Burocracia y conflictos sociales golpean a la minería peruana

El Gobierno peruano tiene la urgencia de reducir el número de permisos requeridos para impulsar nuevos proyectos mineros y destrabar su cartera de US$53.130 millones que no muestra avances importantes, según un centro de estudios.

La regulación minera es una de las más complejas de la región, y existen alrededor de 230 procesos administrativos vinculados a proyectos que hacen que los trámites tomen entre seis y siete años.

Un reporte del Instituto Peruano de Economía (IPE) detalla que, de la cartera promovida por el Ministerio de Energía y Minas, proyectos por unos US$30.000 millones no tienen fecha de inicio o están retrasados por problemas externos. 

CARTERA

De acuerdo con IPE, 23 proyectos por US$29.997 millones presentan atrasos por razones externas como tramitación de permisos, incertidumbre política y conflictividad social y otros 11, por un total de US$16.568 millones, presentan retrasos producto de decisiones empresariales. 

De los 23 proyectos con atrasos externos, 16 no cuentan con una fecha estimada de inicio (ver gráfico).

Según el centro de estudios, el atraso en el inicio de los proyectos previstos —algunos en cartera desde hace más de una década como Conga— le ha costado al PIB peruano unos 700.000 millones de soles (US$187.000 millones) en los últimos 15 años. 

En el caso del cobre, de haberse iniciado los proyectos retrasados, la producción anual de cobre habría aumentado 84% y se habrían añadido unos 1,97 millones de toneladas de metal rojo al año en el periodo 2018-2022. 

PERMISOS

La tramitología sigue siendo una de las grandes limitantes para el desarrollo de nuevos proyectos. El problema se acentúa con los constantes cambios de ministros y funcionarios que participan en la entrega de permisos, certificaciones y reuniones clave como las de consulta previa con las comunidades. 

De acuerdo con la consultora local Apoyo, 100 de los 232 permisos requieren de la participación de 19 entidades públicas a lo largo de toda la operación minera. Los principales procesos y entidades involucradas se observan en el siguiente cuadro.

Según empresas mineras consultadas para el informe, los procesos para obtener el visto bueno del estudio de impacto ambiental detallado y de la consulta previa demoran hasta cinco veces el plazo legal establecido por la normativa local. En el caso del estudio, su aprobación tarda unos tres años. 

CONFLICTOS

Por último, los conflictos sociales son el otro gran problema del sector, y hasta ahora no hay una estrategia nacional para prevenir nuevos enfrentamientos.

De acuerdo con la investigación, 11 unidades mineras detuvieron sus operaciones entre 2021 e inicios de 2023, lo que hizo que se dejen de extraer alrededor de 185.000t de cobre. 

De haberse evitado las paralizaciones, el PIB peruano habría podido crecer 13,8% en vez de 13,3% en 2021 y 3,24% en vez de 2,68% en 2022.