Brasil intensifica esfuerzos para atraer inversión extranjera en infraestructura

Dada la creciente urgencia de Brasil de acelerar sus proyectos de infraestructura, el gobierno y el Congreso han unido sus fuerzas para atraer más inversión extranjera.

Una comisión especial de la Cámara Baja evalúa una serie de medidas para actualizar las asociaciones público-privadas (APP) y los modelos de concesión, incluida la creación de instrumentos de cobertura para ofrecer a los actores internacionales.

"Estamos trabajando en una medida para reducir los riesgos de divisas para los inversionistas. Esta será una de las principales prioridades de nuestro proyecto", dijo a BNamericas el legislador Arnaldo Jardim, relator de un proyecto de ley que se discute en la Cámara Baja.

Jardim indicó que una opción que se considera es crear un fondo para cubrir una parte de los pagos de concesiones.

Aunque el gobierno tiene una extensa cartera de proyectos de infraestructura, cuando se trata de APP y concesiones, el tipo de cambio se considera uno de los mayores riesgos para los inversionistas globales.

“La variación del tipo de cambio es un elemento clave para los inversionistas internacionales. Mitigar los riesgos en este frente es crucial y probablemente atraerá más inversionistas internacionales para proyectos de infraestructura brasileños, especialmente en el escenario actual donde en la mayor parte del mundo hay tasas de interés negativas para los inversores y están ansiosos por encontrar nuevas oportunidades", manifestó Pablo Sorj, abogado especializado en infraestructura del destacado bufete de abogados Mattos Filho, Veiga Filho, Jr Quiroga.

OTROS PASOS

Los legisladores también consideran realizar otros cambios a las regulaciones para proporcionar seguridad legal a los inversores y reducir la burocracia.

Según Jardim, una de las propuestas es eliminar la posibilidad de que los concesionarios de infraestructura soliciten protección contra la quiebra.

"Bajo protección contra la quiebra, el proceso es demasiado lento y los usuarios sufren la falta de inversiones en mejores servicios y todas las partes interesadas experimentan retrasos. Nuestra idea es crear un mecanismo para encontrar soluciones rápidas para los concesionarios en dificultades que podría ser la nueva licitación de un proyecto o incluso la venta directa de una concesión", afirmó Jardim.

El legislador manifestó que el borrador final de la propuesta para cambiar el marco probablemente se completará a fines de octubre y que se discutirá y votará en la Cámara Baja en noviembre.

La participación de los actores internacionales del sector privado en la infraestructura se considera crítica, ya que los gobiernos federales y locales enfrentan severas restricciones de gasto después de años de crecimiento económico débil o negativo.

Según un estudio reciente realizado por el BID, para terminar con el déficit de inversión en infraestructura, Brasil necesita invertir un promedio de US$110.000mn por año hasta 2040.

“El mercado brasileño de infraestructura generará inmensas oportunidades para inversionistas de capital y deuda, empresas constructoras y mercados financieros. Para aprovechar al máximo estas oportunidades, el país debe continuar desarrollando la capacidad institucional para identificar, priorizar, estructurar, implementar y monitorear proyectos y concesiones de APP", explicó el BID.

MÁS TRANSPARENCIA

Por separado, los principales actores de la infraestructura en Brasil están tomando medidas para aumentar la transparencia en las relaciones con los funcionarios públicos.

Esta semana marca el lanzamiento de un instituto de autorregulación para el sector de infraestructura, que comprende 22 empresas de construcción locales, centros de estudios y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.

El instituto trabajará para mejorar la transparencia y la gobernanza y combatir el fraude y la corrupción en los contratos entre los sectores público y privado.

"Esta es una iniciativa muy seria y contribuirá a evitar errores vistos en el pasado", dijo a BNamericas Héctor Gómez Ang, director saliente de la IFC en Brasil.

La medida se adopta cuando los principales grupos de construcción aún enfrentan el impacto de la investigación sobre corrupción Lava Jato, que comenzó en 2014.