APP ayudarían a reactivar proyectos de infraestructura argentinos

Las asociaciones público-privadas (APP) serían una de las soluciones en Argentina para ejecutar proyectos de infraestructura que están detenidos por la falta de fondos federales, aunque es probable que el financiamiento sea el mayor obstáculo.

La Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) presentó una propuesta para un marco legal sobre las APP al ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Santiago Yanotti. Si la acepta, la propuesta será enviada al Legislativo.

“En el Poder Legislativo existe una cabal conciencia de los desafíos que nos impone la actual realidad”, dijo a BNamericas el titular de la CTC, Jorge Garber, quien de todas formas mantiene el optimismo de que el trabajo con el gobierno provincial dará como resultado una propuesta final que llegará a buen puerto.

Miles de proyectos de obras públicas estarían paralizados en toda Argentina debido a las medidas de austeridad aplicadas por el presidente Javier Milei, lo que ha dejado a los gobiernos provinciales lidiando por seguir la ejecución de obras de construcción.

“Existen diversos proyectos, paralizados o pendientes de lanzar, que pueden realizarse bajo el esquema de la APP. La ejecución, mejora y mantenimiento de caminos primarios y algunos secundarios podrían llevarse a cabo bajo inversión privada”, dijo Garber.

Añadió que los proyectos inmobiliarios también podrían beneficiarse de las APP.

Argentina intentó llevar a cabo un programa de APP durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), pero el plan fracasó debido a la creciente inestabilidad macroeconómica, que restringió el acceso a los mercados.

Garber dijo a BNamericas que la propuesta de la CTC busca evitar algunos errores del plan de Macri y toma en cuenta la monetización de los contratos y la baja competitividad entre empresas.

Mientras tanto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, solicitó al Gobierno Federal traspasar algunos proyectos a la provincia para reactivarlos como APP.

El borrador más reciente del proyecto de ley “ómnibus” de Milei, presentado en un intento de conseguir apoyo legislativo, incluye una disposición que transferiría proyectos de empresas destinadas a la privatización a los gobiernos provinciales, aunque no especifica a qué marco jurídico pueden recurrir las administraciones locales.

Las medidas se aplicarían a compañías como el operador Corredores Viales, Trenes Argentinos, la energética Enarsa y la empresa de aguas de Buenos Aires Aysa.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, es un firme opositor de la política de infraestructura de Milei y no se espera que apoye la privatización de Aysa.

Milei quiere reducir al mínimo la inversión en infraestructura pública y dejar las obras a privados. Sin embargo, esta estrategia podría toparse con problemas financieros similares a los del plan de Macri.

Garber dijo que si bien la propuesta de la CTC considera este tema, aún sería crucial mejorar las condiciones económicas que faciliten el acceso a crédito a tasas más competitivas.