Corte Constitucional de Ecuador da luz verde a juicio político contra Lasso

La Corte Constitucional de Ecuador admitió la solicitud de juicio político presentada por la Asamblea Nacional contra el presidente Guillermo Lasso.

Los legisladores acusan a Lasso de delitos de concusión y peculado que se habrían cometido en la coordinadora Emco, la petrolera Petroecuador y la transportadora marítima de hidrocarburos Flopec, todas compañías estatales.

El pleno de la corte resolvió rechazar las dos acusaciones de concusión, pero admitió el cargo relacionado con el delito de peculado en Flopec.

El tribunal indicó que la solicitud y el trámite seguido en la Asamblea Nacional respetó los principios de legitimidad política y debido proceso.

El pedido fue presentado formalmente el 16 de marzo a la asamblea con el respaldo de 59 legisladores, entre ellos integrantes del movimiento político del expresidente Rafael Correa y del derechista Partido Social Cristiano.

La moción se basó en una investigación de una comisión legislativa controlada por la oposición, abierta después de que un medio de comunicación digital publicara denuncias de corrupción en empresas estatales en las que estaría implicado Danilo Carrera, cuñado de Lasso.

La Secretaría de Comunicación indicó que el gobierno respetará el dictamen de la corte, pero precisó que la decisión no valida los argumentos planteados por la legislatura para someter a juicio político al mandatario.

"El planteamiento de la Asamblea nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político alguno", señaló el organismo en un comunicado.

LO QUE VIENE

La solicitud pasará ahora a la comisión de fiscalización del Congreso, que tiene 30 días para presentar un informe para recomendar la continuidad del proceso o su desestimación.

El presidente y los legisladores debe presentar pruebas a la comisión. Si se decide archivar el caso, el proceso se cierra.

Si la comisión presenta un informe que recomienda dar continuidad al juicio político, pasará a debate al pleno de la legislatura, donde el mandatario tendrá derecho a defenderse.

Para destituir al presidente se necesita el respaldo de 92 miembros, el equivalente a dos miembros de la asamblea.

Lasso no ha descartado recurrir a la “muerte cruzada”, mecanismo constitucional que lo faculta a disolver la Asamblea Nacional para convocar anticipadamente a elecciones presidenciales y legislativas, y a gobernar por decreto mientras las elecciones se concretan.

El martes el presidente de la confederación indígena Conaie, Leonidas Iza, planteó que Lasso no puede emplear esa figura, porque sería entrar en una dictadura.

Analistas locales consideran que todo el proceso podría prolongarse al menos un mes y medio.