Chile estudia ajustes a sistema de evaluación de inversiones

El Ministerio de Desarrollo Social de Chile estudia modificar el sistema de evaluación de inversiones para tener en cuenta nuevas variables y mantener la eficacia del proceso, en momentos en que las autoridades intentan acortar los plazos de revisión de los proyectos.

“Son múltiples los elementos que están cambiando el ambiente en que nos movemos como sistema de inversiones y tenemos que tener esa flexibilidad de irlos incorporando, pero con la sapiencia de hacerlo de una manera tal de que no implique más impedancia al proceso de formulación y evaluación”, dijo durante un seminario en línea el jefe de la división de evaluación social de inversiones del ministerio, Rodrigo Henríquez.

La cartera ha asignado 1,47 billones de pesos (US$1.500 millones) a 1.639 iniciativas de inversión este año, según su base de datos. El monto excluye desembolsos en los mismos proyectos en años diferentes.

Algunos ajustes a la evaluación incluyen el costo social del carbono, las brechas territoriales de infraestructura, los beneficios económicos indirectos y la racionalización de la metodología general, explicó la subsecretaria de valuación social, Paula Poblete, en el mismo evento, organizado por el grupo de expertos en infraestructura CPI.

El webinar también contó con la presentación de una metodología de revisión social basada en beneficios indirectos y desarrollada por el BID.

Mauro Alem, especialista principal en infraestructuras del organismo, dijo que la propuesta mostraba impactos indirectos sustanciales cuando se aplicaba al Corredor Pacífico de Centroamérica, que implica un plan de US$20.000 millones para ampliar 2.180km entre el paso de Tecún Umán, en la frontera entre México y Guatemala; y Ciudad de Panamá, en un plazo de 12 años.

“Nuestro modelo nos dice que el primer empuje lo hace el Estado por medio de la inversión pública. El resto se produce como consecuencias de un mercado que funciona relativamente bien, sin demasiadas restricciones en las fronteras”, afirmó Alem.

Los beneficios indirectos incluyen un aumento del 5% del PIB per cápita en todas las ciudades principales a lo largo del corredor ―excepto las situadas en los puntos inicial y final de la ruta―, el cierre de las brechas económicas entre los países centroamericanos, el aumento de los salarios y una mayor productividad.

Alem destacó que los beneficios indirectos podrían ayudar a legitimar grandes proyectos.

Aunque Poblete valoró la propuesta, agregó que su implementación podría demorar mucho tiempo y que existe incertidumbre sobre su aplicación a proyectos más pequeños.