Bolivia y Santa Cruz en pugna por financiamiento de infraestructura

La disputa entre el Gobierno Central de Bolivia y Santa Cruz sobre el financiamiento de obras públicas se intensificó, dado que las autoridades de La Paz advierten que si el departamento no realiza pronto su pago de contrapartida por US$70 millones para la carretera Santa Cruz-Buena Vista-Las Cruces, el préstamo para proyectos de US$112 millones estará en riesgo.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, afirmó en una conferencia que el país tiene hasta el 4 de abril para desembolsar el préstamo que el banco de desarrollo de América Latina CAF aprobó en 2017 y que el plazo no se puede retrasar.

Si bien Montaño señaló que el Gobierno Central sí tiene los fondos para su propio pago de contrapartida, no puede comenzar a utilizar el dinero mientras no se llegue a un acuerdo intergubernamental con la administración de Santa Cruz.

Agregó que el gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, y su administración aún no han respondido a las solicitudes de La Paz.

Este mes, el secretario de Hacienda de Santa Cruz, Orlando Saucedo, dijo que los pagos de contrapartida fueron acordados por la administración anterior sin siquiera conseguir financiamiento.

“Si el Gobierno [Central] nos consigue ese financiamiento, la gobernación [departamental] está dispuesta a asumir la construcción de ese proyecto", indicó. "No vamos a ser irresponsables como la anterior gestión de asumir compromisos sin financiamiento".

El proyecto contempla la pavimentación de 80,9km entre la ciudad de Santa Cruz y Buena Vista y Las Cruces, incluida la construcción de 20 puentes.

INVERSIÓN PÚBLICA CERO

Carolina Gutiérrez, nueva presidenta de la cámara de la construcción cruceña Cadecocruz, aseguró que la inversión en infraestructura departamental es casi exclusivamente del sector privado.

“La inversión pública está prácticamente en cero, está sobre el 1% de las obras que están en Santa Cruz. No hay obras públicas, todo lo levanta el empresariado cruceño", aseguró al diario local El Deber.

Además de ello, los tres estamentos de gobierno (las autoridades de la ciudad de Santa Cruz, el departamento y el Gobierno Central) tienen deudas impagas con constructoras.

En este sentido, el departamento adeuda 80 millones de bolivianos (US$12 millones) en pagos de contrapartida en proyectos que también involucran al Gobierno Central, mientras que la capital debe 280 millones de bolivianos.

Gutiérrez dice que es difícil calcular la deuda que tiene el Gobierno Central, ya que muchas empresas no revelan las cifras “por temor a represalias”.