Brasil endurece normas de cumplimiento para contratos de sector público

El Gobierno brasileño anunció un decreto para fortalecer las reglas de cumplimiento en un intento por reducir la corrupción en los contratos del sector público.

Según la ordenanza, a partir de ahora será obligatorio implementar programas de integridad para todas las empresas que tengan contratos con el sector público de más de 239 millones de reales (US$40 millones).

"Los programas de integridad tienen como objetivo principal prevenir las conductas indebidas, el fraude y los actos lesivos contra la administración pública. Las empresas tendrán hasta seis meses tras la firma del contrato para demostrar la adopción de mecanismos anticorrupción, como auditorías internas, canales de denuncia de irregularidades, códigos éticos y políticas para prevenir el fraude y las irregularidades", señaló el Gobierno Federal en un comunicado.

La Contraloría General CGU se encargará de orientar, monitorear y evaluar la implementación de los programas de integridad, así como de aplicar sanciones en caso de incumplimiento. La adopción de estos mecanismos también será considerada como criterio de desempate en licitaciones públicas, fomentando prácticas éticas y responsables en el sector privado.

Las prácticas de cumplimiento en materia de contratos públicos son un tema delicado para el gobernante Partido de los Trabajadores (PT). Una de las mayores operaciones anticorrupción de la historia de Brasil, Lava Jato, lanzada en 2014 y que duró casi 10 años, se centró en contratos irregulares que involucraban a empresas de construcción y a la estatal Petrobras.

Según los fiscales que lideran las investigaciones, los casos de corrupción ocurrieron con la complicidad de actores políticos designados por gobiernos pasados del PT, junto a varios otros partidos políticos, con vínculos directos e indirectos con empresas y contratos.