Reglas de almacenamiento protagonizan debate sobre proyecto de transición energética de Chile

El Gobierno de Chile presentó en julio un proyecto de ley de transición energética que se centra en la transmisión y el almacenamiento.

La propuesta, que ingresó al Congreso a través del Senado, incluye diversas medidas destinadas a impulsar la transición energética abordando las deficiencias de la transmisión e incentivando el almacenamiento de energía.

Una medida asociada tiene por fin ayudar a aliviar el estrés financiero que experimentan algunas generadoras —principalmente las que producen solo energías renovables en el norte del país— a causa de vertimientos y el desacople de precios.

Los objetivos generales de la propuesta de ley han recibido apoyo en general, pero hay múltiples áreas en las que será necesario trabajar para alcanzar el consenso.

Los grandes proyectos de transmisión suelen estar sujetos a largos tiempos de ejecución, en parte debido a una tramitación de permisos compleja y prolongada. Por su parte, los sistemas de almacenamiento son considerados relativamente más fáciles y rápidos de construir. La propuesta legislativa allana el camino para que el gobierno celebre una licitación por sistemas de almacenamiento. Todos los ojos están puestos en el modelo que se adopte y cómo se remunerarán y gestionarán los proyectos, entre otras interrogantes

Para saber más al respecto, BNamericas entrevistó por correo electrónico a Daniel Salazar, socio director de la consultora chilena energiE.

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BNamericas: El gobierno presentó hace poco un proyecto de ley de transición energética. ¿Hay algún pilar que sobresalga?

Salazar: El proyecto de ley se divide en tres ejes: sector eléctrico y cambio climático; desarrollo eficiente de la transmisión; y promoción del almacenamiento y fomento de la competencia.

Por lejos, la materia que genera mayor controversia es el modelo elegido para promover inversiones en almacenamiento, pues mezcla el modelo de negocio del segmento de generación con el modelo de negocio del segmento de transmisión. Se apuesta a impulsar el almacenamiento desde una lógica de planificación central que, se quiera o no, inhibirá las evaluaciones y desarrollos privados de almacenamiento en curso.

Adicionalmente, se traspasan los costos y riesgos de los ingresos del almacenamiento a la demanda. Por último, se intenta radicar la gestión operacional de estos activos en el organismo operador y administrador del mercado, cruzando la frontera de su rol. O sea, son muchos los frentes o defectos que se identifican en la propuesta del proyecto de ley en esta materia.

BNamericas: Las consultoras energiE y Domo Legal realizaron recientemente un conversatorio sobre los escenarios e impactos del proyecto de ley con ejecutivos del sector eléctrico. ¿Cuáles fueron algunas de las conclusiones?

Salazar: Observamos que una gran mayoría de la industria percibe que el proyecto de ley aborda un conjunto muy amplio de materias, la mayoría de las cuales podrían ser abordadas con soluciones infralegales, y así el proyecto se enfocaría en las materias prioritarias que sí o sí requieren normal legal, lo cual podría contribuir a hacer más expedita su tramitación.

En particular, respecto de la redistribución de ingresos tarifarios —otro punto que ha cobrado relevancia en la discusión—, el proyecto de ley establece una redistribución de los ingresos tarifarios con una norma muy amplia o abierta, que admite múltiples aplicaciones. Esto hace impredecibles sus efectos y resultados. Sin embargo, pese a no tener un efecto de gran impacto en el alivio que se pretende otorgar a algunas empresas renovables, es uno de los puntos trabajables del proyecto.

BNamericas: Hay una notable cartera de proyectos de energías renovables en Chile que seguramente va a seguir creciendo, sobre todo por las metas de descarbonización del país y su estabilidad regulatoria y económica. Dada la congestión en la red de transmisión, ¿cree que los proyectos de transmisión y almacenamiento en camino bastarán para acompañar este crecimiento o se necesitarán más?

Salazar: Las ambiciones y metas que se ha fijado el país son muy desafiantes, en particular, en el sector eléctrico, mediante el plan de retiro del parque a carbón, que, por una parte, actúa como acelerador de nuevas inversiones en capacidad de generación renovable, pero, al mismo tiempo, actúa exacerbando el riesgo nodal y el diferencial de precios entre el día y la noche. En este contexto, el volumen de inversión que se requiere para la próxima década es cercano a 2.000MW al año, el cual es mucho mayor que la tasa que se ha observado durante la última década, la cual ha sido cercana a 1.000MW al año. Por lo tanto, tenemos grandes desafíos en el ámbito del uso del territorio y las capacidades de tramitación de permisos de nuestra institucionalidad y de financiamiento, entre otros.

BNamericas: ¿Impulsan los desafíos en el área de transmisión algunos cambios respecto a la configuración tecnológica (eólica, solar, hibrida, etc.) y la ubicación de proyectos?

Salazar: El desarrollo solar se ha concentrado mayoritariamente en la zona norte del país, donde se activan las principales restricciones de transmisión y vertimiento solar. Observamos que los agentes están concentrando sus evaluaciones y decisiones en el desarrollo eólico en la zona sur del país y en la hibridación de los parques solares a través de soluciones de almacenamiento mediante baterías.

BNamericas: ¿Existe consenso en la industria respecto a las medidas de mitigación anunciadas por el gobierno (la reasignación de ingresos tarifarios y la licitación por sistemas de almacenamiento)? ¿Las ven con buenos ojos?

Salazar: La propuesta de almacenamiento requiere ajustes mayores para asegurar su viabilidad técnica y política. Mientras eso no ocurra, se proyecta una tramitación legislativa difícil de sortear. En el caso de la reasignación de ingresos tarifarios, también se requieren mejoras, tal vez no tan profundas, pero sí que permitan tener certeza y predictibilidad de sus efectos e impactos.