Avanza proyecto de ley chileno sobre transparencia en royalty minero

La Cámara de Diputados de Chile aprobó por unanimidad un proyecto de ley que obligará a los gobernadores a rendir cuentas sobre el uso de los fondos obtenidos a través de la Ley 21.591 del royalty minero.

La propuesta pasará ahora al Senado, donde será debatida por 50 legisladores. De promulgarse, los gobernadores deberán identificar el destino de los fondos del royalty y comunicar el desarrollo de proyectos o programas asociados.

El proyecto forma parte de la ley del royalty minero que fue aprobada en 2023 y que entró en vigencia el año pasado. La ley considera una carga tributaria máxima de 46,5 % y está dirigida a cupreras que producen más de 50.000 t/a.

A través de la ley, las autoridades quieren tener en cuenta las externalidades en las regiones mineras e impulsar el desarrollo local.

Para tal fin, se crearon tres fondos destinados a fomentar la productividad y el desarrollo local, apoyar la equidad territorial y ayudar directamente a las regiones.

Los principales focos son la investigación y el desarrollo de cadenas productivas locales para avanzar en la descentralización.

Hace unos dos meses, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que obliga a los alcaldes a rendir cuentas sobre los fondos del royalty.

Ambos proyectos de ley son considerados necesarios para evitar malversaciones de fondos.

Fondos del royalty

Este mes, la Contraloría General informó que 307 municipios recibieron el 50 % de los ingresos del fondo que ayuda directamente a las regiones en 2024.

En total, se entregaron 93.646 millones de pesos (US$ 93 millones) a nivel nacional, lo que representa un financiamiento promedio por municipio de alrededor de 305 millones de pesos.

Sin embargo, solo el 53% de los municipios de Chile reportó sus gastos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y apenas el 22% dijo tener una cuenta bancaria para recibir el dinero público que proviene del royalty minero, indicó la Contraloría en un comunicado.

Alfonso Domeyko, abogado minero de la firma local Next Legal, dijo en entrevista con BNamericas que “si bien la regulación, los plazos y las licitaciones no evitan al cien por ciento la corrupción, sí son una barrera para mantener un cierto orden en el uso de los recursos”.

Las regulaciones serán más importantes tomando en cuenta que, con todo el royalty, “el Estado está más interesado en que la minería se desarrolle y existan más proyectos para recaudar más”, dijo Jorge Cantallopts, director ejecutivo del centro de estudios del cobre Cesco, en otra conversación con BNamericas.

El régimen del royalty minero consiste en un componente ad valorem de 1 % y una tasa progresiva de 8 % a 26 %, dependiendo de la utilidad operacional del productor de cobre en Chile.