Cámara minera expresa preocupación por oposición a contrato de Cobre Panamá

La Cámara Minera de Panamá (Camipa) expresó su preocupación por la forma en que se han abordado los temas del contrato acordado entre Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, y el Estado panameño, al poner en duda la importancia de la industria minera para el desarrollo sostenible del país centroamericano.

“Vemos con preocupación cómo algunos sectores de la sociedad, grupos de interés radicalizados y unos pocos medios de comunicación han querido llevar el tema de la discusión del contrato de MPSA (Minera Panamá) al plano de la conveniencia o no de desarrollar la industria minera en nuestro país”, dijo Camipa en un comunicado.

“A todas luces para efectos de las operaciones de MPSA y del sector minero, luego de años de trabajo, una inversión multimillonaria y significativos aportes al desarrollo sostenible, el esgrimir argumentos de “No a la Minería” y oponerse al contrato, es completamente extemporáneo”, agregó.

Cobre Panamá comenzó a producir concentrados de cobre en junio de 2019. El año pasado, reportó una producción de 350.438t de cobre. La minera aporta cerca de 5% del PIB, representa cerca de la mitad de la producción total de First Quantum y el 75% de las exportaciones de bienes del país, según datos de la empresa.

Así mismo, el gremio advirtió sobre lo “delicado y peligroso” que son para la nación las publicaciones que hacen referencia a que Panamá tendría todas las posibilidades de ganar un arbitraje en caso de rechazo del contrato y no continuidad de la operación de la mina. 

“Antes de considerar involucrarnos como país en una confrontación legal en un arbitraje internacional por decenas de miles de millones de dólares, debemos aclarar que el arbitraje es un derecho del inversionista, y este puede recurrir al arbitraje al momento en que considere vulnerados sus intereses”, advirtió Camipa. 

“Es un error cargado de sesgo y subjetividad, describir al arbitraje como una herramienta para amenazar al Gobierno.  Lo que los panameños debemos tener claro es que, cualquiera que sea el resultado de un arbitraje, tanto la empresa como el país se verían seriamente afectados con la suspensión temporal o definitiva (como resulte), de las operaciones de la mina”, añadió. 

REPUTACIÓN INVERSORA EN JUEGO

El 28 de septiembre, el órgano legislativo suspendió la discusión del proyecto ley para aprobar o rechazar el nuevo contrato acordado con la minera en marzo y lo devolvió al gobierno, pocas horas después de haber retomado el primer debate y en medio de protestas de grupos de la sociedad civil, la academia y ambientalistas.

Esa misma noche, el Ministerio de Industrias y Comercio informó en un comunicado que se evaluaría la resolución emitida por la Asamblea Nacional y se presentarán nuevas recomendaciones al Consejo de Gabinete con propuestas que resuelvan las inquietudes planteadas por los legisladores, en conjunto con la filial de First Quantum.

“Consideramos que es muy adecuado y valoramos muy positivamente, que luego del amplio y exhaustivo proceso de consulta llevado a cabo por el Ejecutivo y luego en la Asamblea, se ha abierto la puerta para realizar cambios en temas específicos que han sido solicitados por la ciudadanía de manera reiterada y responsable”, expresó Camipa en el comunicado. 

La cámara señaló la relevancia de que Minera Panamá y el Ejecutivo evalúen la propuesta de cambios sugerida de manera colaborativa, y se logre el resultado deseado de beneficio mutuo para todas las partes involucradas, y el país en general. 

“Es importante que el contrato sea devuelto y continúe su debido proceso dentro de la Asamblea hasta su aprobación y sanción correspondiente, para asegurar una reputación positiva de Panamá como país que respeta la estabilidad jurídica, la protección de la libre empresa, los miles de empleos y empresas contratistas que dependen de este, y evitar una mayor afectación de la calificación de riesgo de inversión en Panamá”, exhortó el gremio.

“El mundo toma nota de estas señales negativas que Panamá envía respecto a la certidumbre de que se respetan los términos y supuestos bajo los que se dio la inversión”, agregó. 

Después de una serie de intensas conversaciones, First Quantum y las autoridades panameñas acordaron el 8 de marzo que el nuevo contrato de Cobre Panamá, una de las minas de cobre más grandes de América Latina, tendría una vigencia de 20 años, con posibilidad de prórroga por otros 20 años, y que la minera pagaría al Estado al menos US$375 millones anuales.

Fueron necesarias nuevas negociaciones, porque en 2017 la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato original de 1997 a raíz de un recurso presentado por la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), que interpuso un nuevo recurso ante el tribunal en julio para impedir que el gobierno negociara el acuerdo.

ARGUMENTOS 

Camipa recordó que la mina Cobre Panamá es solo uno de los yacimientos que se conocen en el país, y señaló que esta “ha demostrado que la minería bien hecha, como se hace en los países desarrollados, aporta significativamente al desarrollo sostenible en sus diversas dimensiones”.

En el ámbito económico, el gremio destacó que la mina es, junto al Canal de Panamá, “motor de la economía nacional, como es ampliamente reconocido por organismos internacionales y calificadoras de riesgo internacionales”. 

Como ejemplo de esto, la cámara recordó que, por primera vez en la historia del país, los mayores salarios promedio se están dando en una zona del interior, “prueba fehaciente de que la minería es un mecanismo efectivo de combate a la desigualdad”.

En el ámbito social, Camipa señaló que la empresa “genera programas mediante los que más de 250 familias de la región de Donoso y Coclesito han abandonado las prácticas agropecuarias de subsistencia (perpetuadoras de la pobreza intergeneracional) y ahora, utilizando prácticas sostenibles y sin agroquímicos, son pequeños empresarios aglutinados por la Asociación Donlap y venden más de 60t de productos a la mina, y al mercado nacional”.

Finalmente, respecto a su dimensión ambiental, la cámara aseguró que el área protegida de Donoso/Corredor Biológico pasó a ser la de mayor cantidad de programas de conservación de la biodiversidad en el país. “Existen más de 45 estaciones de monitoreo de calidad del agua superficial, aparte de los que ejecutan ahora las instituciones gubernamentales y miembros de las comunidades capacitados para ello”, detalló en el comunicado.