Costa Rica revela precios de referencia y compromisos de cobertura para licitación de 5G

Luego de haber precalificado a siete compañías para competir por espectro, el regulador costarricense Sutel publicó los precios de referencia y compromisos de cobertura que deberán cumplir los operadores que se adjudiquen frecuencias.

Los operadores precalificados para participar de la licitación de espectro nacional, que se llevará adelante el 23 de enero, son Liberty y Claro. Otros cinco operadores participarán por frecuencias regionales en un concurso que se celebrará al día siguiente.

El precio base fijado corresponde al 10% del valor del espectro, siendo el 90% restante contemplado en el desarrollo de infraestructura.

Sutel pondrá a disposición 5 bloques en la banda de 700MHz. Cuatro de estos tienen un ancho de banda de 2x10MHz, con un valor de US$3,19 millones por bloque. A esto se suman compromisos de despliegue de 305 unidades de infraestructura (torres de telecomunicaciones) por bloque.

El quinto bloque tiene un ancho de banda de 2x5 y un valor mínimo de US$1,60 millones, con compromisos de despliegue de 152 unidades de infraestructura.

Cada uno de los dos bloques de 50MHz en la banda de 2.3GHz tendrá un precio mínimo de US$3,06 millones y compromisos de despliegue por 293 unidades de infraestructura.

En la banda de 3.5GHz, prioritaria para poder ofrecer servicios 5G, habrá disponibles 12 bloques de 25MHz, cada uno con un valor mínimo de US$2,40 millones y compromisos de despliegue de infraestructura por 229 unidades.

La banda de 26MHz se ofrecerá en un bloque de 400MHz con un valor mínimo de US$49.181 y compromisos de despliegue de 5 torres y en tres bloques de 50MHz cada uno con un precio mínimo de US$393.447 y compromisos de desplegar 38 unidades de infraestructura.

Por último, se ofrecerán 4 bloques de 400MHz en la banda de 28GHz a un valor mínimo de US$393.447 y con compromisos de despliegue de 38 unidades.

El monto económico recaudado se destinará al fondo de telecomunicaciones Fonatel para proyectos de cierre de brecha digital.

Las empresas tienen hasta el 7 de enero de 2025 para comunicar su intención de continuar o no en la subasta.