Adventus y Salazar obtienen permiso de uso de agua para proyecto ecuatoriano Curipamba

El Ministerio del Ambiente de Ecuador otorgó un permiso de uso de agua para el proyecto de cobre y oro de US$293 millones Curipamba.

La futura mina, a cargo de las empresas canadienses Adventus Mining y Salazar Resources, se ubica en la provincia de Bolívar, en la zona central del país.

Esta autorización clave permite realizar las actividades de construcción planificadas, de acuerdo con los requisitos técnicos estipulados en la ley de recursos hídricos, dijeron las empresas en un comunicado.

Con este último permiso, las compañías solo deben recibir el documento final que describe la transición de la fase de exploración a mediana escala a la fase de explotación antes de iniciar la construcción.

En marzo, Scott Mealer, vicepresidente de Adventus Mining y CEO de Curimining, filial local de Salazar Resources, indicó a BNamericas que la construcción de la mina debía empezar este mes.

Sin embargo, el pasado miércoles un juzgado del cantón Las Naves, acogió a trámite una acción de protección en contra del Ministerio de Ambiente y la Fiscalía General con el objetivo de detener el avance del proyecto.

La medida cautelar la presentaron miembros de las comunidades rurales de Buenos Aires, Bellavista y Jerusalén, de la provincia de Bolívar, aduciendo que el proceso que realizó el ministerio vulneró su derecho a la participación y el derecho a la consulta ambiental.

Quienes firmaron la demanda pidieron dejar sin efecto la aprobación, por parte de la cartera, del estudio de impacto ambiental y la concesión de la licencia ambiental, elementos indispensables para iniciar la construcción de la mina.

Adventus y Salazar Resources estimaron que la decisión del juez local sobre el caso podría tomar entre 2 y 3 meses, luego de lo cual se puede presentar una apelación ante un juez provincial, lo que puede tardar entre 3 y 6 meses adicionales.

Dependiendo de la sentencia, el caso incluso podría llegar a la Corte Constitucional.

Las empresas añadieron en el comunicado que el ministerio tiene pruebas sólidas para refutar las acusaciones en su contra, pues la consulta ambiental tuvo un 98% de votos a favor para la emisión de la licencia ambiental.

Varios líderes comunitarios han expresado su profunda preocupación por la acción presentada, ya que creen que busca deslegitimar su voz y participación en el proceso de consulta ambiental, añadieron las empresas.