Agrupación petrolera peruana advierte sobre inversiones tras decisión judicial

"El mensaje que se envía es que los contratos firmados con el Estado peruano tienen una fragilidad peligrosa, que representa un riesgo para cualquier inversión; es casi una advertencia de que nuestro país no es un buen destino para invertir".

Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), formuló el comentario luego de que un tribunal limeño emitiera una orden provisional para caducar el contrato del bloque 116, que abarca un área de 658.880ha en la Región Amazonas.

Pacific Stratus Energy mantiene una participación operativa de 50% en la concesión, mientras que Maurel et Prom controla igual porcentaje.

La resolución judicial se fundamenta en que el Ministerio de Energía y Minas y la autoridad de licenciamiento de hidrocarburos Perupetro no habrían realizado la consulta previa con las comunidades indígenas, de acuerdo con un comunicado de SPH, que espera que la cartera y la agencia presenten una apelación.

El recurso fue presentado por las ONG CAAAP, Saipe e Instituto de Defensa Legal en representación de las comunidades, indicó SPH.

El bloque 116 figura clasificado como "activo" en el último informe de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo de Perú, que señala que "la coordinadora de los Pueblos Amazónicos y algunas comunidades del distrito de Santa María de Nieva se oponen al contrato de concesión del lote 116 de la empresa Maurel Et Prom Perú por temor a una posible contaminación y por no haberse realizado consulta previa. Otras organizaciones indígenas, por el contrario, aceptan la presencia de la empresa".

En noticias relacionadas, la petrolera estatal Petroperú informó que medidas de fuerza "injustificadas" del presidente de la Federación Wampis del Perú (Fenawap) e integrantes de la comunidad Mayuriaga podrían retrasar los trabajos de saneamiento y remediación que se realizan desde febrero por una contingencia en el kilómetro 206 del Oleoducto Nor Peruano.

La disputa se relaciona con la contratación de habitantes de la zona, de acuerdo con la estatal, que señala que la Fenwap tiene retenidos a jefes de las empresas contratistas contra su voluntad y que el grupo exige 300.000 soles (US$92.000) por su liberación.

Petroperú, que ha presentado reclamos por una supuesta extorsión agravada, añadió que las comunidades de Morona expresaron preocupación y rechazaron las acciones de la Fenawap, y solicitaron garantías de seguridad para los miembros de la comunidad que trabajan en el área de contingencia.

La compañía señaló que hay unas 300 personas en los campamentos de trabajo.