Asociaciones mexicanas advierten de consecuencias económicas de prohibir minería a cielo abierto

Aun cuando la propuesta del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para prohibir la minería a cielo abierto no estaba entre las prioridades de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la comisión de puntos constitucionales de la Cámara Baja la aprobó la semana pasada, lo que encendió las alarmas en la industria minera.

La propuesta forma parte de un paquete de reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo en febrero, en lo que denominó Plan C, que incluye una controvertida reforma al Poder Judicial.

Tres de las principales asociaciones mineras del país advirtieron de los graves riesgos que tal prohibición le significaría al país, de ser aprobada por diputados y senadores en las próximas semanas.

La Cámara Minera de México (Camimex) estima que, si la reforma se aprueba en su versión actual, se generaría una contracción económica de 250.000 millones de pesos (US$13.200 millones) anuales, el equivalente a una caída aproximada de 1% del PIB.

“Eliminaría la condición de México como productor de minerales, convirtiéndolo en importador. Estas importaciones crecerían en 132%, provocando un déficit en la balanza comercial de 93.000 millones de pesos”, indicó Camimex en un comunicado.

La cámara indicó también que se restringiría el papel de México como productor de nueve minerales críticos para la transición energética en la región de Norteamérica, pues tanto EE.UU. como Canadá permiten —con ciertas regulaciones— la minería a cielo abierto. 

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) prevé que la prohibición de la minería a cielo abierto representaría un impacto negativo para el crecimiento económico nacional, porque 59% del valor de la producción minera nacional lo aporta esta modalidad operativa.

La AIMMGM advirtió que la prohibición implica la destrucción de un sector estratégico para la economía del país y pone en riesgo la soberanía minera de México al convertirlo en un país dependiente de las importaciones.

“La depresión económica resultante sería difícil de revertir en amplias regiones del país, principalmente en los estados con actividad minera, ya que la minería se practica en 696 comunidades de 212 municipios del país”, indicó la asociación en un comunicado.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (CIMMGM) consideró que, entre las diversas afectaciones de la aprobación de esta reforma en el Legislativo, se frenarían las inversiones en minería, industria esencial para la transición energética.

“Se fomentaría la minería informal y la comercialización no normada de minerales y metales”, indicó en un boletín. “En el futuro próximo, el país sería deficitario en algunos minerales y metales esenciales para el desarrollo humano y del país”, agregó.

Los tres gremios plantearon que, en lugar de prohibirla, la minería a cielo abierto debería incentivarse de manera responsable para el interés superior de México. Agregaron que no se debe penalizar a la industria responsable ni limitar la competitividad del país.

“La minería a cielo abierto debe regularse, no estigmatizarse. Sigamos manteniendo a México en el lugar preponderante que tiene como principal productor de minerales esenciales para el desarrollo de la energía renovable, tecnología, medicamentos, transporte, mobiliario, electrodomésticos y prácticamente todo lo que la humanidad requiere para hacer su vida más productiva y eficiente”, indicó la AIMMGM.

Tanto la AIMMGM como Camimex reiteraron su disposición permanente a participar en un diálogo constructivo con el Ejecutivo, todas las autoridades y partes interesadas, para encontrar soluciones que contribuyan a un desarrollo ambiental, social y económico justo.

El CIMMGM, por su parte, ofreció colaboración a los legisladores y al Ejecutivo y reiteró su compromiso con la minería responsable en México.

La Secretaría de Economía tiene el registro de 264 minas a cielo abierto, la mayoría en Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua. Grandes minas como Peñasquito, de Newmont, y Buenavista del Cobre, de Grupo México, funcionan bajo esta modalidad.

El próximo 1 de septiembre arrancará el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, donde el partido gobernante Morena y sus aliados esperan contar con mayoría calificada, aunque aún los consejeros del INE deben asignar las diputaciones plurinominales en la Cámara Baja. Sin embargo, la oposición está abogando para tratar de impedir que la coalición oficialista tenga sobrerrepresentación.