El revuelo que causa la nueva ley de cabotaje de Brasil

La asociación Logística Brasil hizo un llamado para que el regulador de transporte fluvial Antaq aminore lo que considera son efectos negativos de la ley de cabotaje BR do Mar.

El proyecto legislativo, diseñado para apoyar al sector portuario y disminuir la fuerte dependencia del transporte por carretera del país, quedó aprobado en enero de 2022, pero aún falta la reglamentación que debe entregar Antaq.

En una carta a Antaq a la que BNamericas tuvo acceso, Logística Brasil advierte que la ley BR do Mar constituye una barrera de entrada para nuevos actores. Ademas, generará una concentración del mercado en manos de un pequeño grupo de grandes empresas extranjeras “disfrazadas de firmas brasileñas” con control del segmento de cabotaje.

Un aspecto negativo relevante para la asociación es que, para poder fletar por tiempo un buque de bandera extranjera, las compañías deberán aumentar el tonelaje de peso muerto de sus propios buques de bandera brasileña que operan en Brasil.

En el caso brasileño, no hay mercado para barcos usados y sería necesario construir un nuevo barco para cumplir con este requisito, lo que requeriría mucho tiempo y grandes inversiones, señaló Logística Brasil.

La construcción en Brasil requeriría dos años para su aprobación por parte del Fondo de Marina Mercante y la negociación con los agentes financieros. A ello se suman otros tres años, en promedio, para que un astillero se encargue de la construcción, según la asociación.

En el caso de armadores grandes con acceso a astilleros en el extranjero, el plazo se reduce a por lo menos dos años para la construcción, además del costo de las importaciones, agregó.

"Brasil no necesita la BR do Mar. Esta se hizo para beneficiar a un pequeño grupo de empresas. Deberíamos cumplir la Ley 9.432 [ya vigente] en todos sus aspectos, puesto que sí beneficia a la competencia", dijo a BNamericas el director de transporte fluvial de Logística Brasil, Abrahão Salomão.

"La apertura del mercado prometida por BR do Mar no es real. Solo beneficia a las empresas ya consolidadas", agregó.

Daniele Nunes, socia del bufete local Leal Cotrim, señaló que Antaq debe mantenerse dentro de los límites de la nueva ley a la hora de implementar el reglamento. “El regulador puede definir criterios técnicos dentro del marco, pero no puede oponerse al espíritu de la ley”, dijo a BNamericas.

Mientras tanto, astilleros locales afirman que BR do Mar afecta a la industria naval de Brasil al facilitar el alquiler de embarcaciones con bandera extranjera reduciendo los impuestos de importación y facilitando la construcción de embarcaciones en otros países.

Para la asociación de construcción naval Sinaval, BR do Mar se presentó al Congreso sin suficiente debate de los interesados, y muchas de sus disposiciones son perjudiciales para el sector industrial nacional.

"Nos parece que el camino a seguir será ahora un nuevo proyecto de ley, presentado por el Congreso o por el gobierno", dijo a BNamericas el secretario ejecutivo de Sinaval, Sergio Leal.

El retraso en la implementación del reglamento podría estar relacionado con el cambio de gobierno de Brasil en enero, pues el presidente Luiz Inácio Lula da Silva está más inclinado a proteger la industria local que su predecesor promercado, Jair Bolsonaro.

Transpetro, filial logística de la estatal de petróleo y gas Petrobras, anunció que reanudará la contratación de embarcaciones salidas de astilleros locales, por ejemplo.

“El reglamento de BR do Mar ya debería estar vigente”, señaló Nunes. “Creo que están pensando cómo van a combinar todos los intereses implicados”.

En junio, Antaq dijo que revisaría las resoluciones relacionadas con BR do Mar que establecen las reglas para el fletamento por parte de navieras brasileñas y autorizan a las empresas a operar en los segmentos de cabotaje y servicios portuarios y de apoyo marítimo.

El director general de la agencia, Eduardo Nery, dijo en ese momento que Antaq podría analizar sus reglas internas para mejorar la situación del cabotaje, mientras espera luz verde del gobierno para implementar el reglamento.