Combatir la delincuencia es principal prioridad para los peruanos

La inseguridad ciudadana es la mayor preocupación de la población de Perú, ya que las pérdidas económicas derivadas están llegando a niveles récord y restringiendo el desarrollo de negocios en el país.

Este año, la delincuencia debiera restarle 3,5 puntos porcentuales al PIB, el equivalente a 35.000 millones de soles (US$9.390 millones). De dicha cifra, se estima que unos 6.000 millones corresponden a pérdidas exclusivas por delitos de extorsión y otros 1.000 millones, a pérdidas por paralización de obras en el primer semestre.

Es la conclusión de un informe de Erika Solís, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que se basó en información de diversas asociaciones como la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el grupo empresarial Confiep y a cámara de la construcción Capeco. De acuerdo con la especialista, son casi 300 obras de construcción paralizadas y perjudicadas por la inseguridad, factor que explica por qué el rubro no ha venido creciendo al ritmo esperado.

PERCEPCIÓN

El incremento de la delincuencia en el país es foco de atención ciudadana desde hace más de un año, pero la respuesta del gobierno no ha sido eficaz. Una reciente encuesta de la consultora Ipsos señala que al menos el 33% de los 10 millones de habitantes de Lima ha sido víctima de robo en los últimos 12 meses, lo que se aplica tanto a personas naturales como a pymes.

De acuerdo con Solís, los pagos por extorsión exigidos a empresas oscilan entre 15.000 y 30.000 soles mensuales, lo que está volviendo insostenible el clima de negocios. Esto ya venía ocurriendo en el sector minero formal, pero en los últimos meses se ha expandido a rubros como el comercio, la construcción e incluso la banca.

Según un especialista del sector financiero que prefirió mantener su identidad en reserva, la morosidad de los créditos otorgados en el sector microfinanciero —cajas rurales, municipales, y financieras— se ha incrementado, porque parte de los préstamos se terminan yendo al pago de pandillas, lo que pone en riesgo la solvencia de las entidades formales.

Perú ha sido escenario de protestas encabezadas por el gremio de transportistas, que reclaman mayor seguridad al Estado, a lo cual se han sumado asociaciones del sector textil y de pequeños negocios. De no mejorar la estrategia para afrontar la delincuencia, es probable que el descontento social aumente y el camino quede libre para políticos con propuestas radicales, advierten analistas.