Agencia ambiental de Chile implementará Acuerdo de Escazú

El servicio chileno de evaluación ambiental, SEA, comenzará a implementar el Acuerdo de Escazú con el objetivo de fortalecer el acceso a la información y la participación ciudadana en sus procesos de revisión de proyectos. 

El tratado ambiental se firmó en Costa Rica en 2018, y Chile lo suscribió en 2022 tras un amplio respaldo en el Congreso.  

Entre los desafíos que enfrenta el SEA está distinguir los compromisos que adquieren los titulares al presentar proyectos, promover un lenguaje simple y modernizar la plataforma digital, dijo Paul Lorca, especialista de cambio climático de la agencia, durante una charla virtual el martes.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental a nivel regional que establece derechos y obligaciones a los Estados parte, basándose en cuatro pilares: acceso a la información, participación pública en los procesos para la toma de decisiones ambientales, justicia ambiental y defensa de derechos humanos en asuntos ambientales y el fortalecimiento de las capacidades y cooperación. 

"El SEA inició su propio proceso para aplicar las nuevas medidas administrativas y de gestión", comentó Lorca.

El plan nacional se aprobó en la tercera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, organizada por Cepal en Santiago el mes pasado, y contempla 56 acciones y 236 medidas que deben concretarse antes de 2030. Apunta principalmente a organismos públicos.

El plan está disponible en la sección Documentos en la esquina superior derecha de la pantalla.

La hoja de ruta del SEA busca enfrentar la triple crisis planetaria: el cambio climático, la contaminación ambiental y la pérdida de biodiversidad, explicó Lorca, y agregó que la agencia debe reforzar la transparencia en los procesos y "eliminar las asimetrías que existen en el lenguaje técnico".   

Si bien el SEA ya cuenta con procesos de participación ciudadana, ahora el foco estará en potenciar la observación pública en los procesos de revisión de proyectos para advertir de mejor manera los impactos y "eliminar las barreras para realizar mediaciones, conciliaciones o prevenir controversias durante el desarrollo de un proyecto", explicó Lorca. 

En ese enfoque, "será fundamental prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones en contra los defensores de derechos humanos", advirtió.

La institucionalidad ambiental chilena —integrada por el Ministerio del Medio Ambiente, el regulador SMA, los tribunales ambientales y el SEA— ya tiene instrumentos que son un punto de partida para afrontar los desafíos de implementar el Acuerdo de Escazú.

A través de varias leyes, “hemos creado guías y documentos técnicos, tenemos un correo para comentarios [comentarios.documentos@sea.gob.cl], disponemos de información geográfica con mapas interactivos para quienes participan en la evaluación, tenemos un registro público de consultores para la tramitación de certificaciones y capacitamos a funcionarios públicos, titulares de proyectos, consultores y público en general”, destacó Lorca. 

El plan nacional también considera medidas para otros entes públicos como los ministerios de Minería, Agricultura y Obras Públicas. “Todo tiene que estar concatenado para que la sociedad vaya creciendo de manera sustentable, que es lo principal”, agregó.