Banco Central de Costa Rica insta a legisladores a aceptar acuerdo con FMI

El presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero, prevé graves consecuencias para las tasas de interés y la reputación de la nación en los mercados internacionales si el Congreso se niega a aceptar por segunda oportunidad los términos de una propuesta crediticia del FMI por US$1.750 millones.

Más que una necesaria inyección de efectivo, el acuerdo lleva consigo un invaluable “sello o respaldo” de la multilateral que “permite a los mercados tener una mayor tranquilidad y confianza”, dijo Cubero en una entrevista concedida al diario La Nación.

“Para un país como Costa Rica, (…) que el Fondo respalde y avale el programa de políticas económicas en general, y en particular las fiscales, significa para los mercados una tranquilidad de que esas políticas tienen sentido, son coherentes y llevan una senda de sostenibilidad a mediano plazo”, agregó.

Funcionarios costarricenses y el FMI llegaron a un acuerdo a nivel del personal técnico el 22 de enero que requiere que el país adopte políticas y reformas económicas y estructurales que respalden un convenio a tres años en el marco del servicio ampliado del FMI (SAF) por cerca de US$1.750mn.

El presidente Carlos Alvarado enfrenta ahora la difícil, acaso no imposible, tarea de lograr que los legisladores de la oposición se comprometan con la propuesta, luego de que el intento inicial del mandatario de impulsar un acuerdo similar con el FMI en septiembre fracasara de manera estrepitosa, ya que las alzas impositivas propuestas provocaron semanas de protestas callejeras y barricadas.

Sin embargo, Alvarado se volvió a volcar al plan del FMI como la única solución viable después de semanas de discusiones multilaterales, surgidas del malestar social, sin encontrar soluciones alternativas a los graves problemas fiscales del país, agravados por la pandemia de covid-19.

Para Cubero, rechazar el plan por segunda vez sería desastroso.

"Es importantísimo que se den esas aprobaciones", dijo Cubero, y agregó que un segundo rechazo motivaría un castigo de los mercados, lo que generaría efectos inmediatos sobre las tasas de interés, la inversión nacional y extranjera y el panorama económico en general.

“Estas expectativas son clave para mover la inversión real, el consumo y así el crecimiento económico”, comentó Cubero. “Por eso, sería un impacto a la credibilidad, a la confianza y a las expectativas en general con implicaciones muy negativas para el crecimiento”.

“Lo que estamos buscando con este convenio, y así lo han dicho el Fondo y el gobierno, es un superávit [del presupuesto primario] de un punto del PIB para el 2023; esa es la meta", agregó.

El acuerdo también busca reducir la relación entre deuda y PIB a 50% hacia 2035, después de alcanzar el 67,5% a fines de 2020.

Para cumplir esa meta, los legisladores tendrían solo cinco meses bajo el plan para aprobar diversas reformas, incluida una nueva serie de aumentos impositivos, tarea que llega justo cuando los políticos se preparan para las elecciones generales del 6 de febrero de 2022.

Entre los refuerzos de los ingresos figuran un impuesto extra de 0,5% sobre las casas “de lujo” y un plan para canalizar hasta el 30% de las ganancias de 14 empresas estatales directamente a las arcas fiscales, medida que permitirá elevar los ingresos en 0,2% del PIB anual en cuatro años.

El Congreso también debate un proyecto de ley sobre empleo público para regular los salarios de los trabajadores del este sector, cuyas pensiones, que son relativamente altas, son consideradas como causa de gran parte de la crisis actual.

El ministro de Hacienda, Elián Villegas, dijo que el paquete no incluye propuestas para privatizar empresas estatales o aumentar el IVA, actualmente en 13%, ni exige un impuesto sobre las comisiones cobradas en el régimen previsional obligatorio del país.  

AGENCIAS DE CALIFICACIONES ESCÉPTICAS

Analistas de agencias calificadoras, también citados por La Nación, expresaron serias dudas de que el gobierno logre seguir el plan del FMI.

Las tres principales agencias de calificación crediticia —Moody's, Fitch y S&P— rebajaron a negativa las calificaciones crediticias de Costa Rica el año pasado, en gran parte debido al estrés adicional sobre las finanzas nacionales por la pandemia.

Y Fitch advirtió el mes pasado que el préstamo del FMI por US$1.750mn, en caso de aprobarse, podría no bastar para resolver los problemas inmediatos del país.  

"Cualquier programa del FMI requerirá la aprobación inicial del Congreso”, señaló la analista Lisa Schineller, de S&P. “Aquí es donde pueden surgir más incertidumbres políticas y presión, ya que el gobierno necesita construir y mantener un apoyo político formal".

Tras señalar que Costa Rica cerró 2020 con un déficit fiscal de 8,34% del PIB, el analista sénior Gabriel Torres, de Moody's, dijo que al país “le falta mucho aún” para estabilizar la tendencia de la deuda pública y reducir el déficit fiscal.

“No sabemos si este gobierno va a aprobar el plan. Tampoco sabemos si el próximo gobierno lo va a mantener y de qué forma”, indicó el experto.

“El riesgo de un shock es muy grande, en la deuda y en el tipo de cambio. El Fondo es la última oportunidad que tiene Costa Rica antes de la crisis grande y posiblemente el default. Si esto no se aprueba [el plan], el mercado se va a espantar", advirtió.

En la foto: manifestantes sostienen carteles en contra del FMI y los evasores de impuestos. Fuente: Ezequiel Becerra/AFP