Dictamen judicial en Ecuador da luz verde a proyectos mineros

La decisión de la Corte Constitucional de Ecuador de mantener vigente provisionalmente un decreto que regula la consulta ambiental hasta que se expida una ley abre la puerta al avance de al menos dos grandes proyectos mineros.

Las iniciativas que ahora podrían seguir adelante son el proyecto de oro y plata Curipamba, de U$250 millones, y la operación polimetálica La Plata, de U$176 millones.

En un fallo de 117 páginas, la corte declaró inconstitucional el decreto ejecutivo emitido por el presidente Guillermo Lasso en mayo y suspendido desde junio, pero dicha sentencia fue aplazada hasta que la Asamblea Nacional apruebe una ley sobre consulta previa, dándole un plazo de un año para hacerlo.

Los jueces también ordenaron que la Defensoría del Pueblo impulse los proyectos de ley que se hayan presentado y se encuentren en trámite legislativo o prepare un proyecto, que cuente con la participación de la sociedad civil.

“Es sano que la corte haya dejado un régimen transitorio, pues permitirá evacuar todos los procesos represados [cerca de 190 de diversos sectores productivos]”, dijo a BNamericas el abogado experto en derecho minero Andrés Ycaza.

“La sentencia trae algo de certidumbre y es positiva para el sector minero, ya que, con el mismo marco normativo, añadiendo otros estándares, hay luz verde para que puedan continuar los procesos de Curipamba y La Plata, sin tener que volver a empezar”, añadió.

El exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar, coincidió con ese criterio y afirmó que tras la decisión de la corte los procesos de consulta ambiental en marcha debieran continuar.

Para Curipamba, el proceso de consulta comenzó con la fase informativa, pero la segunda etapa se bloqueó tras la suspensión del decreto de Lasso. El proceso de consulta para La Plata también se había inciado, pero fue interrumpido por incidentes ocasionados por activistas antimineros. 

En una reciente entrevista con BNamericas el ministro del Ambiente, José Antonio Dávalos, manifestó que quienes presentaron las demandas de inconstitucionalidad no pertenecen a las comunidades en donde se dan los proyectos mineros, según declararon en una audiencia en la Corte Constitucional los propios comuneros de los sectores en donde se asientan los proyectos.

La Corte Constitucional también ordenó a Asamblea Nacional que en el plazo de un año emita una Ley sobre consulta previa, libre e informada para las comunas indígenas y pueblos ancestrales.

Según Ycaza, la falta de ley no puede suspender el ejercicio del derecho en cuanto a consulta previa por lo que debieran avanzar proyectos como Loma larga, Río Blanco y Panantza San Carlos, que requieren de consulta previa por tener poblaciones ancestrales en el área de influencia.

No obstante, el camino para continuar los diferentes procesos no será fácil. Leonidas Iza, presidente de la mayor organización indígena del país, Conaie, que pidió que se declare inconstitucional el decreto ejecutivo, advirtió en una conferencia que “cualquier intención de avanzar con los procesos mineros debe iniciar desde cero”.

En caso contrario, añadió que las organizaciones indígenas aplicarán en todo el país el derecho a la resistencia. Conaie se opone tanto a la actividad minera como a la petrolera en el país.

El presidente electo, Daniel Noboa, un joven empresario de centro-derecha que asumirá la presidencia este jueves, ha dicho que si bien es necesaria la protección al medioambiente también lo es el desarrollo económico de la nación.

Con solo dos minas de gran escala en producción, Mirador (cobre) y Fruta del Norte (oro), la minería es el cuarto rubro de exportación de Ecuador, detrás de los camarones, el petróleo y las bananas.