El Salvador aprueba reformas de pensiones

Legisladores salvadoreños finalmente aprobaron una serie de reformas al sistema de pensiones, incluidos el establecimiento de una cuenta de garantía solidaria y el aumento de la cotización al sistema previsional.

La votación casi unánime puso fin a meses de tira y afloja entre el partido oficialista FMLN y el principal partido de oposición, Arena.

El presidente Salvador Sánchez Cerén agradeció vía Twitter a los legisladores por el compromiso y declaró que la aprobación "es un primer paso para alcanzar una reforma integral".

Los legisladores acordaron que las personas que alcancen la edad de jubilación sin haber cumplido los requisitos mínimos para una pensión vitalicia o que no tengan capital suficiente en sus cuentas para financiar una pensión vitalicia reciban una devolución única del 100% de los fondos aportados.

La cuenta de garantía solidaria se financiará con contribuciones del empleador y la tasa de aportación subirá del 13% al 15% del salario del trabajador.

Entre 2017 y 2027 se destinarán 5 puntos porcentuales del salario del trabajador a dichas cuentas. A partir de 2028 el porcentaje bajará a 4,5 puntos porcentuales. De estos, 3 puntos irán a parar a la cuenta de garantía solidaria de los trabajadores.

Según el diario El Salvador, la jefa de fracción del FMLN, Norma Guevara, manifestó que del porcentaje restante, 1 punto porcentual es el costo que tendrán las administradoras de fondos de pensiones (AFP) por el manejo del fondo solidario y 1 punto porcentual servirá para que el pensionado reciba una pensión vitalicia cuando el dinero de su cuenta individual se acabe.

Este punto porcentual que se destinará a las AFP podría ayudarlas también a compensar las menores comisiones, que bajarán de 2,2% a 1,9%.

El Estado aportará a la cuenta de garantía solidaria el 1,7% de los ingresos corrientes netos en 2018 y 2019, así como un máximo del 2,5% del presupuesto general de la nación a partir de 2020, lo que permitirá complementar las devoluciones de los aportes que deban hacer a los cotizantes que no cumplan requisitos para recibir una pensión.

Las cuentas individuales de las AFP se mantendrán de acuerdo con el sistema revisado, lo que representa una victoria para Arena, aunque aquellas que superen los 25 años de cotización después de 2006 verán cierta reducción de las pensiones.

Según un análisis del diario local El Mundo, unos 220.000 individuos optaron por cambiarse del sistema público de pensiones vigente en 1998 a las AFP. De estos, 207.000 se verán afectados por las nuevas reglas, que establecen que, en lugar de recibir el 63% garantizado de sus salarios promedio en los últimos 10 años trabajados, serán ahora elegibles para un máximo de 55% o US$2.000 mensuales, lo que resulte menor.

Los trabajadores con cuentas de AFP comenzarán a generar una pensión luego de cuatro años de trabajo, la que se iniciará en 35%, con un aumento anual de 1% hasta un máximo de 55%.

Quienes ya reciben pensiones superiores a US$2.000 o el 55% las mantendrán, lo que constituye uno de los principales compromisos del paquete de reformas.

Otro beneficio para los cotizantes es que se elevó el porcentaje de pensión por muerte o invalidez al 50% y por invalidez parcial al 35%.

En total se aprobaron 14 reformas y otros 2 puntos podrían debatirse en las próximas sesiones.

EDAD DE JUBILACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE DEUDA

Antes de la votación, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo que cualquier propuesta que se apruebe sería solo un parche temporal a un problema de largo plazo, y agregó que con el tiempo los legisladores deberán aumentar la edad de jubilación de los actuales 55 años para las mujeres y 60 para los hombres.

"En 2027 o 2030 debe haber un ajuste de parámetros. La edad no se mueve porque políticamente es imposible moverla, nadie la quiere", sostuvo.

Luego de la aprobación de las 14 reformas, los legisladores deberán resolver aún cómo financiar el pago de intereses por US$91mn sobre los certificados de inversión previsional (CIP).

El presupuesto de 2017 se aprobó sin el financiamiento para la partida del servicio de deuda previsional, lo que se tradujo en un incumplimiento técnico en abril, principalmente como parte de un intento de la oposición por forzar a una reforma previsional integral este año.

Para resolver los pagos de abril y julio, el gobierno se vio obligado a aplicar recortes a diferentes carteras, y ahora deberá decidir cómo afrontar el pago que vence el 4 de octubre.

La aprobación de las reformas el jueves debería acelerar el proceso de autorización de US$260mn para pagos, descontando los US$91mn para el próximo vencimiento.

Una reforma vinculada a los CIP se aprobó con las demás el jueves y aumentó el cupón de dichos certificados de 3% a 4%, para llegar finalmente a 6%, lo que implica que la tasa cumpla con un decreto de la Corte Suprema.