Argentina defiende rol del Estado en inversión hídrica

Las autoridades argentinas defendieron el rol del Estado en las inversiones en infraestructura hídrica frente a los llamamientos a suprimir por completo las obras públicas, afirmando que dejar el proceso en manos de inversionistas privados despojaría a zonas remotas de obras clave si no se consideran rentables.

“Estamos ante la posibilidad seria de que el Estado deje de invertir en obra pública”, dijo Néstor Álvarez, subadministrador de la agencia nacional de obras hídricas, Enohsa, durante un panel en la edición 2023 del congreso nacional Conagua, en alusión a las propuestas realizadas por el candidato presidencial libertario Javier Milei.

Milei, que quedó primero en las primarias del 13 de agosto con el 30% de los votos, propuso abolir el Ministerio de Obras Públicas y detener por completo las inversiones estatales en obras de infraestructura, reemplazándolas con un sistema de concesiones en el que el sector privado elegiría dónde invertir.

“¿Qué [inversionista] privado va a ir a Tierra del Fuego a invertir?”, preguntó Álvarez, señalando que un esquema de asociaciones público-privadas para carreteras, implementado durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019) terminó en fracaso.

Mientras tanto, expresó su apoyo a los esfuerzos para mejorar la eficiencia y la transparencia del gasto estatal, y afirmó que su objetivo era convertir a Enohsa en una agencia federal de agua y saneamiento.

El regulador tiene actualmente 682 proyectos en marcha, más 162 que están por iniciar obras y otros 735 que comenzarán una vez que haya “mayor disponibilidad presupuestaria”, indicó Álvarez.

Los ingresos públicos de Argentina se han desplomado este año debido a que una grave sequía ha erosionado los ingresos tributarios de las exportaciones agrícolas, y los ingresos por impuestos a las exportaciones en general experimentaron un retroceso de 7,5% entre enero y julio, según el Ministerio de Economía.

En este escenario, Álvarez afirmó que el financiamiento de multilaterales como el BID ha sido clave.

Mientras tanto, las obras públicas y la construcción en su conjunto se han visto afectadas por el alza de los costos, con una inflación en el sector que supera el 100%.

Al mismo tiempo, la situación de las finanzas públicas ha provocado una menor financiación del Gobierno Federal a los gobiernos provinciales, que ahora tienen dificultades para pagar a los contratistas a tiempo y están analizando si paralizar las obras o ralentizarlas.

Milei también ha esgrimido escándalos de corrupción en las obras públicas como argumento contra las obras financiadas por el Estado, pero su propuesta de abolirlas no fue bien recibida por la cámara de la construcción del país.