"Tarde o temprano, será necesario implementar plantas de recuperación de energía"

En una reunión del grupo de trabajo sobre transición energética del G20 celebrada en Belo Horizonte, capital del estado brasileño de Minas Gerais, el presidente de la asociación de recuperación energética de residuos Abren, Yuri Schmitke, defendió los incentivos económicos para el tratamiento de residuos agrícolas y urbanos para recuperar energía.

Pero vender energía en un escenario de exceso de oferta sigue siendo un desafío.

En esta entrevista, Schmitke charla sobre los problemas y las soluciones, los proyectos más relevantes y las potenciales inversiones.

BNamericas: ¿Cuáles son las perspectivas para el sector de la recuperación de energía?

Schmitke: Estamos ante la perspectiva de la aprobación de un proyecto de ley que podría garantizar a largo plazo la compra directa de electricidad a las plantas y así permitir cumplir con los objetivos del plan nacional de residuos sólidos Planares, que establece la meta de contratar un promedio de 66MW de potencia instalada al año, para un total de 994MW para 2040.

Presentamos modificaciones al proyecto de ley 327/21, que trata del programa de aceleración de la transición energética y a la medida provisional 1212/24. El proyecto de ley 1202/23, que crea el programa nacional de recuperación energética, también está en trámite en el Senado, pero lo tiene el relator, el senador Alexandre Luiz Giordano, desde principios de 2023 y no se han conocido avances.

La garantía de la venta de electricidad a largo plazo es fundamental para hacer viables las centrales, ya que es la mayor fracción de los ingresos y necesita una fianza para hacer rentable la financiación.

BNamericas: ¿Cuál es el pronóstico de crecimiento e inversión?

Schmitke: Tenemos una previsión optimista. Hay lugares en Brasil que se enfrentan a graves problemas y se están quedando sin espacio para sepultar todo el volumen de residuos generado, ya que aproximadamente el 30% de los residuos sólidos urbanos se entierran, total o parcialmente, en áreas de preservación permanente.

Tarde o temprano, será necesario implementar plantas de recuperación de energía en grandes ciudades, como São Paulo, Brasilia, Río de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Vitória, Belém, Manaus, Recife y Florianópolis.

Si estos 994MW se concretan, estaríamos hablando de una inversión de 54.700 millones de reales [US$10.400 millones].

Cabe señalar que, según la OMS, por cada real que se invierte en saneamiento, se ahorran 4 reales en salud pública.

BNamericas: ¿Cuáles son los principales proyectos en desarrollo en el país? ¿Hay alguno previsto para comenzar a operar este año?

Schmitke: La única planta que entrará en funcionamiento es URE Barueri (20MW), que se adjudicó la subasta A-5 en 2021. Su entrada en operación comercial está prevista para enero de 2027.

Otros proyectos destacados son la central eléctrica de 20MW Consimares, cerca de Campinas; URE Caju (20MW), en Río de Janeiro; y URE Mauá (80MW), propiedad del Grupo Lara, en el municipio de Mauá [São Paulo].

Todos estos proyectos cuentan con licencia ambiental previa y conexión al sistema eléctrico, requisitos para participar en una subasta o ser contratados directamente por el Gobierno Federal.

BNamericas: ¿Cuáles son los desafíos para la expansión del sector en el país?

Schmitke: El principal desafío es vender energía. Brasil atraviesa un momento en el que hay más energía contratada que demanda, un exceso de oferta. Los proyectos [de recuperación de energía residual] inicialmente necesitan energía más cara que otras fuentes.

No obstante, esto conlleva diversos beneficios socioambientales, como evitar costos, que hay que tener en cuenta: mitigación de los gases de efecto invernadero, mejora de la salud pública y preservación del medio ambiente.

Una forma de afrontar estos desafíos es que las distribuidoras eléctricas compren energía de manera directa, negociando los costos adicionales. Otra manera sería mediante la autoproducción, en la que el municipio o consorcio estaría entre los propietarios del proyecto y utilizaría esa energía residual para abastecer el alumbrado público, por ejemplo.