Critican decreto para desarrollo sustentable por vago

Un nuevo Decreto Supremo en Perú que exige a las mineras hacer un compromiso legal con el desarrollo sustentable y la mejor práctica ambiental en las áreas que operan ha sido criticado entre fuentes de la industria por ser muy vago. Jaime Soldi, consultor minero en Lima, dijo a BNamericas que si bien se reconocen las buenas intenciones, todo lo que hace el nuevo decreto es generar más confusión. Soldi añadió que el decreto, publicado en el Diario Oficial de Perú el 13 de diciembre, fue un intento apresurado y burocrático para librarse de la presión de lidiar con la cada vez mayor oposición a la minería en el país a raíz de malas prácticas en el pasado. Otra fuente de la industria, que pidió no ser identificada, dijo que el documento estaba redactado "de manera muy amplia" y estaría "abierto a la interpretación, creando tensión" en el sector minero. Un ejemplo de un área donde se podría malinterpretar el documento es quién debe aplicarse el decreto, señaló. El decreto establece que al solicitar concesiones y permisos mineros, las compañías deben presentar un documento legalizado donde se comprometen a realizar sus actividades buscando "la excelencia ambiental", para actuar con "respeto" hacia las instituciones, autoridades, culturas y costumbres locales, manteniendo una relación "adecuada" con la comunidad, y a mantener un diálogo oportuno y continuo con autoridades regionales y locales, habitantes y sus instituciones representativas, entregando información sobre sus actividades. Si la producción comienza, el decreto requiere que las empresas y los habitantes fomenten el desarrollo local, colaborando con la "creación de oportunidades" que se extienden más allá de la vida útil de la mina; que den preferencia a la mano de obra local, ofreciendo la posibilidad de capacitación; y que den preferencia a los bienes y servicios locales. "En el caso de las concesiones ya otorgadas, los compromisos a que se refiere en decreto supremo (...) deberán reflejarse en la presentación de los respectivos estudios de impacto ambiental cuando corresponda", indica el decreto, sin especificar qué pasa en el caso de las minas que ya están produciendo. Los tenedores de concesiones y permisos mineros deben presentar un informe por escrito el 30 de septiembre de cada año describiendo las actividades de la empresa relacionadas con desarrollo sustentable a la Dirección General de Minería (DGM), parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM). El compromiso también se aplica a los consultores y trabajadores contratistas empleados por las empresas. El Gobierno de Perú ha sido blanco de una presión creciente para promulgar una legislación que asegure que las prácticas mineras responden a las inquietudes ambientales y comunitarias a raíz de la percepción cada vez más generalizada entre los habitantes locales de que las comunidades no reciben los beneficios de las riquezas que se extraen de su subsuelo, sino sólo el impacto negativo.