Promueven planes de jubilación para empleados públicos

El éxito de la reforma de pensiones aplicada en el sector privado de México podría imitarse en el sector público, según Manuel Pérez Cárdenas, secretario de la comisión de seguridad social de la Cámara de Diputados. México adoptó un sistema privado de pensiones en 1997 para reemplazar al sistema estatal administrado por la agencia de seguridad social IMSS. Según este modelo, los trabajadores contribuyen con un 6,5% de sus salarios a las administradoras de fondos de pensiones, conocidas localmente como Afores, las cuales a su vez invierten esos fondos en vehículos de inversión denominados Siefores. Una agencia de seguridad paralela, el ISSSTE, proporciona servicios de pensiones y salud a los aproximadamente 2,3 millones de funcionarios públicos activos del país, a 10,2 millones de cargas familiares y a 440.000 empleados jubilados del sector público. El ISSSTE enfrenta problemas de solvencia de larga data, que ni el Gobierno ni el Congreso han tenido ganas de enfrentar. Pérez, un miembro del gobernante partido de centro derecha PAN, dijo que una Afore estatal que administre las cuentas individuales de jubilación a nombre de los empleados públicos era una opción viable ante la creciente deuda en pensiones que enfrenta el Gobierno con sus propios trabajadores. "A reserva de revisar sus implicaciones, no habría problema en establecer una Afore pública siempre y cuando tenga reglas de operación competitivas, prácticas sanas y una administración eficiente que garantice la custodia del dinero de los trabajadores del sector público", habría manifestado Pérez, según cita la publicación. Promover cualquier tipo de reforma no será fácil. El poderoso partido PRI y el de centro izquierda PRD han atacado con firmeza a las Afores, por lo que ellos consideran como comisiones excesivas. El Congreso muestra además poco interés en solucionar los problemas con los poderosos sindicatos al promover reformas radicales al régimen de beneficios de los trabajadores públicos. Sin embargo, la realidad financiera podría llevar a los políticos a enfrentar el tema más pronto de lo esperado. "Sólo en el sexenio [presidencial] de Ernesto Zedillo el Gobierno tuvo que apoyar al ISSSTE con 45.000mn de pesos [US$4.100mn]; y en este sexenio [del Presidente Fox] dicha cifra crecerá a 130.000mn y en el siguiente a 330.000mn si no cambia la ley", acotó.