las industrias del tabaco y comida rápida, o asociados a temas culturales como genocidios o abusos a otras culturas.  

Entonces, la lógica que impone es jurídica, hay antecedentes históricos y es lo razonable. Esto es un tema que estuvo fuera de la discusión de la COP hasta la cumbre del año pasado en Escocia, y ahí comenzaron estas fricciones porque lógicamente la gente que tiene que hacerse cargo de esta deuda histórica no la quiere pagar.

Los países que hoy tienen que hacer un salto cuantitativo en su forma de desarrollar su modelo económico, social y de consumo no tienen los recursos para hacerlo.

Las economías en desarrollo tienen que saltar de una economía agraria a una economía industrial, y además rápidamente acelerar a una industria 4.0 donde están los procesos completamente digitalizados y automatizados.

Ese salto, que para los países desarrollados fue progresivo y que en 200 años de revolución industrial fue destruyendo países pobres, evita que estos últimos hagan el salto en el corto plazo. 

Yo viví en China varios años y participé en foros de desarrollo social y temas medioambientales. En una ocasión me tocó ver a dos pesos pesados de la política internacional china y alemana respectivamente, y en ese diálogo la parte china decía: “[Alemania] tiene la tecnología para ayudarnos a nosotros a dar este salto y dejar de contaminar. Por eso ustedes son tan responsables como nosotros. Pero en vez de colaborar en esa solución la quieren vender”. 

La colaboración en este espacio es lo mínimo que se requiere, más aún en un mundo en el que, tras el covid, se imprimen US$8 billones de dólares o más para ayudar a empresas a que no caigan, pero en ese mismo escenario en el ámbito medioambiental y social, no se quiere hacer ese mismo aporte para ayudar a los países en vías de desarrollo. 

Entonces, es comprensible que los países que están forzados a hacer el salto cuántico en su desarrollo económico demanden una compensación que los ayude a invertir, si no el salto es muy complejo.

BNamericas: ¿Qué sectores económicos en Chile tienen la mayor responsabilidad de la deuda ecológica?

Contardo-Sfeir: Lógicamente los negocios que están asociados a una economía extractivista tienen un impacto que debe ser mitigado, eliminado y compensado. Por otro lado, todas las industrias que generan desechos y residuos también deben mitigar, eliminar o compensar ese impacto.

En realidad, toda la economía tiene que replantear la forma en que generamos riqueza, y preocuparnos tanto de la génesis de cómo generamos valor y del final del ciclo de consumo, el cual no debería tener desechos o un impacto social negativo.

BNamericas: Una cosa es hablar de deuda de los sectores público y privado a nivel interno, pero Chile depende en buena medida de sus exportaciones ¿Qué peso tienen los socios comerciales exteriores de Chile en la deuda ecológica?

Contardo-Sfeir: La deuda ecológica se debe ver desde el punto de vista de la economía local. Si yo estoy gastando más de lo que puedo efectivamente gastar acorde a mis ingresos, la responsabilidad no está en aquellos que me ofrecen cosas que yo puedo seguir consumiendo. La responsabilidad está en que yo estoy gastando más de lo que debo, o mi deber es aumentar mis ingresos para subir mis gastos de manera proporcional.

Entonces, yo no creo que la responsabilidad sea de nuestros socios comerciales, sino que tiene que ver cómo en Chile innovamos y cambiamos nuestra forma de generar riqueza a todo nivel, no solo a nivel personal, sino también respecto de los bienes y servicios que luego se transan a nivel nacional e internacional.

Esa es la lógica con la cual se percibe este concepto de estar “sobregirado” con base en los recursos naturales. 

BNamericas: ¿Piensa que el borrador constitucional avanza con respecto al manejo de esta deuda?

Contardo-Sfeir: Es una pregunta bastante difícil porque no soy abogado constitucional, así que mi opinión es relativamente pedestre. 

Como ciudadano en particular, creo que esto va en una dirección que sería mejor a la actual. Hay algunos elementos en la propuesta constitucional que ponen al medioambiente y la sociedad en una nueva posición.

BNamericas: Dado que la discusión constitucional ha tenido como tema central el nuevo rol del Estado en la economía, ¿qué tan central debería ser el papel del sector público en el manejo de la deuda ecológica?

Contardo-Sfeir: En general, para el Estado y el sector público, tanto en Chile como el resto del mundo, sus garantes somos los ciudadanos, y esa es una visión que se debe tener siempre.

El Estado debe velar por el bienestar de todos sus ciudadanos; entonces creo que la métrica que debe tener en cuenta el sector público es si las acciones que se cometen o dejan de cometer están teniendo un impacto positivo en los ciudadanos. No es una receta en particular. La brújula debería estar basada en eso.