Chile cerca de adjudicar licitación para operación de buses en Santiago

Los resultados de la evaluación económica para la licitación de operación de buses en Santiago de Chile se publicarán el 23 de septiembre, mientras que la resolución adjudicatoria debiera anunciarse a principios de octubre, según las autoridades del Ministerio de Transportes (MTT).

En total, 84 oferentes aprobaron la evaluación técnica, mientras que 2 fueron excluidos por falta de documentación exigida, informó la directora de Transporte Público Metropolitano (DTPM), Paola Tapia, a la comisión de transporte del Senado durante una audiencia pública.

Lanzada en diciembre pasado, la licitación está dividida en cinco unidades de servicio que abarcan 121 líneas de buses, el equivalente a 30% del total de la ciudad, y movilizan a 3,5 millones de personas.

El proceso incluye también la renovación de 2.100 autobuses, de los cuales 1.100 serán eléctricos.

Una vez incorporados, los buses eléctricos darán cuenta del 50% de la flota de Santiago. Hasta agosto, la ciudad contaba con 2.480 unidades de este tipo.

MEDIDAS ANTIEVASIÓN

La evasión en el sistema de transporte público de Santiago alcanzó el 38,2% en el primer semestre, caída de 7,6 puntos desde que el MTT anunció un nuevo plan antievasión el año pasado, caracterizado principalmente por reforzar las inspecciones en los buses, que detectan la mayoría de los casos.

El ministro Juan Carlos Muñoz indicó durante la audiencia en el Senado que las validaciones de tarifas del sistema de transporte público, que incluye a buses, metro y trenes interurbanos, han superado su máximo prepandémico.

Sin embargo, admitió que, en general, los automóviles privados siguen superando al transporte público en la ciudad por un margen mayor que antes del COVID-19, fenómeno que, a su juicio, se ha visto exacerbado luego de que los retiros de los fondos de pensiones impulsaron la venta de vehículos.

Aunque el propio Muñoz ha evitado hablar de medidas específicas como la tarifa de congestión o los impuestos al carbono, precisó que el gobierno quiere dejar una “propuesta más clara” para desincentivar el uso del automóvil privado antes de que termine esta administración en marzo de 2026.