Decreto ambiental mantiene en vilo a sectores extractivos de Colombia

Un decreto de los ministerios de Ambiente y de Minas y Energía que faculta al primero a delimitar y declarar zonas ambientales de reserva de recursos naturales y de exclusión sigue suscitando preocupación.

Durante un webinar organizado por la Universidad Externado, expertos dijeron que no hay certeza sobre cómo se definirá la importancia del carácter ambiental ni los valores de conservación, qué lugares cubrirá una declaratoria o cuáles serán consideradas zonas estratégicas para la conservación de recursos hídricos.

En el decreto, firmado el 30 de enero, se establece que las declaratorias tendrán vigencia de hasta cinco años, prorrogables por una vez, mientras no exista certeza sobre la compatibilidad de las actividades mineras en el área. En ese período, las autoridades no podrán otorgar permisos para la exploración o explotación de minerales.

Participantes del seminario web señalaron que el decreto (que puede descargarse en la sección Documentos en la esquina superior derecha de la pantalla) deja mucho margen para interpretaciones subjetivas. Incluso esta vaguedad podrían dar lugar a debates sobre la base jurídica con la que se tomen las decisiones, dijo en el evento Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero Energético de la universidad colombiana.

En tanto, la abogada experta en minería y medioambiente Adriana Martínez Villegas comentó que se presentaron más de 400 observaciones al decreto, pero muy pocas fueron atendidas.

“Este decreto no es única y exclusivamente para el sector minero. Me preocupa que pueda ir a otros sectores como los de hidrocarburos y energía e incluso a otros sectores productivos”, advirtió Martínez.

La también presidenta del Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía añadió que el decreto incumple las normas mineras y ambientales vigentes sobre la realización de estudios técnicos, sociales y ambientales específicos para zonas en que se pretenda excluir la minería.

Tal como está planteado el decreto, es claro que no facilitará la obtención de la licencia ambiental al final de la etapa exploración para entrar a la construcción. Tampoco sería posible recibir la certificación de la autoridad ambiental para propuestas de contratos de concesión, indicó la experta. “Hay muchos títulos mineros en el país que están en el limbo jurídico”, agregó.

El abogado José Vicente Zapata, con más de 30 años en el sector de recursos naturales, dijo que en el decreto hay una tendencia al “greenwashing normativo” al señalar que se están creando categorías jurídicas para tratar de no indemnizar y lesionar derechos preexistentes. “El Estado puede crear reservas, pero tiene que indemnizar”, advirtió.

Juan David Ubajoa, investigador de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado, afirmó que el decreto es contrario al desarrollo sostenible que dice defender y un desincentivo para invertir en el sector.

Dañar al sector minero genera un efecto dominó sobre otros sectores que le proveen bienes y servicios; en tanto, hay muchos municipios en los que la minería es la principal fuente de ingresos, destacó.

Según datos de la asociación minera ACM, más del 60% del presupuesto de inversión en los municipios mineros —en algunos casos incluso hasta el 90%— dependen del segmento, actividad que además emplea a más de 900.000 personas de manera directa e indirecta y constituye el 56% del PIB del departamento de La Guajira, el 44% de Cesar, el 4,2% de Córdoba y el 3,2% de Antioquia.