Ministra respalda a regulador en disputas judiciales por alzas tarifarias

La ministra brasileña de Minas y Energía, Dilma Rousseff, dijo al Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del país que los contratos de concesión eléctrica vigentes deben respetarse, pero los nuevos contratos deben modificarse para que limiten los reajustes anuales a las tarifas eléctricas, informó el STJ en un comunicado. "En el ministerio estamos completamente en contra de la forma en que se regulaba el sector eléctrico en el pasado", indicó al presidente del tribunal, Edson Vidigal. "Sin embargo, estamos completamente conscientes de que los reglamentos del pasado se mantuvieron gracias a las resoluciones gubernamentales y a la ley". Rousseff se reunió con Vidigal el martes para aclarar la posición del ministerio a favor de las decisiones del regulador eléctrico Aneel y los contratos en disputas legales entre los consumidores y las empresas eléctricas de la zona noreste del país. El STJ probablemente tendrá que emitir su dictamen sobre las apelaciones de las eléctricas Celpe, Coelce y Cosern y Aneel, ya que los tribunales de primera instancia mantuvieron los recursos judiciales en contra de los aumentos tarifarios otorgados por Aneel que superan la inflación anual de 11% basada en el índice IGP-M. Rousseff desea hablar específicamente acerca de una decisión de un tribunal de primera instancia que ordenó a Aneel reducir el reajuste tarifario de 32,5% otorgado a la distribuidora del estado de Pernambuco Celpe, se lee en el comunicado. La ministra apunta -por un lado- a evitar disputas en tribunales con Aneel y, por otra parte, a evitar la molestia de los consumidores con excesivas alzas en las tarifas. Coelce es controlada por la eléctrica española Endesa y opera en el nororiental estado de Ceará. Celpe y Cosern son controladas por Neoenergia, holding que agrupa a los activos brasileños de la española Iberdrola, y operan en los estados de Pernambuco y Rio Grande do Norte, respectivamente. ÍNDICES DE INFLACIÓN Desde marzo del 2004, el Gobierno de Brasil ha estado implementando un nuevo conjunto de reglamentos que cambian la metodología de los contratos, ventas y concesiones de electricidad para limitar los incrementos anuales en las tarifas eléctricas. Entre los cambios se encuentra la determinación de que toda la electricidad debe comercializarse en subastas en las cuales ganará la empresa que ofrezca los menores precios. Además, el ministerio cambió el índice inflacionario en los nuevos contratos al índice IPC-A, que en el largo plazo es menor al IGP-M, porque no considera las fluctuaciones por el tipo de cambio. En los últimos 12 meses hasta el 31 de marzo, el IGP-M llegó a 9,08% y el IPC-A, a 8,07%. En el período 1999-2002, el IGP-M acumulado fue de 215%, mientras que el IPC-A llegó a 142%. "Los aumentos tarifarios de la electricidad han promediado un 20% al año, lo que permite a las distribuidoras recuperar las pérdidas de los 12 meses anteriores", dijo a BNamericas el analista del sector eléctrico de la calificadora Moody's Richard Sippli. "Un cambio en el índice inflacionario sería muy desfavorable para las compañías". Sin embargo, resulta improbable que el gobierno incumpla los contratos en forma unilateral y cualquier cambio se negociaría a fondo, manifestó Sippli basando sus comentarios en la conducta que ha tenido el gobierno hasta la fecha. "Si el gobierno quiere modificar términos de los contratos, tendrán que satisfacer las demandas de las distribuidoras de otras áreas", expresó. Entre las demandas se encuentra el cálculo del llamado factor X, que se usa para estimar los reajustes tarifarios e incluso posponer objetivos de inversiones dentro de los contratos de concesión.