Sangrienta Semana Santa en Ecuador podría ser solo el comienzo

La violencia recrudeció en Ecuador durante el feriado de Semana Santa, con un sangriento registro de 30 asesinatos, mientras las organizaciones criminales continuaban enfrentándose al Estado y los testimonios de sospechosos de alto perfil en casos de corrupción exponían los nexos entre el narco y la política.

En la localidad de Ayampe, en la provincia de Manabí, 11 personas fueron secuestradas y 5 de ellas asesinadas. Mientras tanto, se reportaron 9 muertos y 10 heridos en Guayaquil, una de las ciudades más violentas del país.

En medio del caótico panorama, el presidente Daniel Noboa ratificó la estrategia de su gobierno, centrada en la declaración de estado de excepción y el concepto de “conflicto armado interno”, que permite el despliegue de efectivos del Ejército.

Paralelamente, varios funcionarios involucrados en hechos de corrupción —entre ellos Mayra Salazar, quien trabajó en la Corte de Justicia de Guayas— testificaban en tribunales en el marco de las indagatorias de prominentes casos como Metástasis y Purga. Revelaron nombres de jueces y políticos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.

Para profundizar en esta compleja situación, BNamericas conversa con Mario Pazmiño, exdirector de la agencia de inteligencia de Ecuador y consultor internacional en seguridad y defensa.

BNamericas: Los hechos recientes evidencian un resurgimiento del crimen organizado. ¿Qué está pasando y cuánto influyen las declaraciones de los implicados en el caso Metástasis?

Pazmiño: Hay dos causas fundamentales: una, la revancha de las bandas criminales, y otra, los mensajes ante las declaraciones que la semana pasada se dieron en las cortes y las declaraciones que vendrán en los próximos días.

Si bien ha habido un trabajo eficiente en las acciones gubernamentales y de las instituciones de seguridad, la otra parte, es decir, el crimen organizado, comenzó a replegarse. Creó células clandestinas para mimetizarse y observar cómo actúan el gobierno y las instituciones estatales de seguridad. Eso les permitió detectar las vulnerabilidades y los problemas logísticos en las estrategias oficiales para volver a actuar y dar coletazos y acciones de revancha.

También hay que anotar que, si bien la Fuerza Pública comenzó a tomar el control y hacer rastrillajes y patrullajes en los santuarios, zonas donde se ejerció la gobernanza criminal por parte de estas organizaciones, las Fuerzas Armadas y la Policía no se quedaron en esos sitios y otras bandas comenzaron a tratar de tomar esos territorios, con lo que se generan enfrentamientos con mucha violencia para retomar el control de estos espacios territoriales.

La semana pasada, las declaraciones de Mayra Salazar están preocupando a nivel nacional a los actores políticos y a los actores del crimen organizado, pues los ecuatorianos nos estamos dando cuenta de la existencia de la narcopolítica y la narcojusticia, ligadas directamente al crimen organizado.

En las declaraciones comenzaron a salir nombres de estructuras criminales, detalles de sus operaciones y contactos, con lo que estas bandas criminales se pueden debilitar. Por eso buscan generar distractores con estas matanzas y olas de violencia para que las declaraciones en la corte pierdan un poco de vigencia.

BNamericas: ¿Entonces las matanzas buscan básicamente desviar la atención de las revelaciones?

Pazmiño: Exactamente. Lo del fin de semana, más que un coletazo, fue una estrategia distractora.

Se están reactivando los dos factores de desestabilización, uno intramuros al interior de las cárceles y otro extramuros con acciones de terrorismo urbano en diversas ciudades del país. 

BNamericas: ¿Lo que pasó en Ayampe puede entenderse como un mensaje del crimen organizado, que se siente amenazado?

Pazmiño: Antes de realizar una operación de este tipo, el crimen organizado la analiza bien, hace vigilancias, tiene información muy detallada de los objetivos y los blancos.

Creo que la idea era mandar un mensaje claro y fuerte al gobierno y decirle que no está derrotado, que sigue vigente en el país.

BNamericas: Otros involucrados en los casos de corrupción deben declarar en los próximos días. ¿Se podría ver otro recrudecimiento de la violencia?

Pazmiño: Creo que sí. Hoy hubo una amenaza de coche bomba en un cuartel policial, en Guayaquil. 

No solo los testimonios pendientes en Ecuador pueden traer más cola, sino también el testimonio en este mes del excontralor Carlos Pólit en Estados Unidos [procesado por lavado de dinero de sobornos], que va a remover los cimientos de la narcopolítica y narcojusticia en Ecuador.

BNamericas: ¿Qué acciones preventivas se debieran tomar?

Pazmiño: El gobierno debería cambiar de estrategia y ejecutar lo que se llama presencia disuasiva permanente, o sea, sacar a toda la Fuerza Pública a territorio las 24 horas del día. Eso limita el accionar de las organizaciones.

BNamericas: Los últimos sucesos parecen ser un recordatorio de que la batalla contra el crimen organizado será de varios años.

Pazmiño: Esta es una guerra, como el presidente la denominó, un conflicto armado interno que no se termina en 90 días de Estado de excepción y tampoco en un año.

Esto recién inicia y durará de tres a cuatro décadas, siempre y cuando el Estado se consolide y tome acciones concretas de políticas públicas de seguridad a largo plazo, a 40 o 50 años, con una convergencia de todas las fuerzas sociales y políticas del país, un criterio nacional para combatir al crimen organizado.

Si cada partido político y cada uno de los actores sociales actúa por su cuenta y riesgo, sin una política que integre las acciones gubernamentales, Ecuador vivirá lo que viven Colombia y México, que llevan décadas en medio del crimen organizado.