Congelamiento de precios sacude a industria argentina de telecomunicaciones

La industria argentina de telecomunicaciones está estudiando cómo responder al decreto emitido el viernes por el presidente Alberto Fernández en el que declara la telefonía, la internet y la televisión de pago como servicios públicos imprescindibles y congela sus precios hasta fin de año.

Para los operadores y entidades del sector, la sorpresiva medida genera inseguridad jurídica en un momento difícil y afecta los planes de inversión.

"Una decisión de este tipo, de esta magnitud y alcance, en forma abrupta y un poco inesperada porque las conversaciones iban avanzando (...) para configurar un paquete de conectividad, preocupa muchísimo y preocupa el compromiso de las inversiones actuales y futuras”, dijo a BNamericas Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET).

“Estamos trabajando con los operadores locales, que están esperando si la medida se va a ratificar en las cámaras”, añadió, para luego indicar que, de aprobarse el decreto, dependerá de las autoridades políticas y técnicas definir la mejor implementación posible de la política.

El regulador de telecomunicaciones Enacom y los operadores locales acordaron suspender los reajustes de precios de los servicios de telecomunicaciones hasta fines de agosto debido a la crisis del COVID-19. Con la inminente expiración del acuerdo, muchos operadores pretendían aumentar sus precios en septiembre.

Un ejemplo es Telecom Argentina, que la semana pasada señaló en su teleconferencia de resultados que tenía previsto incrementar los precios en un 10,5% a partir del 1 de septiembre.

Según Méndez, fijar precios en un mercado "tan desarrollado como Argentina" va en contra de la flexibilidad regulatoria necesaria para que el sector continúe implementando infraestructura crítica.

“Este es un tema sensible, porque en los países hay que recurrir a financiamiento externo para el desarrollo de estas enormes plataformas y ese financiamiento externo, al subir el riesgo, sube también el costo y hace reevaluar si es viable ingresar en el negocio o al desarrollo de nuevas tecnologías”, añadió.

Méndez también precisó que las condiciones macroeconómicas y la depreciación del peso en Argentina son factores a tener en cuenta.

GSMA

En la misma línea, la asociación GSMA señaló en un comunicado que las medidas que modifican la estructura tarifaria en mercados competitivos con proporción significativa de insumos dolarizados son regresivas en términos de inversión en infraestructura digital y nuevas tecnologías.

“Lejos de garantizar el acceso a todos los ciudadanos, las disposiciones ponen en riesgo la calidad de los servicios y la ampliación de la conectividad, pudiendo aumentar la brecha digital”, declaró GSMA, que pidió al gobierno reconsiderar las medidas junto con todos los actores del sector. “Este escenario es amplificado dada la centralidad de la conectividad y el rol fundamental que las telecomunicaciones tendrán en el proceso de recuperación económica y productiva de la Argentina”.

GSMA señaló que los operadores se han comprometido desde el comienzo de la pandemia a apoyar la conectividad de los más vulnerables y han ofrecido planes asequibles, opciones flexibles de pago, levantamiento de límites de consumo de datos y acceso gratuito a servicios y sitios web específicos.

El acuerdo entre las empresas de telecomunicaciones y Enacom incluía ofrecer, al menos hasta el 30 de septiembre, “planes inclusivos” con precios especiales y no cortar los servicios a los clientes que no paguen oportunamente sus cuentas hasta fines de octubre.

Méndez, de ASIET, planteó que garantizar el acceso a las telecomunicaciones para los más vulnerables debería conseguirse con políticas públicas específicas, como paquetes inclusivos o subsidios a través del fondo universal de telecomunicaciones, y mencionó a Colombia y Costa Rica como ejemplos de países que implementaron subsidios respaldados por fondos de telecomunicaciones.

Méndez no cree que otros países sigan el camino de Argentina, aunque muchos reguladores de la región han prohibido la cancelación de servicios para consumidores morosos de servicios de telecomunicaciones, agua y electricidad durante la pandemia, y algunos de ellos han extendido la medida hasta fin de año.

TELCOS

En una comunicación interna enviada a empleados y reproducida por diarios locales, Telecom Argentina, controlada por el grupo de medios Clarín, calificó el decreto como una medida “arbitraria” que generará “un fuerte impacto para la compañía y para la industria en su conjunto".

El operador señaló estar "muy preocupado", porque el decreto deteriora la seguridad jurídica y despoja a las empresas del control de una variable comercial esencial, fijar los precios de sus productos y servicios.

Telecom Argentina estaba analizando restituir un aumento de US$100 millones en el gasto de capital previsto para 2020, cifra revisada debido a la pandemia.

"Ahora que el trato está cerrado y que tenemos una imagen más clara de la evolución de la empresa en el proceso de cuarentena, decidimos retomar el monto de gasto de capital original y también estamos considerando sumas adicionales", señaló el director general de finanzas, Gabriel Blasi, en respuesta a una consulta de BNamericas en la conferencia de resultados del 2T la semana pasada.

GOBIERNO

En referencia al decreto del viernes, el presidente Fernández señaló el domingo que la medida era razonable y necesaria.

El mandatario retuiteó declaraciones del secretario general del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Federico Thea, que señala que un decreto de 2015 del expresidente Mauricio Macri despojó al Estado de facultades para regular los servicios de TIC.

“Tenemos que entender que el Estado debe regular servicios públicos como tecnologías de Información y Comunicación y celulares para preservar los derechos de ciudadanos y proteger al usuario”, señaló Fernández.

Con 60 millones de líneas móviles, los teléfonos celulares se han convertido en el medio de comunicación por excelencia de los 44 millones de argentinos. Dejar que el sector funcione sin regulación estatal es un problema, añadió.

De la misma manera, indicó que el 80% de los hogares recibe televisión por cable y tampoco existe regulación y hay empresas que necesitan fiscalización, dada su posición dominante en el mercado.

Según Fernández, Enacom definirá una nueva política de precios.

En entrevistas con medios locales, el mandatario justificó la medida con el argumento de que hay 6.000 niños de distritos porteños de bajos ingresos que se expondrían a contraer el coronavirus porque el gobierno de la ciudad resolvió que los estudiantes que no tienen conexión a internet deben regresar a clases.

“Si el presidente quiere garantizar el acceso a internet, eso se hace con el Fondo de Servicio Universal, que ya se está dando en barrios vulnerables del conurbano. Se podría haber extendido el programa a los alumnos sin conectividad a internet ", señaló Silvana Giudici, titular de Enacom durante la administración de Macri, al diario Clarín.