Cooperación público-privada es parte de la solución a problemas hídricos de agricultura chilena

Mientras el sector agrícola chileno se enfrenta a problemas de abastecimiento de agua a raíz de una histórica sequía, las autoridades y los actores del sector privado coinciden en que la cooperación público-privada y la tecnología son pilares clave, pero también se requieren reglas más claras.

“Cada uno tiene que jugar un rol. Nosotros lo que pedimos al Estado es tener reglas claras para poder funcionar; lo otro lo podemos hacer nosotros”, dijo a BNamericas Antonio Walker, presidente de la asociación agrícola SNA, durante un webinar sobre asociaciones público-privadas.

El gobierno planea crear consejos de cuencas público-privados para mejorar la gestión hídrica, pero Walker señala que estas entidades asumirían funciones que actualmente desempeñan agrupaciones de usuarios del agua, que son ONG privadas.

"Para mejorar la gestión del agua, tenemos que estar todos los usuarios en el diálogo", manifestó Walker, también exministro de Agricultura.

Sin embargo, el actual ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, señaló en el seminario organizado por el centro de estudios de infraestructura CPI que los consejos de cuenca no excluirán al sector agrícola de la gestión del agua y reiteró la voluntad del sector público de escuchar las preocupaciones de la SNA.

“Nosotros como ministerios somos bien categóricos en que los usuarios de agua, las sanitarias, las APR [asociaciones de agua potable rural] y los agricultores deben ser los actores fundamentales” en estos consejos, precisó Valenzuela.

Alrededor del 58% de las tierras agrícolas del país se benefician del riego tecnificado, dijo Walker a BNamericas. Por otra parte, llamó a construir más embalses y a revestir los canales de agua para evitar pérdidas por filtraciones, entre otras medidas.

Valenzuela agregó que la autoridad de riego CNR también está comenzando a entregar financiamiento para compuertas telemétricas y sistemas mixtos de membranas, así como para pequeñas plantas desalinizadoras que atenderán la agricultura costera.

También mencionó que la concesión del embalse Zapallar, valorada en US$213 millones, recibió aprobación ambiental esta semana.

El proyecto contempla la creación de un embalse con capacidad para 70Mm3 de agua que abastecería a los municipios de San Ignacio y El Carmen en la Región de Ñuble.

A diferencia de otras concesiones, donde primero se adjudica el proyecto y luego el concesionario debe tramitar la aprobación ambiental, el Ministerio de Obras Públicas optó por obtener la aprobación antes de sacar el contrato a licitación y está estudiando utilizar esta modalidad para otras concesiones.

Este año se lanzará una licitación por el embalse y, como el permiso ambiental ya se otorgó, las autoridades apuntan a que la construcción podría comenzar en 2025, dijo Valenzuela a BNamericas.