Consultas indígenas sobre mina de Pan American en Guatemala podrían iniciarse en 2 meses

Dentro de los próximos dos meses podría partir el largamente esperado proceso de consultas a comunidades xinka que ordenaron tribunales de Guatemala sobre la mina Escobal, de Pan American Silver, dijo a BNamericas Kelvin Jiménez, abogado del parlamento xinka. 

Las consultas, de tener resultados positivos para la compañía, le ayudarán a determinar la viabilidad de reactivar la mina de plata, cuyas operaciones están suspendidas desde 2017. Previo a esto, Escobal producía 20 millones de onzas anuales de plata.

“Yo considero que dentro de un mes a dos meses estarían empezando las consultas. El tiempo va a depender de la dinámica de cada comunidad para tomar decisiones. Se reúnen para decidir, y la idea es que la información esté lo más clara posible”, dijo Jiménez. También aclaró que no se trata de elecciones por voto, pues cada comunidad tiene sus mecanismos. 

Las autoridades guatemaltecas esperaba que durante 2022 concluyeran cuatro procesos de consultas pendientes, incluyendo el de Escobal, que hasta entonces avanzaba “satisfactoriamente”, según informó el entonces ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, a la prensa local.

No obstante, casi dos años después todavía no se ha cumplido en este caso con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Guatemala es signataria. El acuerdo establece que las comunidades indígenas tienen derecho a ser consultadas previamente sobre los proyectos que puedan afectarles.

La mina Escobal, ubicada en el municipio San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Rosa, es uno de los mayores productores de plata de la región, pero permanece detenida por más de seis años debido a bloqueos carreteros y la suspensión provisional de una licencia que dictaminó la Justicia. El 3 de septiembre de 2018, la Corte de Constitucionalidad ordenó suspender las operaciones mientras no se realice la consulta a las comunidades. 

Las comunidades xinka de la zona, dedicadas en gran parte a la producción agropecuaria, se han opuesto desde hace más de una década a la mina operada por Minera San Rafael, filial de la compañía canadiense, y durante los años recientes han estado recopilando la información necesaria para llevar a cabo las consultas.  

“Ha sido un proceso bastante largo, para nosotros también es un desgaste porque implica inversión de tiempo por parte de las comunidades" dijo Jiménez. Añadió que el proceso ha dejado en evidencia "una debilidad institucional”. 

“Hay una debilidad muy fuerte de parte del Estado, un retardo en la entrega de la información que hemos estado solicitando a las instituciones, y la sentencia fue muy enfática al establecer que como pueblo xinka deberíamos tener toda la información que nos sirva para tomar una decisión informada, realmente libre y conociendo todos los beneficios o perjuicios que pudiera traer este proyecto”, afirmó el jurista.

Asimismo, denunció la entrega de información en muchos casos incompleta por parte de entidades como los ministerios de Salud Pública, de Ambiente y de Cultura y Deportes. “Fue un proceso muy tortuoso para poder obtener esta información”, señaló.

“Ya la otra semana estaremos quizás concluyendo con el análisis de la información, previo a pasar con la consulta en las comunidades”, explicó Jiménez y descartó especular sobre los posibles resultados.

Comentó además que están a la espera de que el Ministerio de Energía y Minas, que dirige el proceso de consulta según el Convenio 169, los convoque para discutir las conclusiones alcanzadas hasta ahora, antes de iniciar las consultas comunitarias.