Consulta pública sobre Tren Maya genera más incertidumbre

El Tren Maya de US$7.700mn del presidente Andrés Manuel López Obrador fue "aprobado" durante el fin de semana por 84 municipios mexicanos en cinco estados del sur en medio de críticas por la legalidad de las consultas públicas.

"No es una consulta popular, sino más bien legitimar los actos del presidente con el respaldo de la población", dijo a BNamericas Rogelio Rodríguez Garduño, profesor de derecho de la Universidad Autónoma de México.

Según el experto, el referendo infringe el artículo 35 de la Constitución y carece de validez ya que las consultas deben ser realizadas por el organismo mexicano de supervisión electoral INE.

Asimismo, señaló dijo que los proyectos de infraestructura no están sujetos a consulta pública.

"El artículo 35 constitucional es muy claro. Dentro de las cosas que no pueden ser materia de una consulta, por ejemplo, es el tema de recaudación de impuestos, la disminución de derechos humanos o la ejecución del presupuesto y las obras de infraestructura. ¿A quién le corresponde llevar a cabo la infraestructura necesaria? Al Ejecutivo por medio del plan de desarrollo", sostuvo.

Durante el fin de semana, se realizaron consultas públicas por la línea de 1.452km en 269 puntos y 15 asambleas de discusión en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche. La participación de más de 1.000 comunidades indígenas fue "contundente", indicó el gobierno en un comunicado.

Sin embargo, los habitantes de la sureña península contaban con información "mínima" sobre los planes, informó el diario El Universal.

La mayoría de las consultas se realizaron en Yucatán, en 58 municipios, mientras que solo cuatro municipios del estado de Tabasco participaron en el referendo. Además de las áreas que el ferrocarril de pasajeros y carga atravesaría directamente, se consultó a municipios ubicados a 30km de la línea.

Durante las asambleas, las comunidades indígenas propusieron formas en las que podrían participar y de qué manera manejarían los beneficios del tren.

El gobierno afirma que el tren beneficiará a 12 millones de habitantes.

ANTECEDENTES

El gobierno había sometido ya antes el Tren Maya a consulta pública.

El año pasado se lanzó un referendo cuando surgieron preocupaciones ambientales y más de 100 científicos enviaron una carta a AMLO pidiéndole que no procediera con la construcción del ferrocarril de carga.

Esta vez, sin embargo, al presidente le preocupaba que los grupos indígenas pudieran detener las obras, por lo que el mes pasado, al anunciar la consulta, el líder de izquierda planteó que no quería "comenzar algo que no vaya a terminarse".

De acuerdo con Rodríguez Garduño, la línea ferroviaria es vulnerable a suspensiones federales similares a las que afectaron el aeropuerto de la base aérea militar de Santa Lucía, que se detuvo durante casi tres meses debido a las apelaciones presentadas por ciudadanos y asociaciones empresariales.

"No solo lo pudiera poner [el juicio de amparo] el que se sienta afectado porque la vía pasa por su propiedad o por la zona comunal físicamente, sino porque afecta, por ejemplo, el desarrollo de la persona, afecta al medioambiente", manifestó.

PRÓXIMAS LICITACIONES

La decisión del presidente de pedir una segunda consulta generó incertidumbre, y algunos críticos incluso sugirieron que el gobierno estaba buscando una salida.

Pero ahora, el proyecto está un paso más cerca de volverse realidad y la primera serie de licitaciones se lanzará en enero, según lo expresado por AMLO en su conferencia de prensa matutina el lunes.

"La primera semana de enero ya se lanza la licitación en los tramos donde ya existe ingeniería básica, estamos hablando de alrededor de 800km que van a empezar ya", dijo el mandatario poco después de celebrar el resultado de la consulta.

Asimismo, instó a los líderes de las empresas de construcción a prepararse para el comienzo del proceso de licitación.

El viernes, el fondo mexicano de turismo Fonatur, que es responsable de la construcción del tren, recibió los estudios de ingeniería básica del proyecto.

El contrato se adjudicó en agosto a un consorcio compuesto por Senermex, Key Capital, Daniferro Tool y Geotecnia y Supervisión Técnica por US$15,2mn. El consorcio tenía ocho meses para completar el estudio, pero lo hizo en cuatro.

Con el estudio, el gobierno puede diseñar un plan para las empresas de construcción interesadas que quieran involucrarse en la construcción de los siete tramos a través de tres regiones: Caribe, golfo y selva.

El estudio es parte de la primera etapa del Tren Maya e incluye análisis de movimientos de tierra, estructura, túneles, estaciones, vías de acceso, trabajos técnicos y eléctricos, cartografía y topografía, drenaje y otros, informó Fonatur.

Ahora que se ha completado el estudio de ingeniería básica, el gobierno puede lanzar una licitación por los estudios de riesgo ambiental, dijo el viernes el secretario de Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons.