El Salvador avanza con PTAR pese a controversia

El Salvador avanza con la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) prometida por el gobierno del presidente Nayib Bukele a pesar de la controversia social y ambiental en torno al proyecto.

La Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) inició a principios del mes pasado la construcción de la instalación en El Mozote, en la zona noreste del país, a pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no ha emitido los permisos correspondientes, informó esta semana el diario La Prensa Gráfica.

Documentos oficiales indican que las autoridades tenían conocimiento de que el sitio expropiado para la PTAR contiene varias fuentes de agua que se utilizan para abastecer a la población de los alrededores, según el diario.

“Parte del análisis para ver dónde se va a desarrollar una obra de ese tipo es dónde va a causar el menor daño. Generalmente, es en un cuerpo de agua, pero ya donde ya no hay población, ya casi cerca de la desembocadura, pero no donde la gente se va a abastecer”, señaló el ecologista Luis González, de la ONG ambiental Unes, citado por el medio.

González agregó que esto ha creado dudas sobre los estudios de factibilidad de la PTAR, ya que no han sido publicados.

Según la plataforma de evaluación ambiental del ministerio, el proceso NFA167-2023, que se refiere a la instalación, aún está pendiente de aprobación.

CONFLICTO SOCIAL

El mes pasado, días después de que comenzara la construcción, tres ONG afirmaron que las expropiaciones de tierras en el área por parte del gobierno eran ilegales.

Según un tuit de la organización de derechos humanos Tutela Legal MJH, la tierra pertenecía a sobrevivientes de una masacre en la zona en 1981 durante la sangrienta guerra civil de El Salvador, en la que alrededor de 1.000 hombres, mujeres y niños desarmados fueron torturados y asesinados por el Ejército tras ser acusados de apoyar a la guerrilla.

Una orden internacional emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012 protege los derechos de los sobrevivientes, pero Tutela Legal afirma que han sido infringidos por el gobierno “al expropiar terrenos de víctimas, y construir de forma inconsulta, una planta de aguas residuales que también afecta el medio ambiente”.

Las ONG solicitaron la intervención de juzgados civiles y mercantiles y ambientales para investigar los peligros que representa la PTAR para las comunidades aledañas. Aún no se ha hecho pública ninguna respuesta oficial.

En 2021, la Asamblea Nacional aprobó una ley que permite la expropiación de terrenos para obras municipales cuando un juez considera que el terreno es de “interés público” y los propietarios deben recibir una compensación adecuada.

En la imagen: El parque central de la localidad de El Mazote.