Buenos Aires planea ofrecer régimen de incentivos propio para captar inversión en GNL

La provincia argentina de Buenos Aires presentará un proyecto de ley para crear su propio régimen de incentivos para grandes proyectos, anunció el gobernador Axel Kicillof.

BNamericas había informado anteriormente que la jurisdicción, que está en manos del peronismo, podría tomar esta medida.

La noticia se conoce luego de que la provincia de Río Negro aprobara un proyecto de ley a través del cual adhiere al régimen de incentivos RIGI del Gobierno Federal.

Tanto Buenos Aires como Río Negro compiten por una multimillonaria inversión en GNL planificada por la petrolera estatal YPF.

“Hemos resuelto enviar un proyecto de ley para un régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas vinculadas a grandes inversiones, la producción y el trabajo en la provincia de Buenos Aires”, indicó Kicillof en la red social X.

"Esta nueva ley engloba los requisitos necesarios para llevar adelante la instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca: incluye la estabilidad tributaria por un período similar al que ofrece el régimen nacional, propone beneficios tributarios para grandes inversiones y trabajar a través de una unidad ejecutora para agilizar cada una de las necesidades de los proyectos".

YPF planea exportar GNL, en un principio desde las costas de Río Negro a través de unidades flotantes, para después construir una planta fija que tiene pendiente el anuncio público de dónde se ubicará. Quienes están a favor de que la inversión vaya a Buenos Aires plantean que allí ya existe infraestructura orientada a la exportación.

YPF planea exportar petróleo desde Río Negro.

Un pilar clave del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), parte del proyecto de ley de reforma económica del presidente de derecha Javier Milei, fue promulgado la semana pasada. Este beneficia a proyectos que requieren un desembolso de más de US$200 millones. Los proyectos calificados recibirán beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad legal y regulatoria por 30 años.

Los proyectos tienen hasta dos años para adherir al régimen y deben desplegar en ese plazo al menos el 40% de la inversión mínima pactada.