Argentina busca relanzar industria de biocombustibles

Un senador presentó un proyecto de ley para impulsar la industria argentina de biocombustibles tras una caída de la demanda de combustibles debido a la crisis económica ligada a la pandemia y el congelamiento de sus precios durante 10 meses que impuso el gobierno de Alberto Fernández.

El senador oficialista Roberto Mirabella entregó al Congreso la propuesta que impulsa el Plan Nacional de Biocombustibles, con el que busca revitalizar al sector y generar empleo en provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Tucumán, donde se encuentra el principal polo de producción de soja, maíz y caña de azúcar, utilizados como materia prima.

 “El desarrollo de los biocombustibles tiene una importancia estratégica para Santa Fe y para toda la Argentina”, afirmó el legislador oriundo de ese estado en un comunicado.

El país exportó cerca de US$14.000 millones de este producto entre 2007 y 2019, y en esa provincia se elaboró casi el 80% del total en 18 plantas. Según Mirabella, esto equivaldría a una producción de 58.000b/d de crudo, lo que la ubicaría como la cuarta generadora de petróleo, detrás de Chubut, Neuquén y Mendoza.

Con el proyecto de ley, Mirabella busca mejorar algunos aspectos de la actual ley, que en 2016 estableció el régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles a través de incentivos impulsados por el Estado.

Así, establece que el diésel deberá ser mezclado inicialmente con al menos un 12% de biodiésel, lo que podría incrementarse un 1% anualmente según la evolución del mercado interno con el objetivo de alcanzar un 27% en 15 años. Estos porcentajes también regirían cuando este combustible se utilice para la generación eléctrica.

La propuesta legislativa propone además que todas las gasolinas que se comercialicen en Argentina cuenten inicialmente con un mínimo de 15% de bioetanol, cifra que podría aumentar en al menos un 1% cada año hasta llegar a 30% en 2026, cuando finalizaría la vigencia de la normativa.

También destaca que estos biocombustibles tendrán precios mínimos y máximos que establecerá el Estado, contemplando los costos mínimos de producción, el valor de los combustibles convencionales y el valor ambiental que le da esta industria al país por la reducción de las emisiones de dióxido de carbono.

Al igual que ocurrió con la ley vigente, esta nueva normativa tendría una duración de 15 años desde que sea sancionada, algo que, de ocurrir, podría pasar recién a partir de 2021, ya que al Congreso le quedan 25 días de sesiones ordinarias.

El proyecto tiene la particularidad de que también promueve el desarrollo del biogás generado con desechos agropecuarios, agroindustriales y de la fabricación de alimentos y con residuos sólidos urbanos y cloacales y de rellenos sanitarios. El biogás podría utilizarse para la generación eléctrica o de calor para uso industrial y en el transporte. 

“Estamos proponiendo una visión amplia de los biocombustibles y de las materias primas y no solo las de origen agropecuario sino también de residuos o cualquier tipo de biomasa que pueda usarse para su producción”, explicó Mirabella. “Es decir, que no solamente se tenga en cuenta el bioetanol, el biodiésel o el biogás, sino también otros posibles biocombustibles que puedan surgir”.

Para incentivar su consumo, todos los organismos públicos deberán utilizar exclusivamente biocombustibles en la mayor proporción posible, en especial en lo que respecta a los nuevos vehículos utilizados para el transporte público y carga, a partir del tercer año de vigencia de esta norma.

A su vez, las empresas productoras mantendrán los actuales beneficios impositivos, en especial los del IVA y de ganancias para la compra de bienes de capital; por la realización de obras civiles, electromecánicas y de montaje; y de otros servicios vinculados.

A esto se le sumará la exención fiscal sobre la distribución de dividendos o utilidades y el pago de la tasa de infraestructura hídrica que rige sobre los combustibles tradicionales.

 PROBLEMAS 

La vigencia de la actual ley finaliza en mayo de 2021, pero el Senado aprobó su extensión por cuatro años y, ahora, quedó en manos de la Cámara de Diputados para que esta decisión sea aprobada.

Las diferentes agrupaciones que reúnen a los jugadores de esta industria apoyaron esta medida, pero insisten en que se necesita una nueva normativa que ayude a dinamizar el sector.

La preocupación reside en que los precios actuales están atrasados entre un 25% y un 28% para las mezclas con la gasolina y el diésel tras 10 meses de permanecer congelados por decisión del gobierno, lo que está provocando que muchas de las 54 plantas productoras no puedan cubrir sus costos operativos y hayan reducido su actividad.

Para intentar aliviar esta situación, el gobierno decidió aumentar un 10% el valor del bioetanol fabricado con caña de azúcar y maíz a 32,8 pesos por litro y el biodiésel en base con aceite en soja a 48.533 pesos por tonelada.

Sin embargo, esto sigue siendo insuficiente, ya que la cotización de las materias primas (especialmente del aceita de soja) no ha parado de subir a lo largo de este año, por lo que la situación del sector continúa siendo apremiante.

“Con la recomposición inicial, ninguna de las plantas puede operar y se lo dijimos al secretario [de Energía, Darío Martínez]. Ahora, esperamos que la segunda [alza] sea un porcentaje que permita volver a trabajar”, señaló el presidente de la Cámara Santafecina de Energías Renovables, Juan Facciano, al medio Enernews.

Esto llevó a que las empresas se negaran a cumplir con los aumentos de 13,5% en salarios acordados en 2019 y que debían implementarse a partir de abril, por lo que los sindicatos amenazan constantemente con paralizar aún más la actividad.