Chile estudia reformar concesiones marítimas para dar impulso a desalinización

La reforma a las concesiones marítimas de Chile es una parte medular de la estrategia de desalinización del país, aunque aún está por definirse qué agencia asumirá el control del proceso de licenciamiento de manos de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

En el sistema actual, se requieren en promedio 45 meses para tramitar una concesión marítima, a diferencia de los 12 que se necesitan para las concesiones terrestres, señaló la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, cuya oficina maneja este último procedimiento, durante una audiencia pública en la comisión de recursos hídricos del Senado.

“Las concesiones marítimas son parte de los que se consideran trámites de alta complejidad, por lo que requieren diversos estudios e informes. Eso a veces hace que los plazos [de revisión] sean mucho más amplios”, manifestó, para agregar luego que la reforma planteada busca agilizar estos procesos, homologándolos con el sistema de concesiones terrestres de su ministerio.

Estas modificaciones son parte de los cambios que el Ejecutivo debiera introducir el próximo mes en un proyecto de ley relacionado con el sistema de concesiones marítimas que fue presentado originalmente en 2012 por el gobierno del entonces presidente, Sebastián Piñera.

La propuesta legislativa fue aprobada por la Cámara Baja en 2013, pero desde entonces se encuentra estancada en la comisión de medioambiente del Senado.

El proyecto de ley, tal y como fue aprobado en su momento por la Cámara de Diputados, se puede revisar aquí.

CUELLO DE BOTELLA

Las concesiones marítimas suelen mencionarse como obstáculo para la inversión en desalinización, junto con otros procedimientos de revisión que el gobierno está tratando de agilizar, como las evaluaciones ambientales.

La comisión de recursos hídricos del Senado está revisando otra propuesta legislativa para regular la desalinización y establecer una estrategia nacional en este segmento.

Ese proyecto de ley establece que las concesiones marítimas serán manejadas por un ministerio “competente” aún no identificado, aunque cualquier solicitud de concesión debe contar primero con un informe favorable de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) antes de su aprobación.

También establece que la estrategia nacional de desalinización deberá ser revisada cada cuatro años y que, en su elaboración y aprobación, participarán los ministerios de Defensa, Obras Públicas, Hacienda, Economía, Medio Ambiente e Interior.

Durante la audiencia en el Senado, Juan Carlos Latorre, extitular de la concesionaria estatal de servicios de agua Econssa, cuestionó el plazo previsto para revisar la estrategia de desalinización y sugirió que debería ser de seis a ocho años para garantizar que no esté intrínsecamente ligada a los mandatos presidenciales.

También cuestionó la ausencia del Ministerio de Agricultura entre los organismos encargados de elaborar la estrategia y pidió que se realicen planes específicos para cada región.